Uber y Cabify deben informar desde hoy de todos sus viajes

Las empresas de servicios de vehículos de turismo con conductor (VTC) están obligadas desde hoy a registrar todos los viajes que realicen en una web puesta en marcha por el Ministerio de Fomento en un intento de controlar la actividad de este sector en general, aunque con especial foco en los coches que operan a través de plataformas como Uber y Cabify. Con esta herramienta, que lleva años reivindicando el gremio del taxi y que se ha demorado desde que el Gobierno la aprobó vía decreto ley en diciembre de 2017, se pretende garantizar que todos los servicios que presten hayan sido precontratados (no pueden captar clientes en la vía pública, a diferencia del taxi) y que no realicen más del 20% de sus viajes fuera de la comunidad autónoma en la que tienen domiciliada la licencia. Este Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor entra en servicio hoy, aunque en caso de incumplimiento no se aplicarán sanciones hasta el 1 de junio, ya que se ha fijado un periodo transitorio de dos meses para asegurar que el sistema funciona correctamente.

En virtud de este registro 'on line', todos los titulares de licencias de VTC deben informar de cada servicio que presten detallando el lugar y la fecha en que se contrata, la matrícula del coche y el lugar, la fecha y la hora en que comienza y concluye cada carrera. Además, también deberá notificarse la identidad del arrendatario del servicio, es decir, si se contrata directamente con el titular de la autorización o mediante una empresa intermediaria como son Uber y Cabify.

Para agilizar al máximo la implementación de esta medida se han habilitado dos formas de acceso: una a través de una aplicación web disponible en la sede electrónica del Ministerio de Fomento, y otra mediante un servicio web que permitirá a las empresas integrar esta comunicación en sus propias aplicaciones informáticas.

La puesta en marcha de este registro es una de las primeras medidas efectivas impulsada por el Gobierno para controlar la actividad de los VTC y tratar de poner fin al conflicto abierto con el taxi, que les acusa de competencia desleal. La otra fue el decreto ley que entró en vigor el pasado otoño y que habilita a los gobiernos regionales a regular el sector en sus territorios. Cataluña, Aragón, Baleares, Valencia y País Vasco han sido las primeras en asumir esas competencias y ya obligan a contratar los servicios de VTC con una antelación mínima para así diferenciarlos de los taxis. En Andalucía, las elecciones del pasado diciembre y el cambio de gobierno han retrasado cualquier medida, aunque está previsto que la Consejería de Fomento comunique en los próximos días al taxi su propuesta de borrador. Todo ello en un contexto en el que el número de autorizaciones de VTC sigue aumentando en la provincia. Según el último boletín mensual del Ministerio de Fomento, ya suman 1.284 en Málaga, lo que equivale a una por cada dos taxis.

A la espera del contenido de ese documento, las medidas que el taxi reclama a la Junta pasan por exigir que esa regulación de la actividad de los VTC potencie el concepto de precontratación, de forma que los servicios que presten estos vehículos se contraten con cierta antelación (aceptarían media hora, y que se les dé margen a los ayuntamientos para ampliarlo). Además, también reclaman la supresión de la geolocalización previa a la contratación que permite al cliente conocer la ubicación del vehículo, la prohibición de circular a la espera de la captación de viajeros y la obligatoriedad de regresar a su base a la finalización de cada carrera.