Pantoja pide la suspensión de la pena para no entrar en prisión

Isabel Pantoja mueve ficha. Tras un mes de incertidumbre, bajo la amenaza de un inminente ingreso en prisión, la tonadillera quema su último cartucho para intentar eludir la cárcel. La tonadillera ha presentado esta mañana en la Audiencia Provincial la solicitud de suspensión de la pena de dos años de prisión a la que ha sido condenada. En cuanto a la multa de 1.147.148 millones impuesta en la sentencia, el abogado de Pantoja, José Ángel Galán, ha confirmado a este medio que hasta ahora sólo se han podido ingresar 100.000 euros en efectivo.

Los esfuerzos realizados en las últimas semanas por la tonadillera para vender alguna de sus propiedades y hacer frente a la multa han sido, por el momento, en vano.

Con el documento de la transferencia en la mano, los abogados de la tonadillera terminaron ayer de hilvanar el hilo argumental de la solicitud. El escrito, que se presentará hoy mismo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, insta al tribunal a que la pena de prisión quede suspendida alegando que cumple los requisitos para ello, ya que carece de antecedentes penales y su condena no supera los dos años de cárcel.

Estretegia de defensa

La estrategia de su defensa va un paso más allá, de ahí que se hayan apurado al máximo los plazos para pedir la suspensión. Los letrados de la cantante han intentado respaldar esta solicitud mediante el pago parcial de la multa aunque se trata de dos obligaciones independientes con la esperanza de que el tribunal lo interprete como un gesto de buena voluntad que le permita eludir la prisión.

Una vez que la Audiencia reciba la petición, dará traslado de la misma a la Fiscalía de Málaga para que se pronuncie sobre si considera oportuno concederle el beneficio de la libertad condicional a la tonadillera. Hay dos precedentes. El exdirector de una entidad financiera Benjamín Martínez Cantero solicitó la suspensión de la pena, mientras que el representante de la banca suiza Fernando de Salina pidió la sustitución de la prisión por el pago de una multa. Ambos han recibido la misma respuesta. El Ministerio Público se ha opuesto en los dos casos al considerar que no hay que renunciar a la «función ejemplarizante y de coerción» de la condena, entre otros argumentos. A priori, todo apunta a que el criterio de la Fiscalía será el mismo para el resto.

La pelota pasará entonces al tejado de la Sección Segunda. La posición del Ministerio Público no es vinculante a la hora de tomar una decisión, pero sí puede tener un peso específico en la misma. Fuentes cercanas al caso aseguraron que el tribunal estudiará cada una de las solicitudes y resolverá en unos días sobre la situación de los condenados. Hay que recordar que la Audiencia les concedió un plazo «improrrogable» de 10 días para ingresar voluntariamente en la cárcel y pagar las respectivas multas. De no hacerlo, les advirtió de que «se decretará su busca y captura e ingreso en prisión».