Una de cada tres personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital vive en Andalucía

Otro dato que pone de relieve la importancia del IMV en Andalucía: la cifra de beneficiarios se acerca al 7% de la población, mientras que en el conjunto de España, menos de un 4% han estado entre quienes lo han cobrado en estos tres años con este ingreso mínimo operativo. Pero es que, de acuerdo con la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE el pasado mes de abril, Andalucía es una de las autonomías con mayor proporción de su población en riesgo de pobreza: un 29,1%, por encima del 20,4% en que se sitúa la media española. Además, Manuel Aguilar Hendrickson, profesor de la Universidad de Barcelona, explica que la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital ha sido muy importante en comunidades como Andalucía, donde el sistema de garantía de ingresos regional era más débil que en otras autonomías, como Euskadi, Madrid o Cataluña. También señala como clave de la importancia de Andalucía en la estadística sobre el IMV que el nivel de ingresos que da derecho a cobrar la prestación es muy bajo, por lo que captura situaciones que pueden darse con más frecuencia en esta comunidad -o en otros territorios como Ceuta y Melilla- que en otras regiones del país.

Aunque la situación en Andalucía es bastante diferente por territorios. De esta manera, Málaga, con sus 82.620 perceptores, es la provincia en la que menor proporción de población ha sido beneficiaria del IMV: apenas un 4,7% de sus habitantes. En Jaén y en Cádiz es más del 8% de la población. Y en Sevilla, Granada y Córdoba se rebasa el 7%. Aguilar Hendrickson esboza un potencial motivo del menor peso del ingreso mínimo en Málaga. Combina el mayor dinamismo económico de esta provincia y la presencia de economía sumergida: hay familias con pequeños ingresos o rentas muy inestables que podrían entrar fácilmente en el IMV porque cumplen las condiciones pero que no lo solicitan para evitar el control administrativo que implica cobrarlo, puesto que ser beneficiario convierte en obligatorio hacer la declaración de la renta.

Pero, en general, datos de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) señalan que el 23% de todos los hogares españoles con derecho a percibir la prestación y que no la han solicitado son andaluces. Por eso, según explica este profesor, si el alcance del IMV se ha quedado por debajo de lo esperado y de lo deseado también ha sido por esta razón, porque la gente no lo pide -también por falta de información y de medios para hacerlo-. Aunque no sólo. Porque, como reseña este especialista en sistemas de rentas mínimas, otra de las causas está en que la encargada de gestionar la nueva prestación, la Seguridad Social, no estaba preparada para hacerlo: además de que se había descapitalizado de personal, se trataba de una maquinaria muy bien preparada para calcular y pagar las pensiones, pero no para realizar esta asignación de ingresos. Por eso ha habido momentos en que estaba desbordada.

Y esto es lo que cuenta Fátima, de 38 años: hace un mes o así le comunicaron que le concedían el Ingreso Mínimo Vital -declara que le corresponden algo más de 400 euros pero, de acuerdo con la nueva escala para 2023, para una persona sola como ella la cifra asciende a los 565,37 euros-, aunque lo había solicitado ocho meses antes. «Hay tanta gente, tantas solicitudes, que hay que esperar. Tengo compañeras y gente conocida que lleva nueve meses esperando. Yo me apaño porque me ayudan y porque voy trabajando en lo que me sale, cuidando enfermos en el hospital, limpiando…», explica y rememora que ha tenido que vender el coche porque no podía pagar ni la gasolina ni el seguro. Ahora lo que aguarda es que cuando comience a cobrar la prestación se la ingresen con los atrasos que le corresponden.

Miguel, de 58 años, tardó algo menos en percibir el IMV desde que lo solicitó: cuatro meses. Lo está ingresando desde finales del año pasado. También, como el de Fátima, es uno de los casos de personas solas que perciben esta prestación, cuya distribución también refleja la creciente individualización de las sociedades y el número en aumento de hogares unipersonales existentes. Miguel estaba ingresado en un centro de desintoxicación y rehabilitación en Sevilla y le ayudó un trabajador social a realizar la solicitud. «Con este dinero ya puedo pagar las cosas de la casa. Aunque me viene corto», afirma. De hecho, como en todos los casos que aparecen recogidos en este reportaje, recibe ayuda alimentaria en el Comedor Social Yo Soy Tú o en ASAEC, un economato del barrio de Carranque. Ahora, Miguel, rehabilitado de sus adicciones tras seis años en centros de Sevilla y Cádiz, admite que conseguir un trabajo le va a ser muy difícil: «Con la minusvalía y la edad, no me llama ya ni Dios».

Miguel ha dado en una clave: muchas de estas personas requieren apoyo de trabajadores o asistentes sociales para realizar la solicitud. En muchos casos, por sus propios medios no serían capaces. Natalia trabajó hasta diciembre en el aeropuerto. Cobró hasta este mes de junio el paro. Para esta temporada ya no la han llamado para el puesto del año pasado. A raíz de la experiencia de una amiga suya que cobra más de 1.000 euros porque tiene cuatro hijos -en este 2023, a los hogares formados por un adulto y más de tres menores le corresponden 1.243,83 euros-, trató de realizar la solicitud por internet y si bien confirmó la cantidad que se le asignaría, no está segura de que su petición esté ya en curso.

Zineb, por su parte, que lleva desde septiembre sin cobrar ni un euro, solicitó el pasado 17 de diciembre la prestación, y este 13 de junio ya recibió la confirmación de que la resolución de su petición está en curso. «Vendo chatarra. A veces me dan 50 euros, otras veces, 60, en ocasiones 20 euros», asegura que hace mientras tanto.

Son varios los casos en los que la causa de la denegación de la prestación está en el Padrón. Es, por ejemplo, el de Rosa María, de 54 años: el año pasado lo solicitó dos veces, pero no lo obtuvo. En primer lugar, porque empadronó en su casa a una amiga de su hija que está percibiendo ya el IMV; además, le faltaban papeles para acreditar su divorcio. Ha vuelto a presentar la solicitud hace dos semanas. No dispone de ningún ingreso y lleva ya cuatro años acudiendo a diario a un comedor social. Y requiere, también, la ayuda de la asistente social, que le ha recomendado solicitar también la renta mínima de inserción andaluza -en este caso ambas prestaciones son incompatibles; en algunos se pueden complementar la renta estatal con la autonómica-. El problema de Carmen, que encabeza un hogar monoparental con tres hijos y un cuarto en camino, es que no tiene padrón porque vive de okupa en una vivienda: «La casa tiene su dueña, pero me dejan vivir ahí por los niños, no tengo alternativa», asegura. Aquí es la pescadilla que se muerde la cola: no tiene vivienda porque no tiene ingresos y el IMV se lo niegan porque no tiene domicilio.

En Málaga, el número de beneficiarios adultos roza los 47.500, pero los niños superan los 35.000. Estas personas están repartidas en un total de 29.505 hogares. La mayoría de estas unidades familiares que han obtenido la aprobación para percibir el IMV están encabezadas por mujeres: son 21.422, frente a los poco más de 8.000 en los que los titulares son hombres. Muchos de los hogares capitaneados por mujeres serán seguramente monoparentales: entre los beneficiarios de la prestación, 7.809 están compuestos por un adulto y al menos un menor. Pero los especialistas se quejan de que en realidad, con los datos que proporciona el Ministerio de Inclusión del que es titular José Luis Escrivá, no es suficiente para hacer el retrato robot de quienes cobran el IMV: para empezar, los datos son acumulativos (no dan las cifras de quienes lo están percibiendo a una fecha concreta) y, además, no se realiza una desagregación con el detalle suficiente. La AIReF, que parece que ha tenido acceso a datos con mayor detalle, afirma que durante el último año el IMV ha reforzado su presencia en hogares unipersonales y monoparentales.