Luz verde a la obra que acabará con la cloaca del Guadalhorce y las multas de la UE por no depurar

Han tenido que pasar más de 15 años desde que se empezaron a sentarse las bases del proyecto de la depuradora metropolitana de Málaga, pero parece que por fin queda despejado el camino para acometer la obra que pondrá fin a los 5,9 hectómetros cúbicos de aguas fecales (el equivalente a 1.750 piscinas olímpicas) que cada año acaban en el río Guadalhorce procedentes de Alhaurín el Grande y Cártama, que son los dos mayores municipios de Andalucía que aún carecen de saneamiento integral.

La Junta de Andalucía acaba de formalizar el contrato para la redacción del proyecto de ejecución y la construcción tanto de la planta de tratamiento en suelo de la capital (al norte del aeropuerto, en el límite con Alhaurín de la Torre) como de las tuberías pendientes para canalizar las aguas. Lo hace seis meses después de que el expediente fuera adjudicado y una vez que el Consejo de Gobierno autorizó el gasto el pasado 18 de enero. Teniendo en cuenta que la redacción del proyecto se comerá 6 meses, que los trabajos sobre el terreno se llevarán otros 30 y que para la puesta en marcha se calculan otros 6, la previsión es que la bautizada como depuradora Málaga-Norte no estará plenamente operativas antes del último trimestre de 2025. Aun así, el contrato incluye una puesta en marcha parcial para adelantar la depuración de las aguas provenientes de Alhaurín el Grande y Cártama.

¿Por qué? Por el daño ecológico, pero también económico. Hasta entonces, seguirá avanzando el contador de la multa de la Unión Europea por la falta de depuración en Alhaurín el Grande, que en enero iba ya por 4,7 millones y que conlleva un recargo de 634.320 euros por cada semestre de retraso. De cumplirse los plazos, la factura que acabará abonando la Administración autonómica alcanzará los 9 millones.

Tras el encargo a la unión temporal de empresas formada por Aquambiente, Dinotec y la malagueña Sando por un importe de 104,9 millones de euros y la adjudicación hace dos meses del contrato de asistencia técnica a la dirección de obra por otros 1,2 millones a la alianza formada por WSP Spain-Apia y Grupo de Consultores Pisa, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible completa los trámites para saldar esta asignatura pendiente con la provincia.

El principal objetivo de la mayor obra de depuración que queda por ejecutar en Málaga es tratar la carga contaminante de Alhaurín el Grande y Cártama. Pero hay más, ya que también recibirá las aguas residuales de Alhaurín de la Torre y de las barriadas malagueñas de Santa Rosalía, Maqueda, Santa Águeda, Castañetas, Campanillas y todo el desarrollo futuro del norte y oeste de la ciudad que ahora mismo son adjudicadas a la estación del polígono Guadalhorce de la capital, que está al límite de su capacidad y donde también van a parar las de Torremolinos.

La futura depuradora tendrá capacidad para tratar 70.000 metros cúbicos diarios (el equivalente al caudal que genera una población de 280.000 habitantes). Además, incorporará el sistema terciario para posibilitar la reutilización del caudal reciclado para el riego de zonas verdes o cultivos, aunque para ello será necesario construir la red de tuberías para llevarlas a su destino. Dado que no están diseñadas y se enmarcan en un proyecto independiente, cuando la planta esté operativa el agua será devuelta al río sin ningún aprovechamiento.

Tampoco tendrá línea para el tratamiento de fangos, ya que serán transportados hasta la planta del polígono Guadalhorce, lo que llevará aparejada la ejecución de mejoras en la desodorización de estas instalaciones. Una vez construida, la gestión será asumida por la empresa municipal de aguas de Málaga (Emasa) tras el acuerdo alcanzado por los cinco ayuntamientos implicados (Málaga, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Torremolinos)

Sobre la ubicación, cabe recordar el rechazo (con recurso judicial de por medio, pendiente de resolución) de unas 300 familias de distintas barriadas de Alhaurín de la Torre agrupadas en una plataforma en contra del impacto que la planta tendrá en sus viviendas y en los terrenos agrícolas. Unas quejas que, administrativamente, fueron desestimadas por la Junta para no retrasar más el tratamiento de las aguas de Cártama y Alhaurín el Grande y, de forma paralela, frenar las multas de la UE.

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