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«Advertimos que no se trataba de una foto, sino que íbamos a ser muy estrictos en su seguimiento para que el acuerdo se materializara ... en actuaciones concretas», recordó Soledad Ruiz, secretaria provincial de UGT en Málaga, en relación al pacto social y económico por el impulso de Andalucía que suscribieron las fuerzas sindicales con el Ejecutivo regional hace un año. Ese acuerdo tenía el objetivo de poner en marcha «medidas de carácter urgente dirigidas a familias, personas trabajadoras, autónomos y autónomas y empresas para paliar los efectos derivados de la inflación, la subida de los tipos de interés, así como la crisis económica y energética que están creando una situación de estrés social».
El balance del pacto, que este martes han realizado UGT y Comisiones Obreras en una rueda de prensa conjunta, según las propias palabras de Ruiz, «tiene más sombras que luces». En primer lugar, porque denuncian la falta de información a que les condena la administración, además de a la sensación que tienen de «ninguneo». Y, especialmente, apuntó la dirigente sindical, les preocupa todo lo relativo al contenido que el pacto tenía sobre la sanidad: «El compromiso hace un año fue resituar la atención primaria como una prioridad de la sanidad andaluza, pero sigue en una situación deficitaria en incorporación de personal, no mejora la gestión y no hay incorporación de nuevos perfiles. Hablamos de un incumplimiento flagrante del que se culpa a los ciudadanos por las listas de espera por su incomparecencia», abundó Ruiz, quien también denunció la demora en otras medidas sociales contempladas en el acuerdo: así, la gratuidad del primer ciclo de educación infantil se ha retrasado a 2025 y que la subvención a los comedores sociales ni siquiera se ha iniciado.
Fernando Cubillo, secretario provincial de Comisiones Obreras, puso cifras a la ejecución del pacto: «Este acuerdo surge para paliar los efectos de la pandemia, la guerra de Ucrania o la sequía y se dota con 4.430 millones de euros, una financiación que era ajustable a las necesidades de las personas. Pero la ejecución presupuestaria ha sido apenas del 15%. Ha habido un incumplimiento del acuerdo en el ritmo y en la velocidad. Nos ha defraudado de manera importante», reveló el sindicalista.
De esta manera, según enumeró Cubillo, en el caso del bono familia, de la asignación de 118,8 millones de euros no se ha ejecutado nada; lo mismo que ha sucedido con los 12 millones del bono carestía; mientras que en el caso de los 525 millones de euros acordados para ayudas a las pequeñas y medianas empresas se han comprometido 203 millones de euros; tampoco se han movilizado los 240 millones de euros para desarrollo digital; ni los 20 millones de hipotecas para los jóvenes.
«En el caso del plan de empleo juvenil, después de cinco años de gobierno del PP, el volumen de menores de 30 años trabajando se ha reducido. Del impulso de 70 millones que contemplaba el pacto y que luego se aumentó a 85 millones, sólo se han gastado 21 millones», incidió el secretario provincial de CC OO, quien abundó también en que del presupuesto de la Junta de 2023 se dejaron sin gastar 4.700 millones de euros. «Con ello se podría hacer frente al Tren Litoral y dar cumplimiento al plan sin incremento presupuestario», afirmó Cubillo.
Frente a este diagnóstico, hace unas semanas el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, defendía que «más del 90% de las medidas urgentes» planteadas por el Pacto Social y Económico firmado por la Junta en 2023 con los sindicatos y también con los empresarios estaban ya ejecutadas, en ejecución o a punto de convocarse -como el bono carestía-. Ante ello, Soledad Ruiz salió al paso: «Los hechos están ahí. El Portal de Transparencia dice cuál es la ejecución presupuestaria; ésa es la prueba del algodón. Si no te gastas el dinero es que no has hecho nada». Y Fernando Cubillo añadió: «Hay dos bloques en el pacto, uno cuantificable y otro no cuantificable. En lo que es cuantificable, no se ha superado el 15% de lo contemplado. Y en lo no cuantificable se ha paralizado la generación del pacto».
En este sentido, los sindicatos insistieron en que en las medidas que sí ha adoptado la Junta, en muchos casos ha sido sin su participación en su diseño. Por ejemplo, Inmaculada Sánchez, secretaria de política social en CC OO Málaga, afirmó que el bono carestía, tal como está diseñado por el gobierno regional, «presenta problemas» y reclamó «rectificaciones», tales como que se pueda solicitar presencialmente, que se amplíe el plazo para su solicitud y su cuantía. «Es lo que sucede cuando no hay diálogo previo», ilustró.
Fernando Cubillo también resaltó que si de los 4.430 millones de euros que contemplaba movilizar el pacto se han movilizado algo más de 600 millones de euros, «dejando aparte los 367 millones de inversiones hídricas, 203 millones han ido directamente a las arcas de las empresas y sólo 30 millones han ido a partidas sociales; la mayoría social de Andalucía no está viendo el resultado de la acción del plan».
En cuanto al plan hídrico, Cubillo lamentó que la Junta no haya tenido interlocución con las fuerzas sindicales; además, señaló que con las obras en marcha el déficit hídrico sólo se reducirá un 37% y vaticinó que en 2027 habrá de nuevo sequía. «Pedimos diálogo social en el agua. Hay que reequilibrar hídricamente optimizando el uso del agua en todas las actividades. Esta es una de las lagunas del diálogo social. Está perdiendo la mayoría social y están engordando las cuentas de resultados de las empresas», zanjó.
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