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La crisis ha frenado en seco la actividad de los vehículos de turismo con conductor (VTC), pero esa falta de viajeros no está impidiendo que la oferta de estos servicios siga creciendo en Málaga ante el empuje de plataformas como Uber y Cabify. En la ... provincia hay ya 2.022 autorizaciones de este tipo frente a las 2.740 licencias de taxi, lo que sitúa a Málaga como la provincia española con mayor competencia directa entre ambos servicios de transporte (1 VTC por cada 1,3 taxis) por delante de Madrid (1/2) y Barcelona (1/4). Sin embargo, si se tiene en cuenta que el territorio donde concentran su actividad es la Costa del Sol, la equiparación en número es casi total puesto que en la franja comprendida entre la capital y la Costa del Sol hay 2.250 taxis.
Pese a ser la tercera provincia con más autorizaciones de VTC, sólo superada por las 8.051 de Madrid y las 2.739 de Barcelona, el goteo de nuevas concesiones continúa. No a través de la vía administrativa, puesto que la Junta de Andalucía lleva años rechazando todas las peticiones que le llegan para intentar controlar su expansión, pero sí en los tribunales al tratarse de autorizaciones que fueron solicitadas al amparo de la liberalización del sector que estuvo vigente entre 2009 y 2015.
Las últimas las estadísticas del Ministerio de Transportes cifran en 2.022 el número de autorizaciones tras sumar 138 en lo que va de 2021. Hace justo un año eran 1.707, lo que supone un incremento del 18,4% que entre las grandes provincias sólo superan Barcelona (20%) y Zaragoza (58%) , aunque con el matiz en esta última de que allí únicamente hay 248 VTC. En cambio, en otros territorios como Madrid, Valencia o Sevilla han menguado. Asimismo, otro datos que constata el tirón que tiene en Málaga es que acapara el 68% de las 2.949 autorizaciones vigentes en Andalucía.
En un intento de garantizar el equilibrio entre ambos servicios, y presionada por el sector del taxi, la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de febrero un decreto de modernización del taxi que, entre otras medidas, contempla la posibilidad de compartir vehículo o la contratación a precio cerrado para que el cliente sepa de antemano cuánto le va a costar el trayecto (igual que Uber y Cabify).
Sin embargo, la regulación de los VTC sigue sin ver la luz debido a la falta de consenso y, fundamentalmente, por las dudas jurídicas que tienen en la Consejería de Fomento a la hora de aplicarles unas restricciones que podrían acabar en los juzgados. No obstante, ahora son las propias empresas de VTC las que urgen a la Administración regional a acometer un marco normativo para poder seguir prestando servicio en las ciudades a partir de octubre de 2022.
Ése es el plazo máximo concedido por el Gobierno central a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que regulen la actividad de este servicio de transporte. A partir de ese periodo, todas las licencias de VTC pasarán a ser interurbanas, de forma que para seguir realizando servicios urbanos deberán adaptarse a las respectivas normativas regionales y municipales. Y por este motivo, un sector que se había opuesto a la regulación que exigen los taxistas se la reclaman ahora a la Junta. Eso sí, sin la imposición de que la precontratación (única forma en la que pueden operar a diferencia del taxi, que puede captar clientes en la calle).
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