El 'caso Al-Thani', pendiente de los recursos y las notificaciones al jeque y sus hijos

Exdirectivos del club que aparecían procesados junto a los Al-Thani (como son Moayad Shatat, Vicente Casado, Manuel Novo, Joaquín Jofre o Roberto Cano) sí han recurrido esta decisión de la jueza, que ha rechazado estos escritos de forma generalizada. Sin embargo, ahora deberá ser la Audiencia Provincial quien se pronuncie sobre las peticiones. De ahí que todavía continúe en marcha el procedimiento hasta que llegue esta nueva respuesta.

En relación a los Al-Thani, las fuentes judiciales consultadas aseguran que ahora no hay noticias de ellos. La jueza ya advirtió que debían ser notificados, incluso, a través de una comisión rogatoria. Además, continúan sin elegir oficialmente a nuevos abogados que los defiendan, lo que podría desembocar nuevamente en el nombramiento de un letrado de oficio (antes ocurrió lo mismo, pero el jeque reaccionó en el último instante y dispuso de una defensa durante algunos meses).

Todo proceso para completar el cierre de la instrucción se sigue alargando en el tiempo y, mientras tanto, el Málaga continúa intervenido y con un administrador judicial al frente, José María Muñoz. En febrero se cumplieron cuatro años ya en esta situación, algo que le parece poco recomendable a todas las partes implicadas.

La gran novedad del anuncio del cierre de la instrucción por parte de la jueza, aunque antes deberán resolverse estos asuntos, estuvo centrada en que la petición de delitos para los encausados, los cuatro miembros de la familia, se extendía igualmente para los cinco exdirectivos mencionados al entender tanto la magistrada como anteriormente la Fiscalía que ellos colaboraron con el que era presidente del club y con sus hijos en algunos de los asuntos que se consideran irregulares (el caso de la compra-venta de coches o la adquisición de acciones, entre otras).

De esta manera, la jueza considera que existen indicios para la siguiente petición, que coincide con la realizada desde el comienzo por la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) en la querella criminal presentada. «Un presunto delito continuado de apropiación indebida, un delito continuado de administración desleal, así como de un delito de imposición de acuerdos abusivos», afirma el escrito.