¿Por qué cerró la empresa de comida a domicilio de Dani García?

El grupo del cocinero marbellí llegó a superar los veinte establecimientos de La Gran Familia Mediterránea, generalmente instalados en las que se conocen como 'cocinas fantasma'. Con ellas comenzaron los problemas. Vecinos de algunas se quejaron por el ruido y los olores. Algo se iba torciendo. Hasta que la vuelta a la normalidad fue poco a poco desinflando el negocio. Tras varias ampliaciones de capital y, cuando estaba prevista otra, llegó 2022 con la tijera.

La facturación cayó. La empresa Dix, encargada de la contratación de servicios externos de administración y servicios, rescindió el contrato en el verano de 2023 e instó el concurso de acreedores de Rima Gastronómica, empresa del Grupo Dani García que gestionaba La Gran Familia Mediterránea. Dix reclamaba una deuda de cerca de seis millones de euros alegando impagos desde agosto de 2022.

La imagen del cocinero marbellí se veía de nuevo salpicada por un proceso judicial a pesar de que su participación en Rima Gastronómica se había reducido tras las progresivas ampliaciones de capital y la entrada de fondos de inversión como la empresa especializada en proyectos tecnológicos K Fund, en septiembre de 2020, encabezando así la participación de la empresa (con un 21,8%) junto a Climax Gastonómico (sociedad del grupo DG que hasta entonces tenía el control de Rima Gastronómica al cien por cien).

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Después de Dix, varios acreedores siguieron sus pasos, instando el concurso de acreedores, que declaró como «necesario» el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga el pasado mes de febrero al constatar la insolvencia de la empresa. Así, acordó suspender a los administradores y sustituirlos por una administradora concursal de la que se encarga la firma malagueña Galacho del Castillo.

Todo tras la vista celebrada a principios de ese mismo mes de febrero en la que compareció el propio Dani García, incidiendo en que él sólo se encargaba de la parte gastronómica y creativa. «Fui consciente de lo que pasaba cuando Dix dijo que se iba, nuestros socios más importantes nos dejaron tirados», advirtió entonces, según recogía la agencia Efe.

Este verano, la administradora concursal ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil número 2 el informe en el que constata que la compañía «desde el inicio no ha obtenido beneficios», teniendo actualmente una deuda de 12.209.000 euros y una masa activa valorada en 4.220.841 euros.

Según el documento, consultado por este periódico, los estados de balance del ejercicio 2020 y 2021 se encuentran auditados, los del 2022 y 2023 no (la administración concursal ha requerido la puesta al día de la contabilidad), advirtiendo de que en los del ejercicio 2022 se observa un descuadre en los totales activos y patrimonio neto pasivo. En cuanto al fondo de maniobra, evolucionó desde 2020 a 2023 desde 437.733 hasta -6.811.830. A lo largo de estos años, han sido los socios los que han permitido respirar a la empresa, con fondos por valor de 16.442.329 millones (63% de lo aportado), según los datos del informe.

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Por otra parte, el documento refleja que una de las principales dificultades a las que se ha enfrentado la administración concursal ha sido elaborar el inventario de la masa activa. Tras varias visitas a las naves ubicadas en Marbella y en Jaén, concluyeron que era imposible hacerlo debido al estado en el que se encontraban los bienes almacenados y a la existencia de mobiliario pendiente de desmontar en algunos de los locales arrendados.

Esta situación y la falta de tesorería obligó a solicitar una reunión con los administradores para buscar un espacio al que trasladar todo ese material disperso y agruparlo en uno para poder realizar el inventario. Una nave industrial de Antequera ha sido el destino de ese material de la compañía, que, a fecha del concurso, sigue participada principalmente por una sociedad del Grupo Dani García (Rima Holdco) y K Fund, en un 54,60% y un 24,55% respectivamente, además del fondo GPO Bullhound (15,79%) y otros cuatro socios más con porcentaje minoritario.

Actualmente son 126 los acreedores reconocidos en el concurso, listado que se incluye en el informe de la administración concursal y en el que también se encuentran empresas del propio Grupo DG como Rima Holdco, Clímax Gastronómico y Alegoría Gastronómica, además de empresas como Makro y Webedia.

¿Y qué pasará ahora? El juzgado deberá decidir la calificación del concurso de acreedores: fortuito, si estima que la quiebra se debe a factores externos; o culpable, si se atribuye a los administradores. En este caso, no tendría consecuencias penales pero sí civiles, pudiendo ser inhabilitados para administrar otras empresas y, claro está, obligados a asumir responsabilidades económicas.

Según fuentes del TSJA, lo más probable es que la decisión no se conozca antes de los primeros días de otoño, aunque en este tipo de procesos no existen reglas fijas, depende de cada caso. De hecho, hay concursos de acreedores que pueden extenderse hasta un año. De momento, Dani García prefiere mantener silencio. A preguntas de este periódico, el cocinero marbellí se limita a aclarar que él ya no es socio mayoritario: «Hay muchos inversores», subraya quien este mismo verano ganaba su primera estrella Michelin en Dubai con Smoked Room, concepto con el que luce otros dos brillos en Madrid.

Con más de una veintena de restaurantes tanto dentro como fuera de España y más de 1.200 empleados, Dani García nunca ha ocultado sus fracasos, para él es «más difícil gestionar el éxito». En más de una ocasión ha declarado no avergonzarse por admitir que un proyecto no ha salido bien, se queda con haberlo intentado: «He aprendido a base de hostias», aseguraba en una entrevista a este periódico tras dejar la alta cocina.

También su socio en el Grupo DG, Javier Gutiérrez, incide en esa filosofía de no ponerse frenos a la hora de abrir caminos... y en la de no pronunciarse sobre el proceso concursal de La Gran Familia Mediterránea, simplemente advierte de que se trata de negocios, «algunos salen bien y otros no; el que no arriesga no gana».

En su escrito al juzgado, la empresa concursada atribuyó la quiebra a una fuerte inversión en publicidad y packaging, así como a los cambios de hábitos de consumo de sus clientes. Es su punto de vista. El del principal acreedor es que el concurso se califique como culpable. Sólo queda esperar la resolución judicial.