Marbella estudia también los efectos fiscales de la anulación de su PGOU

Marbella podría experimentar un doble efecto reductor del valor catastral de los suelos rurales que aún quedan en su término municipal. A la aplicación de la reforma de la Ley del Catastro para que suelos urbanos recuperen la condición de rústicos, al no haberse aprobado aún para ellos una ordenación urbanística pormenorizada, se sumará la reciente anulación del Plan General por el Tribunal Supremo, que tendrá unas consecuencias muy similares, ya que parcelas hasta ahora reservadas para albergar futuros desarrollos residenciales o comerciales dejarán de estarlo al volver a estar vigente el PGOU de 1986. El Ayuntamiento aún no cuenta con datos ciertos acerca de cuál sería esa reducción, que según algunas fuentes podría superar el millón y medio de euros. Sin embargo, como la valoración a efectos fiscales se cierra en el mes de octubre, es posible que los efectos de la sentencia no se sientan hasta 2017. A ello habría que sumar el efecto de la aplicación del cambio en la Ley del Catastro, que tendrá un efecto de 225.000 euros.

En el caso de Málaga capital, según cálculos municipales, podrían ser unas 1.500 las fincas beneficiadas por esta medida, muchas de ellas ubicadas en zonas del extrarradio como Campanillas o Churriana. No obstante, el concejal de Economía, Carlos Conde, apuntó que el hecho de que estas parcelas recuperen la condición catastral de rústicas «podría no a afectar significativamente» a la recaudación municipal. En septiembre de 2014, el Ayuntamiento de Málaga pronosticó en 1,4 millones el impacto negativo en sus ingresos por IBI en 2015 debido a la nueva valoración de estos suelos. No obstante, según las últimas estimaciones, la repercusión podría ser de unos 300.000 euros.

Vélez-Málaga calcula que dejará de percibir 825.000 euros. Según explicó el concejal de Hacienda, Juan Carlos Márquez, un total de 458 fincas se han visto beneficiadas por esta modificación legislativa. El equipo de gobierno remitió el listado al Catastro el pasado mes de septiembre.

El Ayuntamiento de Ronda también ha cumplido ya con este trámite, y desde su equipo de gobierno se reconoció la «preocupación» por las consecuencias financieras que puede ocasionar esta medida, al disminuir la recaudación por IBI y también por las plusvalías.

El concejal de Hacienda de Mijas, Mario Bravo, cifró en 2,5 millones de euros la cantidad que el Consistorio dejaría de percibir al año por la disminución del valor catastral de fincas rurales que hasta ahora eran consideradas como urbanas al quedar reservadas para proyectos en el PGOU.

Estepona es otro de los ayuntamientos para los que el Catastro ya ha iniciado un procedimiento simplificado de valoración que se prevé que beneficiará a unas 105 fincas que se encuentran distribuidas en 13 sectores. Con este cambio, el Consistorio estima que dejará de recaudar por IBI un total de 129.698 euros.

Rincón de la Victoria no teme que este asunto vaya a perjudicar su recaudación en demasía, ya que sólo hay un sector cuyo planeamiento urbanístico no está desarrollado. Y Fuengirola tampoco lo cree dañino porque no tiene suelo rural. El procedimiento ya está en marcha para ambos.

En esta información han colaborado Agustín Peláez, Eugenio Cabezas, Vanessa Melgar, Leandro Pavón y Miguel Gámez.