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Cuatro días después de la constitución del Ayuntamiento de Marbella, la alcaldesa Ángeles Muñoz se ha reunido en Málaga con la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Carmen Casero, para impulsar los trámites administrativos que permitan a la ciudad contar con su primera residencia pública de mayores en la parcela del Trapiche del Prado en el año 2022, así como poder tener rehabilitada para esa misma fecha y con las funciones que se convengan la antigua fábrica de azúcar.
El proyecto de la residencia, que lleva en danza desde la década de los 90, se ha convertido para la regidora, como ella misma ha anunciado, en uno de los grandes proyectos de la legislatura. El Ayuntamiento cuenta con una partida presupuestaria de 10 millones de euros para impulsar la construcción de la residencia y la rehabilitación de la vieja fábrica, conforme a los criterios de la Junta de Andalucía. En este sentido, equipos de ambas administraciones han consensuado, según ha comunicado la propia alcaldesa, la contratación inminente de catas en el entorno de la parcela del Trapiche del Prado para detectar si hubiera algún elemento dentro del ámbito cultural que haya que proteger además del propio edificio catalogado como BIC. Estas catas se realizarán al mismo tiempo que el anteproyecto de la residencia, que al igual que el de rehabilitación debe contar con el visto bueno de la administración autonómica, siguiendo sus directrices en cuanto a las alturas o tipología del edificio.
Según el calendario anunciado, antes de que finalice este ejercicio se podrían tener consensuados ambos anteproyectos. De hecho, los planes del Ejecutivo local pasan porque el próximo año comiencen la construcción y rehabilitación de sendos equipamientos y que los trabajos terminen antes de 2022. «El objetivo en esta legislatura es que estén finalizadas tanto la residencia como la rehabilitación del Trapiche», afirma taxativa Muñoz.
Respecto al equipamiento destinado a los mayores, la alcaldesa ha precisado que se trata de una obra de gran envergadura, que probablemente tenga un periodo de ejecución de unos dos años, y ha confirmado que de forma paralela ya se está trabajando con la Junta de Andalucía para garantizar que las plazas sean públicas. «Estamos ahora con Asuntos Sociales para ese convenio que garantice que son plazas de residencia pública, lo que hace el Ayuntamiento es impulsar esta construcción para que no dependamos de una tercera empresa, pero sí que es verdad que tiene que haber un compromiso expreso por parte de la propia Consejería del ramo para que sean plazas de residencia pública», ha explicado Muñoz. La alcaldesa se encuentra convencida de la viabilidad del proyecto, porque según ha subrayado, no sólo cuenta con financiación garantizada, sino con el respaldo de la Junta y un gobierno municipal estable.
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