El exinterventor municipal asegura que los convenios se tramitaban al margen del Ayuntamiento

El exinterventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro, ha asegurado que los expedientes de convenios urbanísticos se tramitaban «al margen» de los servicios municipales del Consistorio, ya que, en su opinión, se desarrollaban sin tener tasaciones o valoraciones «objetivas» realizadas por parte de los funcionarios. Así lo expuso ayer durante su declaración como testigo en el juicio del 'caso Goldfinger', sobre la operación urbanística y financiera vinculada con la parcela en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer -a los que no se juzga-. Están acusados el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, Julián Muñoz y otras 16 personas.

El funcionario explicó que la tramitación la llevaba Planeamiento 2000, empresa municipal dirigida por Roca; y se ratificó en el contenido de un informe que elaboró en 2001 en el que ya exponía una serie de «anomalías» en la gestión de los convenios, como la falta de informes urbanísticos realizados por técnicos municipales, quienes, dijo, también tendrían que hacer las tasaciones. Señaló que en ese informe se relatan «anomalías en la tramitación de los convenios» y daba su opinión sobre la necesidad de «pasar de una valoración subjetiva a una objetiva» de los suelos, con una especie de reglamento para dar «más seguridad al Ayuntamiento y los propietarios». Y en esta línea reconoció que esto no se llegó a hacer mientras él estuvo en el Consistorio hasta que se jubiló en 2012.

Discrepancias

El exinterventor municipal expuso que realizó el escrito para cumplir la Ley de Haciendas Locales al «discrepar de la filosofía en esos momentos de los convenios, porque no se me comunicaban ni a mí ni al tesorero los que se habían ultimado o se habían celebrado». «A veces, teníamos que hacer búsquedas para saber a qué convenio correspondían ingresos en efectivo en las cuentas», precisó.

En dicho documento, explicó, estaba incluido uno de los convenios investigados en esta causa, el de la sociedad Malibú -que tenía el terreno donde estaba el chalé de los Connery-, y admitió que no puso ninguna observación sobre el acuerdo, «posiblemente porque era uno de los muchos sobre los que no informé porque el Ayuntamiento no había participado más que en el cobro».

Durante la sesión también declaró como testigo el extesorero, quien indicó que emitió un requerimiento de pago de la cantidad que debía By the Sea, otra de las investigadas, por la firma de un convenio. Según expuso, anuló dicho requerimiento al recibir un fax de Planeamiento pidiéndoselo, aunque ese documento no está en la causa. No obstante, precisó que posteriormente dictó otro que quedó pendiente en el expediente.

La causa se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas. Al principio se investigaron sólo los convenios del Ayuntamiento con las sociedades Malibú y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria. Luego se amplió a delitos fiscales por la explotación de la promoción.