El Supremo da la razón a Banús y anula la resolución de la Junta que multiplicó por diez la tasa de la concesión

Puerto Banús ha ganado su pulso judicial a la Junta de Andalucía. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha dado la razón a la concesionaria del recinto y ha anulado una resolución de la Consejería de Obras Públicas por la que en 2006 se aumentó la tasa que abona la empresa. De 120.000 euros anuales que se abonaba hasta 2005, el canon pasó a ser fijado en 1.100.000 euros. Este canon, aplicado gradualmente, estuvo vigente entre 2006 y 2012. La sentencia, dictada el pasado 6 de marzo y a la que ha tenido acceso este periódico, sostiene que junto a la citada resolución quedan anuladas «las determinaciones que a ella se anudan, así como los posteriores actos de concreción y explicación», lo que afecta a las liquidaciones realizadas.

La concesionaria, Puerto Banús SA, inició tras aprobarse la resolución ahora anulada el proceso judicial contra el incremento, a su juicio arbitrario, y en lugar de abonar el canon avaló las cantidades en entidades bancarias. Ahora pedirá la devolución de esos avales, según explicaron a este periódico fuentes de la concesionaria.

Anulación del decreto

Ya en julio del año pasado, el Supremo dictó la anulación del decreto aprobado en 2004 por la Junta en el que se basaba el posterior aumento de las tasas al resolver un recurso similar presentado por la concesionaria del puerto de Sotogrande. En aquella ocasión, el alto tribunal consideró al decreto como «fuente de inseguridad jurídica e ilegal».

La Junta respondió a esa decisión judicial aprobando por la vía de urgencia un nuevo decreto ley para regular las tasas portuarias, que también es rechazado por la concesionaria por considerar que no está fundamentado. El nuevo canon fijado para Banús, correspondiente a los años 2013 y 2014, está fijado en una cantidad en torno a los 400.000 euros anuales y también es objeto de un proceso judicial.

La sentencia del Supremo conocida ayer enmienda a otra anterior dictada en sentido contrario en 2012 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que daba la razón a la APPAen perjuicio de la concesionaria, Puerto José Banús SA.

Para la asociación de puertos deportivos andaluces Marinas de Andalucía, la importancia de la nueva sentencia radica en que además del decreto, según interpreta, «son nulas todas las facturas que han girado a los usuarios de los puertos de la Junta de Andalucía que gestiona la APPA (Agencia Pública de Puertos de Andalucía)».

Según la patronal de puertos, esta sentencia supone «un nuevo varapalo» de la justicia a la política de la Junta de Andalucía, a la que considera de «acoso y ataque contra el sector náutico y turístico».