Los alcaldes rechazan una segunda propuesta del Gobierno para levantar el bloqueo a sus ahorros

Esta segunda propuesta fue tratada este jueves en una reunión de portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y concitó el rechazo de todos los grupos a excepción del socialista. Además de la representación municipal del PP, Ciudadanos y los nacionalistas, también se pronunció en contra la de Unidas Podemos, socio de gobierno del PSOE.

La reunión de portavoces tuvo lugar después de que la semana pasada se desconvocara una reunión de la ejecutiva del organismo, que ya había sido pactada, después de confirmarse que la propuesta original del Gobierno iba a ser rechazada por los alcaldes. Ahora, el presidente de la FEMP, el alcalde socialista de Vigo Abel Caballero, ha convocado otra reunión para el próximo martes, que posiblemente vuelva a ser aplazada tras comprobarse que la nueva propuesta del Gobierno tampoco satisface a los alcaldes.

En esta segunda propuesta, el Ministerio de Hacienda proponía un cambio en las condiciones del préstamo que reclama a los ayuntamientos para liberar sus ahorros, una modificación de los plazos para la entrega de esos fondos, una posible ampliación de la amortización del préstamo y el compromiso de que las condiciones en que los ayuntamientos podrían gastar ese dinero a medida que se les fuera devuelto serían acordadas con la FEMP.

También se comprometía a no exigir el cumplimiento de la regla de gasto durante el ejercicio 2020, a permitir que actuaciones iniciadas en este ejercicio bajo el amparo del acuerdo puedan terminar de financiarse el año próximo y a prorrogar excepcionalmente el procedimiento de inversiones financieramente sostenibles iniciados el año pasado.

Pese a todas estas modificaciones sobre la propuesta original, permanece la condición que supone el núcleo del desacuerdo. Para desbloquear la utilización del superávit acumulado, al que las entidades locales no puede recurrir desde que se aprobara en 2012 la llamada ley de estabilidad presupuestaria, el Gobierno exige que los ayuntamientos le presten esos ahorros acumulados. Una vez recibido el préstamo, Hacienda les transferiría un mínimo del 35 por ciento de ese dinero, que podrían destinar principalmente a actuaciones de movilidad urbana, y devolvería el resto en un plazo de 10 años.

Los alcaldes, que llaman la atención sobre la necesidad de movilizar cuanto antes todos los recursos disponibles para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, reclaman el desbloqueo de sus ahorros y que se les permita disponer de ellos libremente. Exigen en ese sentido que se eliminen todas las limitaciones impuestas por la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. «Aquella ley fue muy útil en aquel momento, pero ahora las circunstancias son muy diferentes», argumenta el alcalde de Estepona y vicepresidente de la FEMP, José María García Urbano.