Marbella: muchos presos y poco dinero

«De la cárcel se sale; de pobre, no». Era la frase a la que Jesús Gil recurría cuando el ánimo de alguno de sus colaboradores flaqueaba al darse cuenta de que las fechorías comenzaban a generar problemas con la justicia. A una década de la muerte del exalcalde y ocho años después de que la operación Malaya acabara con la corrupción sistemática que se había apoderado del Ayuntamiento de Marbella, quienes estuvieron cerca de él y muchos de los que se aprovecharon del saqueo de la ciudad parecen haber aprendido la lección. Los tribunales siguen enviando a la cárcel a muchos de los culpables del expolio, pero Marbella apenas ha recuperado una mínima parte de lo que el gilismo le hurtó. Los centenares de sentencias dictadas por los jueces tanto en causas penales como de alcance contable han dado a Marbella el derecho a que le sean restituidos más de 300 millones de euros, pero el Ayuntamiento apenas ha conseguido hacerse con 4.902.944 euros en efectivo y con la adjudicación de cuatro fincas valoradas en un total de poco más de 1.001.894 euros.

La semana que comienza será clave para algunos de los condenados en el ya conocido como caso Pantoja. De aquí al viernes se sabrá si la tonadillera consigue fondos para pagar la multa de 1.147.148 euros que le fue impuesta en la condena por blanquear parte del dinero obtenido ilícitamente por Julián Muñoz cuando era alcalde, y si se abre la posibilidad de evitar la cárcel, un camino vedado para Maite Zaldívar y su hermano Jesús, que no tienen manera posible de eludir la prisión y que además han anunciado que tampoco disponen de fondos para asumir el pago de las multas.

En plena cuenta atrás, Pantoja ha perdido una de las tres bazas con las que contaba para intentar esquivar la cárcel. El Tribunal Supremo ha tumbado el incidente de nulidad que planteó al considerar que el juicio contra ella fue justo, que no estuvo expuesta a una situación de indefensión y que tampoco se vulneró su presunción de inocencia. Sólo le quedan dos cartuchos, y uno de ellos seguramente no llegará a tiempo. El recurso de amparo al Constitucional está admitido a trámite, pero parece poco probable que se resuelva antes del jueves. Así las cosas, su última oportunidad es la petición de la suspensión de la pena al cumplir los requisitos para ello: Pantoja carece de antecedentes y su condena es igual o inferior a dos años. El tercero es haber satisfecho la responsabilidad civil, que en los delitos de blanqueo no existe.

Otra cosa es la multa. A priori, el pago de la misma no condiciona la suspensión de la pena de prisión, ya que son dos obligaciones distintas a las que Pantoja debe hacer frente antes del viernes. Sin embargo, fuentes judiciales aseguraron que, si paga, puede jugar a su favor en la decisión del tribunal. Sabedores de que es su última jugada para eludir la cárcel, los abogados de la tonadillera tienen pensado a apurar al máximo los plazos para tratar de saldar la multa y, después, utilizar ese argumento para solicitar que a Pantoja se le conceda el beneficio de la libertad condicional.

A partir de ese momento, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que el 24 de septiembre dictó la firmeza y la ejecución de la sentencia, deberá dar traslado de su petición a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto. Es lo que ha ocurrido con dos de los condenados que ya han solicitado la suspensión o la sustitución de la pena por multa para evitar la cárcel. Se trata del representante de la banca suiza Fernando de Salinas y el exdirector de una entidad financiera Benjamín Martínez Cantero, ambos condenados a un año y medio de prisión, es decir, a penas inferiores que la de Pantoja.

La respuesta del Ministerio Público, que no es vinculante pero sí tiene un peso específico en la decisión del tribunal, da pistas claras sobre su criterio: el cumplimiento de las penas tiene un función «ejemplarizante» y de «prevención general» del delito. En uno de sus informes, la fiscal Anticorrupción María del Mar López-Herrero, que lleva el caso, habla de «peligrosidad criminal» del condenado al no haber dado muestras de arrepentimiento. «Difícilmente quien no reconoce los hechos y asume el error puede asumir el compromiso de no volver a delinquir», asevera en su escrito. Pantoja nunca ha admitido que blanqueó dinero para Julián Muñoz, sino que en todo momento ha reiterado su inocencia.

Aparte del castigo de la prisión, la cuestión radica en cómo resarcir el daño. Es decir, que Marbella recupere el dinero del expolio. Lo sucedido con el caso Pantoja resulta paradigmático acerca de qué está sucediendo con el retorno a la ciudad de los fondos saqueados durante los tres lustros de gilismo. La sentencia reconoce que los siete condenados participaron de una u otra manera en el sistema montado por Julián Muñoz para introducir en el circuito legal los fondos obtenidos por actuaciones irregulares cuando era alcalde. Es decir, relaciona directamente el dinero blanqueado con su actividad ilícita en el Ayuntamiento. Pero los casos de blanqueo prevén el pago de multas a Hacienda, no la restitución a su origen del dinero conseguido ilegalmente. Por ello la sentencia no incluye apartado alguno de responsabilidad civil y sí el pago de multas que, de conseguir cobrarse, irían directamente a las arcas del Estado.

Pieza separada de 'Malaya'

El caso Pantoja, una pieza separada de la matriz de la megacausa Malaya, es uno de los pocos procesos en los que se consiguió incautar bienes a Julián Muñoz, encarcelado por esta causa, condenado en al menos otras 55 y sobre quien pesan 24 sentencias que incluyen responsabilidades civiles por 78 millones de euros, con el Ayuntamiento de Marbella como beneficiario, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Entre los bienes que figuran en el caso aparecen dos viviendas, tres vehículos y dos cuentas corrientes, una de ellas en Gibraltar y la otra en Suiza. En ese procedimiento, Muñoz también reconoció como suyos otra serie de bienes, incluidos un inmueble, participaciones accionariales y vehículos de alta gama.

Por ello, el Ayuntamiento de Marbella, cuya asesoría jurídica ha creado una unidad dedicada exclusivamente a rastrear bienes de imputados y condenados en procesos judiciales y que ha coseguido éxitos resonantes como el embargo de propiedades del exteniente de alcalde Pedro Román que estaban ocultas bajo una maraña de sociedades, ha presentado recientemente sendos recurso ante las salas que juzgaron los casos Pantoja y Minutas. En ellos reclama el embargo de bienes para que sean destinados al pago de la indemnización prevista en la sentencia del caso Minutas, en el que Muñoz también está condenado y por el que debe pagar 3.058.000 euros al Consistorio.

Según la representación legal del Ayuntamiento, la Sala debe destinar los bienes decomisados en primer lugar al abono de las responsabilidades civiles de Minutas y sólo después destinarlos al cobro de las multas del caso Pantoja en favor del Estado, aunque en uno de los escritos hace también referencia a la devolución de las cantidades contempladas en las sentencias firmes del Tribunal de Cuentas, y a la petición de que se deposite el resto en las piezas de responsabilidad civil de los procedimientos con sentencia aún no firme.

De no procederse de esa manera, argumenta el Ayuntamiento, el Estado resultaría en última instancia beneficiario de los delitos cometidos por Julián Muñoz, y los vecinos de Marbella verían frustrada su aspiración de que el dinero saqueado vuelva a la ciudad. «Lo que propugnamos sostiene el recurso es que el producto de lo decomisado a quienes han sido condenados por distintas sentencias firmes como responsables de hechos delictivos de los que también se derivan responsabilidades civiles por los ingentes daños patrimoniales infringidos a nuestro Ayuntamiento sirva para reparar esos daños al erario municipal, sea cual sea la causa en la que se haya declarado el comiso».

El Ayuntamiento también ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que investigue los bienes declarados como propios por Julián Muñoz durante el juicio del caso Pantoja. El de Muñoz es uno de esos casos en los que los condenados, aunque no eluden la entrada en prisión, sí consiguen poner a buen recaudo los beneficios obtenidos por su actividad delictiva. El abogado José María del Nido, condenado junto a Muñoz en el caso Minutas y que purga en la prisión de Huelva una pena de siete años y medio de cárcel, debía devolver al Ayuntamiento de Marbella 2,7 euros como responsabilidad civil. Durante los meses previos a su entrada en prisión, en los que maniobró para intentar evitar la cárcel incluso solicitando el indulto al Gobierno y con una muy cuidada campaña de comunicación, Del Nido hizo pagos parciales al Ayuntamiento que supusieron el ingreso en las arcas municipales de 1.200.000 euros. Pero una vez que dio con sus huesos tras los barrotes no hubo más noticias de sus buenas intenciones.

Uno de los que más dinero debe devolver al Ayuntamiento de Marbella es Juan Antonio Roca, encarcelado desde marzo de 2006 con un breve intervalo de libertad y condenado en sentencia firme por el caso Saqueo, que incluía una responsabilidad civil de 24 millones de euros. Durante la operación Malaya, a Roca se le intervinieron medio centenar de cuentas bancarias, más de 350 propiedades inmobiliarias y unos 50 vehículos, la mayor parte de la marca Mercedes Benz, entre otros bienes.

Roca, también condenado en el caso Minutas a tres años de cárcel y que debe responder al pago de 80.000 euros de responsabilidad civil, devolvió el pasado junio 1,7 millones después de que la administración judicial de sus bienes cerrara la venta de un edificio en Cartagena (Murcia). Esta cantidad fue imputada a la ejecución provisional de la sentencia del caso Saqueo según una resolución adoptada por la Sala del caso Malaya, causa por la que se encuentra incautada la mayor parte del patrimonio del ex hombre fuerte del Ayuntamiento de Marbella.

Beneficios penitenciarios

Con nuevas condenas en su horizonte está a la espera de las resoluciones del Tribunal Supremo sobre los recursos presentados en Malaya y en Saqueo 2 y con el fin de conseguir beneficios penitenciarios, Roca llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento y con el tribunal del caso Malaya para enajenar algunos de sus bienes hasta cubrir un tercio de la responsabilidad civil de Saqueo 2, fijado en 8.129.000 euros.

Con esa operación se superó el bloqueo de un acuerdo anterior por el que se traspasaron al Ayuntamiento inmuebles inmovilizados a Roca, pero que no se pudo materializar al colisionar con obstáculos burocráticos a la hora de enajenarlos y por desacuerdos en cuanto a su tasación. Por aquel primer pacto, el Ayuntamiento de Marbella sólo pudo ingresar 600.000 euros en efectivo aportados por Roca.

Sin embargo, en el caso del antiguo gerente de Urbanismo, el consistorio marbellí se encuentra en una situación similar a la de Julián Muñoz. Sobre Roca pesa una multa por el caso Malaya de 240 millones de euros cuyo acreedor es el Estado. Pese a la recomendación del Tribunal de que este dinero repercuta en la ciudad de Marbella, si el Ayuntamiento no consigue cobrar otras sentencias antes de que la de Malaya sea firme lo más probable es que ese inmenso patrimonio acabe en manos del Estado.