El juzgado rechaza de forma tajante el reconocimiento de antiguas acciones del Málaga

«Desestimo la demanda interpuesta por Francisco Verdún contra el Málaga. Absuelvo a la mercantil (al club) de todas las pretensiones formuladas frente a la misma en este procedimiento», afirma el escrito judicial al que ha tenido acceso este periódico. Las acciones de referencia son las relativas a la ampliación de capital puesta en marcha por Fernando Sanz y que después frenó el jeque Al-Thani a su llegada al club.

«El acuerdo de aumento de capital acordado en la junta nunca llegó a ser ejecutado por el órgano de administración, ni fue inscrito en el Registro Mercantil...», asegura la sentencia para explicar la negativa en relación a la solicitud de estos accionistas, algo que se puede extender al resto de los afectados, que forman un grupo relativamente importante.

Y el Juzgado de lo Mercantil amplía su explicación de una forma clara y contundente: «...Lo que conlleva, conforme a los meritados preceptos y unánime jurisprudencia, que el acuerdo de aumento de capital nunca llegara a tener eficacia legal ni a producir efectos. Dicho acuerdo fue revocado y dejado sin efecto por otro posterior adoptado por unanimidad de la junta de accionistas de fecha 27 de julio de 2010, y que no fue impugnado, por lo que el acuerdo revocatorio es legalmente vinculante, y ha de ser respetado».

Con esta sentencia queda clara la situación, dando la razón a la postura tomada por el club en los últimos años en relación a estas peticiones, ahora con José María Muñoz al frente, debido a que con la llegada del nuevo propietario cambió todo y nadie lo advirtió en su momento. Ahora, por lo que se puede observar en el escrito, es demasiado tarde desde esta perspectiva mercantil. Los compradores de aquellos títulos están en un limbo que les impide tener parte en el club, y la sentencia deja claro que ya no hay herramientas legales para incorporarlos.

Asimismo, el juzgado considera en esta sentencia conocida este miércoles que el Málaga ha actuado de una forma correcta y legal en todo momento. Y también se muestra muy contundente en este sentido: «Por otro lado, la parte actora ha insistido en la mala fe de la administración judicial actual de la sociedad demandada, la cual fue nombrada... Sin embargo, esa alegación carece de todo fundamento. En ningún momento puede hablarse de mala fe. El comportamiento de la administración judicial ha sido respetuoso con la norma y de lo más razonable y prudente. Lo que no hubiera tenido fundamento alguno sería lo contrario, haber reconocido a favor de los adquirentes la titularidad de acciones sobre la base de una ampliación de capital inexistente. Eso sí habría sido un comportamiento contrario a derecho y carente de todo amparo legal. Por tanto, no existe mala fe alguna por parte de la administración judicial nombrada».

Este periódico ha contactado con el demandante, que se muestra contrariado por este fallo judicial, que no se puede recurrir por la menor cuantía de lo solicitado. «Hay que respetar las decisiones judiciales, aunque no las comparta. Se ha seguido el punto de vista mercantil y no la protección a los consumidores. Es una decisión firme y hay que aceptarla. Estudiaré la posibilidad de plantear un recurso de amparo ante el Constitucional», destaca Verdún.

Este abogado considera que, además, se puede emprender otro procedimiento en grupo para que pueda llegar más lejos en sus pretensiones. «Esta primera batalla se ha pedido, pero cabe siempre la posibilidad de que un número de accionistas que supere los 3.000 euros de capital pueda demandar de nuevo con el objetivo de que, en ese caso, se pueda recurrir a la Audiencia Provincial posteriormente. Sería en ese caso apelable», subraya el denunciante.

El punto de partida de esta historia hay que buscarlo en la mencionada ampliación que puso en marcha Fernando Sanz cuando era presidente del club. Pero poco después, en el verano de ese año 2010, adquirió el Málaga el jeque, que inmediatamente paralizó esta operación y propuso a quienes lo quisieran así que devolvieran los títulos a cambio del dinero pagado. Algunos de ellos se pasaron por las oficinas de la entidad en La Rosaleda para desprenderse de ellas, pero otros mantuvieron sus acciones. Pero desde el club, como dice el fallo judicial, se cerró esta operación y nunca se registraron los nuevos accionistas.

Los datos precisos sobre el alcance de este asunto no están demasiado claros, pues hay varios listados de estos accionistas. Lo que sí parece seguro es que se vendieron a estos pequeños accionistas alrededor de 89.000 euros en títulos (a 50 euros cada uno), lo que supone en torno al 0,43 por ciento del capital social de la entidad. Después hubo las comentadas devoluciones, cuya cuantía se desconoce.