Un técnico municipal declara que recibió presiones para firmar obras de Fergocon

El juicio por la contratación irregular de obras por parte del Ayuntamiento de Marbella entre 2001 y 2002 a empresas vinculadas a los hermanos del expresidente del Sevilla, José María del Nido, más conocido como 'caso Fergocon', se reanudaba ayer en la Audiencia de Málaga con la declaración de uno de los acusados, un técnico municipal encargado de la supervisión de obras, que el pasado viernes no pudo hacerlo al sufrir una crisis de ansiedad. Este procesado, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha dicho que fue contratado como autónomo, primero por la empresa municipal Jardines 2000 en 1996 y luego pasó a prestar servicios para la sociedad municipal Gerencia de Obras y Contrataciones.

El procesado declaró que presentó su renuncia ante Julián Muñoz en 2002, «quemado por la situación, porque estaba harto de lo que estaba pasando». Sobre esta afirmación precisó que en el Ayuntamiento, cuando empezaron problemas económicos, «no se pagaba nada, había escasez de materiales y los vehículos municipales no se reparaban porque no se pagaban a las empresas de mantenimiento. Sin embargo, los técnicos recibíamos presiones para firmar obras y facturas a determinadas contratas y empresas, porque había contratas de primera y de segunda. Entre las contratas de primera estaba la empresa Fergocon». Este técnico aseguró que nunca sucumbió a estas presiones, que «eran directamente desde la gerencia de la empresa», aunque no concretó por parte de quien, y que por eso presentó su renuncia. Reiterado que «nunca» respondió a esas presiones, ni cobró nada por ello: «Nunca firmé algo por conservar mi puesto de trabajo, porque yo vivo de lo que gano y no he tenido necesidad; por eso presenté mi».

Relató además que en una ocasión fue llamado por la entonces alcaldesa Marisol Yagüe al despacho de Juan Antonio Roca y que le presentaron a la firma unas facturas de obras de Galerías Comerciales, de Tomás Olivo, que también estaba presente en ese despacho, «pero no firmé, porque no las había llevado yo; entonces Roca me amenazó diciéndome: «Tú eres tonto o qué, como no firmes te vamos a imputar».

El fiscal pide para este acusado un total de 8 años de cárcel por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad.