La Fiscalía se opone a que un condenado por el 'caso Pantoja' sustituya la cárcel por multa

La Fiscalía Anticorrupción vuelve a posicionarse en contra de que un condenado en el conocido como 'caso Pantoja' eluda la cárcel impuesta por la Audiencia de Málaga. En esta ocasión se trata de Fernando de Salinas, -uno de los seis procesados en este caso separado del caso Malaya-, quien solicitó la sustitución de la pena de cárcel impuesta por un delito de blanqueo de capitales por una multa. "No se puede renunciar, como así lo impone la norma que venimos examinando, a la función de prevención genral que cumple la pena. La fununción ejemplarizante y de coerción digiriga a la sociedad en general", insiste la Fiscalía en un documento al que ha tenido acceso SUR. Sin embargo, no se opone al fraccionamiento del pago de la cantidad que se le impuso en la sentencia.

Se trata de la misma respuesta que la Fiscalía dio a otro de los procesados, Benjamín Cantarero que solicitó la suspensión de la pena de cárcel al cumplir los requisitos (al ser su pena inferior a dos años y por no tener antecedentes penales). En este otro caso el Ministerio Público también se mostró contrario a conceder ese beneficio.

Maite Zaldíval e Isabel Pantoja

Por su parte, Maite Zaldívar, entrará en prisión antes del 28 de octubre. Sus abogados defensores no tienen intención de recurrir la decisión judicial -tampoco su hermano también procesado en la causa lo hará- y, según han señalado fuentes de su entorno, en los próximos días acatará el cumplimiento voluntario de la pena de dos años y medio impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga.

Pro otra parte, el Tribunal Supremo rechazó el pasado día 17el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la tonadillera Isabel Pantoja contra la sentencia, del pasado 9 de junio, del mismo tribunal, que confirmó su condena a dos años de cárcel y al pago de una multa de 1.147.148 euros por un delito de blanqueo de capitales. La defensa de la cantante consideró en su incidente de nulidad que la sentencia había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva por no haber invalidado unos informes de la Agencia Tributaria y de la Policia sobre sus movimientos bancarios, por haber utilizado documentos no obrantes en la causa sino en el sumario matriz de la Operación Malaya.