Un acuerdo para reformar la Ley de Puertos despeja el futuro de Banús tras años de incertidumbre

Un acuerdo político alcanzado por cuatro de las cinco fuerzas representadas en el Parlamento de Andalucía para reformar la actual norma, que permitirá extender las concesiones de los puertos de la comunidad autónoma hasta los 75 años, abre la posibilidad de que los gestores de Puerto Banús se queden hasta 2067. Hasta ahora, la concesionaria se encontraba en una situación de incertidumbre, ya que al haberse aprobado en las tres últimas décadas diferentes leyes de ámbito estatal y autonómico que se superponían unas con otras, cabían diferentes interpretaciones sobre la duración efectiva de las concesiones.

En el caso de la sociedad Puerto Banús, a la que le fue otorgada en 1968 por un periodo de 99 años, de la aplicación de diferentes normas se podía inferir un vencimiento en 2067, en 2043 (al cumplirse 75 años) o en el pasado 2018 ( si se consideraba un máximo de 50), con lo que su situación actual era precaria. Con la nueva norma, que permite bajo determinadas circunstancias acogerse al plazo original, la concesionaria Puerto Banús podrá quedarse 47 años más. No obstante, para ello será necesario que la sociedad realice en los próximos cuatro años una fuerte inversión equivalente al 20 por ciento del valor actualizado del recinto. En una situación similar se encuentran los puertos de El Candado y Sotogrande, que también podrán cumplir los plazos previstos en las concesiones originales.

Una de las posibles actuaciones a ejecutar en Banús es la ampliación del recinto, aunque la concesionaria no ha confirmado que vaya a emprender ese proyecto. La inseguridad jurídica en relación al plazo de la concesión impedía hasta ahora plantearse esa actuación y frustró años atrás una posible operación de venta. La reforma de la ley despeja ahora su futuro.

La propuesta para reformar la actual Ley de Puertos, aprobada en 2007, fue llevada a la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía el pasado jueves por los dos grupos que sustentan al Gobierno autonómico, PP y Ciudadanos, y tras un debate que supuso la introducción de 49 enmiendas obtuvo el respaldo del PSOE y Vox. Solamente Adelante Andalucía no se sumó al acuerdo, aunque nueve de las diez propuestas que presentó resultaron aprobadas. Ahora solo resta la aprobación final en el pleno del Parlamento.

La nueva norma, que se aplicará a todas las estaciones de transporte de Andalucía, fija un único criterio para establecer la duración de las concesiones de los puertos deportivos, que hasta ahora estaban sujetas a una gran inseguridad jurídica debido a que durante las tres últimas décadas se fueron aprobando diferentes leyes tanto en el ámbito estatal como en el autonómico que se superponían unas con otras.

Así, una vez que la modificación de la ley sea aprobada por el pleno del Parlamento, se fijará un único plazo máximo concesional de 50 años, que hasta ahora estaba fijado en 30. El texto aprobado fundamenta la ampliación de los plazos en que las nuevas necesidades de inversión requieren periodos de amortización más largos, que sobrepasan los 30 años máximos previstos en la actual legislación.

La norma establecerá también que de forma excepcional para aquellas infraestructuras que sean consideradas estratégicas o relevantes, la prorroga podrá llegar hasta los 75 años. En el caso de concesiones previas a la aprobación de la Ley de Costas, en 1992, se respetan los plazos originales.

Sin embargo, para acceder a estos beneficios, deben concurrir una serie de circunstancias extraordinarias: que se trate de puertos de interés estratégico o relevantes para el sistema portuario andaluz o para su desarrollo económico; que la concesionaria se comprometa a ejecutar actuaciones de inversión o de contribución económica relevante, o que concurran razones de interés público de orden económico, social, turístico o estratégico.

En relación con las inversiones que puedan dar lugar a que las concesionarias se acojan a esta norma, el texto de la nueva norma prevé que deben suponer una mejora en la eficacia y la competitividad de la actividad portuaria, incluyendo la ampliación de la superficie siempre que formen una unidad de explotación y que a juicio de la administración sea de interés para mejorar la productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental de las operaciones portuarias, o suponga la introducción de nuevas tecnologías que mejoren la competitividad.

En todo caso, la inversión deberá ser superior al 20 por ciento del valor de las instalaciones ya existentes. De ejecutar su proyecto de ampliación, la concesionaria de Banús podría optar a esta ampliación extraordinaria, por lo que podría mantener la vigencia original de la concesión, es decir hasta 2067.

Este mismo criterio del 20 por ciento sobre el valor de las instalaciones se utiliza para el caso de que las concesionarias opten a aumentar el plazo de los permisos mediante contribuciones económicas, que no tendrán carácter tributario.

También se podrán combinar ambos supuestos -inversión más contribución económica- también con el suelo mínimo entre ambos del 20 por ciento.

El portavoz del Partido Popular en la comisión, Juan Bueno, resaltó que la modificación normativa «acaba con una situación de inseguridad jurídica en las concesiones que se ha mantenido en el tiempo durante muchos años y suponía un freno para la actividad portuaria». En su opinión, «había que homogeneizar ya los plazos en los puertos autonómicos con los de las autoridades portuarias de toda España y a su vez con los del resto de puertos europeos, para que los puertos andaluces estén en óptimas condiciones de competitividad en el escenario internacional y atraigan la inversión privada».

Subrayó por ello la trascendencia social y económica de esta regulación. «Hablamos de una actividad económica estratégica y con un gran número de agentes implicados». Según indicó, los puertos andaluces generan más de 40.000 empleos directos e indirectos.