Tomás Olivo gana un contencioso a la Junta, condenada a indemnizarle con 157 millones

El empresario reclamó por los ocho años que estuvo parada la obra de un centro comercial de Granada por un contencioso del gobierno andaluz

QUICO CHIRINO

Domingo, 17 de julio 2016, 01:40

El 4 de agosto de 2006 -se va a cumplir una década- la Consejería de Obras Públicas presentó un contencioso administrativo contra la licencia del centro comercial Nevada, de Granada , concedida el 30 de septiembre de 2005 por el Ayuntamiento de Armilla. La Junta tardó casi un año en reaccionar contra una decisión que el gobierno andaluz no consideraba ajustada a derecho. El centro comercial es propiedad del empresario Tomás Olivo, propietario también de La Cañada, en Marbella.

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Fruto de aquel contencioso, el juzgado accedió a la petición de la Junta y paralizó cautelarmente la construcción del Nevada el 3 de noviembre de 2006, cuando a Tomás Olivo apenas le faltaban seis meses para acabar su mayor centro comercial. Ya había invertido en el proyecto 89,6 millones de euros.

Las obras no se retomarían hasta el 28 de abril de 2014, ocho años después. Entre tanto, se tejió toda una maraña judicial que -por la vía penal- terminó con una demolición de 1.457 metros cuadrados de los 274.942 del Nevada. Sin embargo, el contencioso administrativo se resolvió a favor de Tomás Olivo y avaló la licencia de obras. Entre otras cosas, porque la propia Junta «consintió» que pasaran los plazos sin poner reparos y eso permitió la «consolidación de una determinada normativa urbanística». Anular la licencia traería «importantes consecuencias», zanjó el TSJA. El centro comercial estaba prácticamente acabado.

Cuando el alto tribunal andaluz refrendó la licencia, Tomás Olivo presentó un 'incidente de medidas cautelares' en el mismo juzgado que llevó el contencioso. El empresario reclamó 260 millones de euros. Y un auto fechado el 13 de julio -recurrible en apelación ante el TSJA- ha estimado que la Junta debe pagar a Olivo 157.418.816 euros en concepto de indemnización por daño emergente y lucro cesante. Es decir, por lo que ha dejado de ganar al tener el centro comercial cerrado y por el dinero que le ha costado mantenerlo durante estos ocho años.

Tomás Olivo presentó la reclamación en mayo de 2015 y la voluntad de la promotora era -según manifestó en su momento- llegar a un acuerdo. No ha sido posible. Entre otras cosas, porque -según recoge el auto- la representación de la Junta se ha evadido del procedimiento.

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La jueza reseña hasta en tres ocasiones la ausencia del letrado del gobierno andaluz:?no ratificó el escrito de oposición; no acudió a la vista del 6 de junio;?y no replicó la pericial presentada por Tomás Olivo para cuantificar el perjuicio. «La administración no ha comparecido», subraya la magistrada.

«El único informe pericial que se ha de valorar es el presentado por la parte actora», justifica la jueza. Tomás Olivo detalla al céntimo el dinero que ha dejado de ingresar por no haber podido abrir su centro comercial en 2007.

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El beneficio y los intereses que habría generado el dinero invertido en la obra suman 11,4 millones de euros;?el gasto en vigilancia ronda el medio millón;?y la indemnización a Leroy Merlin por haber retrasado su apertura suma otros 2,5 millones. La parte más complicada de cuantificar son los ingresos que habría tenido Parque Nevada. La pericial toma como referencia los cuatro centros comerciales de Tomás Olivo y el mes de octubre de 2011; ni en plena crisis ni antes de ella. Las cantidades que reclama el promotor se mueven entre los 136 y 323 millones de euros por la renta de alquiler de locales, stands móviles y otros conceptos.

La jueza se queda con esta pericial ante la ausencia de otra valoración y fija la indemnización en los 157 millones de euros.

Olivo recurrirá

Pese a lo grueso de la cifra de la indemnización, el promotor Tomás Olivo recurrirá la resolución judicial porque la considera insuficiente. «Los perjuicios que nos han ocasionado a lo largo de diez años de obra parada y más de 22 años de tramitación nos han supuesto una pérdida de más de 500 millones de euros, con independencia de los perjuicios ocasionados a nuestra mercantil y a la de mi propia persona», lamenta Olivo.

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