Las empresas de VTC urgen a la Junta una regulación para poder seguir operando en las ciudades

«Llevamos dos años en conversaciones con la Junta y, desde la prudencia y la discreción, vamos avanzando en el doble objetivo de que a partir de octubre de 2022 podamos seguir ofreciendo servicios urbanos e interurbanos y que no se marque ningún tiempo de precontratación», aseguraba ayer a este periódico José Manuel Berzal, presidente ejecutivo de la patronal Unauto-VTC, antes de la asamblea general que la asociación celebró ayer en Málaga. Ahondando en estas dos premisas, el representante descarta hablar de «líneas rojas», pero sí se «dos ejes fundamentales sobre los que el sector podría sobrevivir con suficiente seguridad jurídica». Por ello, abogó por ejercer «una presión moderada» ante la Consejería de Fomento, a la vez que apelaba a la «convergencia entre el taxi y los VTC». «No hemos llegado para confrontar, sino para sumar porque creemos en una integración de toda la movilidad», remarcó.

Volviendo a la necesidad de estar regulados, el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid incidió en que esa garantía legal «y la no aplicación de criterios de precontratación» permitiría al sector afrontar renovaciones de la flota con vehículos más sostenibles, destinar una parte como vehículos adaptados y profesionalizar el sector. «Somos generadores de empleo para personas mayores de 55 años, mujeres y menores de 30 años, que son los colectivos más desfavorecidos por la lacra del paro», abundó ante los asociados presentas en la asamblea, que también sirvió de carta de presentación para el nuevo presidente de Unauto-VTC en Andalucía, Miguel Ángel Martín.

De momento, en el Ejecutivo regional siguen sin ponerle fecha a este marco regulatorio. El pasado 7 de abril, la propia consejera, Marifrán Carazo, reconocía las dificultades para encontrar un equilibrio entre los VTC y el taxi. «Estamos intentando encontrar soluciones a un problema con el mayor consenso posible, pero nos encontramos en el mismo punto que hace dos años, con una inseguridad jurídica absoluta para poder regular de forma autonómica porque el decreto del Gobierno central transfirió esa responsabilidad a las comunidades autónomas. Algunas han regulado, pero están siendo objeto de reclamaciones patrimoniales millonarias», afirmó durante la comisión de Fomento del Parlamento andaluz.