Abren juicio oral contra la mujer de Sean Connery acusada de un delito contra la Hacienda Pública

El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha ordenado la apertura de juicio oral contra la esposa del actor Sean Connery, Micheline Connery, acusada de un delito contra la Hacienda Publica, en la pieza separada del denominado caso Goldfinger en el que se investigan operaciones urbanísticas y financieras desarrolladas en relación con la parcela marbellí en la que estaba el chalé propiedad del matrimonio.

Esta decisión se produce tras la petición de apertura de juicio oral solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Marbella. El Ministerio Fiscal pide una pena de dos años y seis meses de prisión y una multa de 23,1 millones de euros al considerar a la acusada como cooperadora necesaria en un delito contra la Hacienda Pública por defraudación del Impuesto de Sociedades. La Abogacía del Estado se adhirió a la petición considerando a la acusada cómplice de un delito contra la Hacienda Pública.

Según recoge el auto del juzgado, al que ha tenido acceso SUR, se acuerda acudir al auxilio judicial internacional para hacer efectiva la notificación dado que la acusada tiene su residencia en Las Bahamas. Por ello se acuerda la ejecución de una comisión rogatoria en un plazo máximo de seis meses. Asimismo se insta a que se fije en España un domicilio para notificaciones y citaciones, y que se designe representantes legales.

El auto del juez impone además una fianza de 10,2 millones de euros «para asegurar la resposabilidad civil derivada del delito contra la Hacienda Pública». Para ello da un plazo a partir de la notificación. De no atender esta multa, se le podrían embargar sus bienes. Como responsabilidad civil subsidiaria deberán responder en idéntico plazo e importe las tres sociedades de las que es beneficiaria última o administradora.

Ya el pasado mes de febrero el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella requería a la esposa del actor escocés Sean Connery que nombrara representación legal en España en la pieza separada del caso Goldfinger. Así constaba en una providencia de dicho órgano judicial, en la que se instaba a librar igualmente una comisión rogatoria internacional a las autoridades judiciales de Bahamas para que notificaran a la mujer el auto en el que se acordó seguir la causa sobre ella y también para que se le comunicara que debe nombrar abogado y procurador. El juez instructor acordó en febrero de 2014 el archivo de la causa respecto al actor Sean Connery, al entender que «no aparece ni una sola intervención que pueda conducir a mantener su imputación».

En el mismo auto decidió continuar la tramitación respecto de la esposa, señalando, de manera indiciaria, a una participación en los hechos que podría ser constitutiva de delito. Según el juez, la esposa del actor señaló en su declaración que su marido no ejercía cargo alguno y jamás intervino en los asuntos de la sociedad investigada; por lo que, dijo, ella era «la administradora de la misma y la única persona que tomaba decisiones en relación con la compañía», siendo beneficiaria última hasta 2001, fecha en que vendió las acciones.

La acusación pública considera que Micheline Connery se prestó a colaborar con los principales imputados del caso Goldfinger para crear «negocios ficticios» que permitieron «ocultar» a la agencia tributaria las ganancias obtenidas en la venta de una promoción de apartamentos de lujo. La cantidad supuestamente defraufada, según recoge la sentencia, se estima en 7,6 millones de euros.