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Tarde si se compara con otros países europeos, pero, finalmente, los agricultores españoles se sumarán a las manifestaciones que llevan semanas sucediéndose en países como Alemania, Francia, Portugal o Bélgica. Al margen de las protestas que están organizando las principales asociaciones agrarias, que no tienen ... una fecha concreta, numerosos agricultores se están organizando en paralelo para canalizar su malestar. En los próximos días están previstas varias tractoradas en diversos puntos de la provincia para llamar la atención sobre la difícil situación que está viviendo el campo.
En un manifiesto que consta de doce puntos, se desglosan causas y peticiones que se consideran necesarias para que la agricultura vuelva a ser sostenible. El cabreo apunta, sobre todo, a la Comisión Europea, ya que se considera que las políticas agrarias que se imponen desde Bruselas están lastrando y restando competitividad al sector. También se critica al Ministerio de Agricultura y se lamenta la «pasividad» de los sindicatos y de las asociaciones agrarias.
Así, el primer punto hace referencia a la nueva Política Agraria Común (PAC), que se ha estrenado este 2023 con un mayor número de exigencias medioambientales para los agricultores. Algunas, se denuncia, «imposibles de llevar a cabo». La aplicación de esta nueva PAC ya se deja notar en el bolsillo de muchos agricultores.
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Relacionado con la PAC y con la actividad agrícola en general, se denuncia una creciente «burocratización» en la actividad diaria que afecta a los profesionales del campo. En este sentido, se pide una «rebaja de la carga burocrática» y se demanda «más implicación del funcionariado». Otro aspecto que genera un fuerte rechazo es la Agenda 2030, esa hoja de ruta trazada por Naciones Unidas (ONU) para lograr una mayor sostenibilidad a nivel medioambiental. Los agricultores exigen la derogación de dicha agenda.
Por otra parte, se solicita también un compromiso expreso por «no reducir las rebajas de impuestos sobre el gasóleo agrícola». Este fue el hecho que originó, precisamente, las movilizaciones en Alemania, donde el Gobierno dio un paso en esta dirección. Una intención que ahora se ha frenado a causa de las movilizaciones de los agricultores alemanes.
Derogación de la ley del bienestar animal y derogación de las leyes ambientales y protección de especies que atentan contra la agricultura, ganadería y zonas rurales. Estos dos puntos aluden a las dificultades que estaría pasando el sector ganadero a partir de unas leyes que han derivado en medidas que serían absurdas y requisitos alejados de «cualquier realidad del campo».
En alusión al Gobierno, se exige que se cumple con la ley de la cadena alimentaria. La misma indica que ningún agricultor puede ser obligado a vender por debajo de coste. Algo que, en la práctica, no se estaría controlando, dando lugar a situaciones como las que están viviendo los productores de limones en el Valle del Guadalhorce.
La entrada de productos extracomunitarios también indigna al sector, una vez que se asegura que estos productos no tienen que cumplir con las exigencias que se les impone a los agricultores locales. «Exigimos el cumplimiento del control fitosanitario de la normativa europea para todos los productos que entran», se señala.
Relacionado con este punto, también está la exigencia de que haya una mayor claridad en el etiquetado que refleja los países de procedencia. Los agricultores van más allá en sus demandas y piden que se impongan «aranceles a la entrada de productos de fuera de Europa».
La sequía también se aborda en este manifiesto, en el que se pide, además, el «compromiso de una política de gestión del agua consecuente con cada territorio». Por último, se solicita al Gobierno que ponga coto a la geoingeniería. Un campo de la ciencia que estaría «perjudicando mucho al sector agrícola».
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