La eternización del proceso judicial, otro obstáculo en la planificación del Málaga

No se trata de la administración judicial en sí, sino de esa maraña que envuelve al Málaga por cuestiones accionariales y las acusaciones a los Al-Thani, que, independientemente del desenlace del 'caso BlueBay', mantendrían la mayoría de la propiedad. Si el proceso en sí ya resulta una cuestión farragosa para los aficionados blanquiazules, se antoja más complicado de explicar a las personas ajenas al día a día de la entidad de Martiricos. Y en primera instancia, a representantes y jugadores. El boca a boca funciona en el mercado para bien y para mal. Para bien, porque se sabe que en La Rosaleda no existe riesgo de falta de cobro precisamente por esa intervención a cargo de José María Muñoz (que debe rendir cuentas ante la jueza María de los Ángeles Ruiz), y para mal, porque circulan los comentarios respecto a las dificultades para crecer, para aspirar en condiciones normales a algo más que una permanencia holgada y, en definitiva, para codearse con los mejores de la segunda categoría.

Esa es la realidad del Málaga, lastrado por una interinidad que va a prolongarse al menos seis meses más (hasta alcanzarse tres años consecutivos) por la renovación automática de la administración judicial. Agentes y futbolistas recelan de que en un momento determinado esa cierta estabilidad institucional (que no deportiva) varíe por alguna sentencia durante la temporada y acabe por arrastrar al equipo a causa de los vaivenes en la dirección del club.

Los planes del Málaga –esto es, de su dirección deportiva– parecen definidos en lo que respecta al perfil de los objetivos marcados para conseguir en el vestuario un bloque humano de garantías, con liderazgo, personalidad y una combinación de veteranía y juventud. Ya de salida el club cuenta con la desventaja de que no puede competir en el plano económico con diversos rivales. Porque si bien se ha alejado del precipicio de la disolución al que parecía abocado apenas unos días antes del confinamiento por la pandemia (merced a la venta de Antoñín y después a la liquidación vía ERE de casi todos los jugadores), cada año en Segunda implica más riesgos mientras otros clubes cuentan con la ventaja de la compensación por el descenso desde Primera, pergeñan proyectos ambiciosos tras el ascenso de la Primera RFEF o varían su estatus con la llegada de nuevos inversores. La paradoja es muy evidente: el equipo más apetecible en el mercado, con un margen de crecimiento al alcance de casi ningún otro por el peso de la ciudad y la provincia, está cerrado a cualquier cambio accionarial mientras la madeja judicial no comience a desenredarse.

A esa inferioridad económica se suman las incógnitas y la incertidumbre en el mercado. Pese a que el 'factor Málaga' vence por goleada por el reseñado peso de la ciudad –que siempre ha permitido convencer a agentes o jugadores dubitativos–, en esta ocasión la planificación de la plantilla se ha tornado más complicada. No son ajenos a ello en el seno del club y hasta cierto punto se valora que también la pésima temporada pasada obliga casi a empezar de cero, a 'vender proyecto' ante las reticencias de aquellos que figuran como objetivos primordiales para la ansiada reestructuración del plantel. Pero, por encima de todo, es la eternización del proceso judicial, esa situación de permanente interinidad, la que supone un obstáculo cada vez más difícil de superar.