El juez del ‘caso Astapa’ cierra la instrucción después de 12 años con 94 investigados

En noviembre de 2006, bajo el impacto todavía de la operación Malaya en la vecina Marbella, los entonces concejales socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez comparecieron en las oficinas de la UDEF en Madrid para denunciar supuestas graves irregularidades en el Ayuntamiento de Estepona, a cuyo equipo de gobierno pertenecían. En junio de 2008, la policía irrumpía en la localidad, detenía al alcalde, Antonio Barrientos, y a otros concejales y trabajadores municipales. Se había desencadenado la operación Astapa. Las primeras consecuencias fueron políticas, Barrientos presentó la dimisión y en su lugar asumió uno de los denunciantes, David Valadez, quien permaneció en el gobierno municipal hasta las elecciones municipales de 2011, cuando fue arrasado en las urnas.

Las consecuencias judiciales fueron menos efímeras. El caso Astapa prolongó su instrucción durante once años y medio hasta ayer, cuando el juez instructor dictó el auto de transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado mediante el que se sigue la causa contra 94 investigados, entre ellos Antonio Barrientos, gran parte de los integrantes de su equipo, trabajadores municipales y empresarios.

Las cifras revelan la dimensión de esta macrocausa. Además de los que siguen investigados, durante el proceso se mantuvo en la misma situación a otras 18 personas que fueron sobreseídas el pasado abril, además de otros tres investigados que fallecieron en el transcurso de la instrucción.

Irregularidades sistemáticas

El procedimiento se sustenta en 26 informes policiales y en la declaración de 113 testigos y revela, según refleja el auto dictado ayer por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Estepona, un funcionamiento sistemático irregular del Ayuntamiento de la localidad en el que, según afirma, se cometieron «prácticamente todos los delitos contra la administración pública» durante el periodo investigado, entre los años 2003 y 2008.

El auto, de 226 páginas y al que ha tenido acceso este periódico, señala la existencia durante ese periodo de un sistema de triple caja: la Caja A, que supondría el conjunto de las actuaciones fiscalizadas; la Caja B, integrada por un conjunto de actuaciones tales como esponsorizaciones, patrocinios y donaciones realizados por entidades y personas con intereses pendientes de resolver con el Ayuntamiento, principalmente urbanísticos, muchos de ellos irregulares según el juez, y la Caja C, compuesta por una serie de actuaciones en las que las personas relacionadas con el Ayuntamiento de Estepona recibirían regalos que revertirían necesariamente en su patrimonio personal o familiar.

En este apartado el juez incluye la financiación de campañas electorales en beneficio tanto del PSOE como del PES (Partido Estepona), formación ya desaparecida e integrada en aquel momento por exmiembros del grupo GIL en la localidad.

En ese sentido, indica el pago de una empresa en 2007 (año de elecciones municipales) para la realización de una campaña publicitaria aunque en realidad parte de esos fondos estaban destinados a cubrir gastos derivados de la campaña electoral del PSOE por 4.000 euros. Del mismo modo, se señala a la financiación irregular del PES ese mismo año por al menos 44.500 euros.

Área de Urbanismo

El juez apunta al área de Urbanismo, a cargo de Antonio Barrientos, como el epicentro de los hechos investigados y en ese sentido indica que durante el citado periodo se incoaron 1.056 expedientes de disciplina urbanística, de los que 867 eran de restablecimiento del orden jurídico perturbado.

De estos, 846 caducaron. Asimismo, durante el periodo investigado, el Ayuntamiento sólo cobró cinco de los 212 expedientes sancionadores, con lo que dejó de percibir más de 43 millones de euros, según queda reflejado en el auto firmado ayer por el juez instructor. Los beneficiados, aparentemente, fueron las entidades que surtían a las cajas B y C.

En la causa también se analiza el supuesto daño sufrido por el Ayuntamiento de Estepona, en favor de esas entidades, por convenios urbanísticos en los que los derechos municipales habrían sido valorados a la baja. En ese sentido, durante la instrucción se estudiaron 38 convenios. En sólo siete de ellos el juez estima el perjuicio patrimonial para las arcas municipales en unos20 millones de euros.

La investigación judicial ha reflejado también prácticas habituales de enchufismo en las que las contrataciones de personal se realizaban «de acuerdo a la afiliación política de los candidatos y a su calidad de familiar y/o relación de amistad con los miembros del Ayuntamiento», según sostiene en el auto.

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