Transportistas de Málaga se sumarán al nuevo paro indefinido convocado a nivel nacional

Transportistas de la provincia de Málaga pararán sus camiones a partir del próximo lunes para sumarse al paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Transporte a nivel nacional. Los profesionales del sector denuncian que no se han cumplido las condiciones que se pactaron el pasado mes de marzo, cuando ya estuvieron parados durante 20 días.

La delegada en Málaga de la plataforma, Marina Ramírez, ha confirmado que los compañeros de la provincia secundarán el paro y que no volverán a trabajar hasta que haya una solución real. Esta profesional denuncia que los gastos no han dejado de aumentar desde entonces y que las condiciones que recoge la ley no se cumplen por falta de inspectores.

Este nuevo parón comenzará el lunes a las 00 horas y a él se prevé que se sumen numerosos profesionales que trabajan de forma autónoma. En Málaga existen actualmente 2.461 empresas públicas dedicadas al transporte de mercancías y 1.297 empresas privadas.

Este nuevo desencuentro se produce pese a las medidas aprobadas por el Gobierno en consenso con las organizaciones mayoritarias de transportistas, que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Cabe recordar que los miembros de la plataforma no se sienten representados por dichos colectivos y que el pasado mes de marzo lograron colapsar las carreteras y poner contra las cuerdas la distribución alimentaria en la provincia.

El Ejecutivo aprobó entonces una ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas e implementó un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas. Estas se añadieron a otras aprobadas en 2021 que incluían el descuento de 20 céntimos en el combustible, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.

A pesar de ello, la delegada en Málaga lamenta que todos los gastos han aumentado y que las condiciones pactadas entonces no se están cumpliendo, fundamentalmente la que atañe a las inspecciones y a la obligatoriedad de que el precio del viaje aparezca en la carta de portes. «El Ministerio del Interior ha desautorizado a la Guardia Civil para que no pueda controlar esa ley», asegura.

En lo referente al precio, argumenta que si una rueda antes costaba 500 euros, ahora son 630 y que la ayuda de 20 céntimos apenas la están notando. «Un viaje de ida y vuelta a Castellón me ha costado 1.335 euros en carburante; eso es inasumible», expone. «Y eso sin contar la cantidad de robos que estamos sufriendo», añade.

De momento no tienen un plan claro de cómo se desarrollará el paro, pero asegura que han comenzado a tramitar todos los permisos para poder movilizarse por las ciudades. El pasado mes de marzo, el paro de los transportistas colapsó el acceso al Centro, a los principales polígonos industriales y centros de distribución y puso contra las cuerdas al reparto alimentario.

Por eso mismo, las organizaciones agrarias COAG y UPA, así como las principales asociaciones empresariales de distribución y hostelería han reclamado «seguridad y garantías para el abastecimiento de productos y materias primas ante los nuevos paros convocados». Han reclamado que no se repitan las «graves» incidencias y episodios «violentos» que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria con motivo del último paro del transporte de mercancías, cuando se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria.

De forma similar, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor agrupación de empresas de transporte del país, ha pedido al Gobierno que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen «con la contundencia y firmeza necesaria» para permitir que el sector garantice el suministro a la población.

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