Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres: «El Gobierno de España no va a regular la prostitución como si fuera un trabajo»

-Volvemos a un 8 de marzo más parecido a antes del Covid. ¿Cómo ha afectado la pandemia a las mujeres en términos sociales?

-Pues que tenemos peor calidad de vida que antes. Si hay algo que se ha evidenciado en este contexto es que todos los trabajos de cuidados (fundamentales para el mundo siga girando) caen sobre las espaldas de las mujeres. Esto era así antes de la pandemia, y la crisis sanitaria no ha hecho sino evidenciarlo e incluso recrudecerlo.

¿Las mujeres están peor en España con respecto a hace dos años?

Desde que este Gobierno está funcionando se han conquistado una nueva generación de derechos feministas. Entre 2004 y 2010 se consiguieron una serie de derechos como la ley contra al violencia de género, la de igualdad o la ley del aborto. Desde aquel periodo no se había avanzado nada, hasta ahora. Hay un nuevo paquete legislativo en marcha, como la reforma de la propia ley del aborto. Pero no solo eso, podemos decir que algunas cuestiones feministas empiezan a formar parte del sentido común y cada vez hay menos gente que las cuestiona. Aún así, hay un amplio margen de mejora.

¿No le parece que el movimiento 8M tocó techo en 2018 y que ahora hay un 'contraataque' sobre buena parte de estos consensos?

El país que avanza es un país feminista. Insisto, la punta de lanza del 2018 ha sido capaz de algo histórico; conseguir que toda una serie de demandas feministas que estaban en los márgenes sean ampliamente compartidas. Hoy podemos decir que los principales avances sociales están siendo impulsados por el movimiento feminista. Pero sí, hay una reacción que se está produciendo en España y en el resto de países de Europa. Tiene que ver con estos discursos negacionistas que cuestionan, por ejemplo, la violencia de género.

Por eso se lo digo. Antes no había ningún partido con representación parlamentaria que estuviera en contra de la ley contra la violencia de género. Ahora sí existe y las últimas encuestas le están dando más del 15 por ciento de los votos…

Es que ahora estos discursos negacionistas tienen una expresión pública más fuerte, y eso puede repercutir en un retroceso y en una amenaza de involución en términos feministas y democráticos.

Hace poco salió una encuesta en la que un elevado porcentaje de jóvenes negaban la existencia de la violencia de género. ¿Cómo hemos pasado de las movilizaciones de 2018 a esto?

Ese estudio (el Barómetro de la Juventud) arroja algunas cifras contradictorias. Por un lado dice que ha crecido el número de chicos jóvenes que consideran que no existe la violencia de género, pero también ha aumentado en veinte puntos el porcentaje de mujeres jóvenes que se reconocen como feministas. ¿Qué podemos hacer? Pues habrá que abundar en elementos como la educación sexual para ir contrarrestando unos discursos que son un riesgo para la democracia.

Vayamos a asuntos concretos. Se va a aprobar la reforma de la ley del aborto. ¿En qué consiste?

La reforma va a permitir que se pueda abortar en un hospital público, algo que no ocurre ahora mismo.

¿Los hospitales van a estar obligados?

Los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia van a tener que contar con profesionales que garanticen esta prestación, que por otra parte forma parte de la cartera de servicios comunes.

¿Y si no hay ningún profesional que quiera practicar estas interrupciones del embarazo? Eso está ocurriendo ahora.

Vamos a intervenir en distintos sentidos. Cuando aprobemos la reforma, las mujeres podrán abortar en centros públicos. En Andalucía hoy por hoy el 99 por ciento de estas actuaciones se producen en la sanidad privada, en algunos casos teniendo que cambiar de provincia. Esto se hará de la misma forma que con la ley de eutanasia. Se incorporará un registro de objetores que permitirá que las consejerías de Sanidad saber qué profesionales objetan y así poner en marcha medidas para que el servicio se pueda llevar a cabo. Hay que armonizar la objeción de conciencia con el derecho de las mujeres.

Entonces, ¿habrá que contratar más personal?

Cada comunidad verá cuáles son los instrumentos. Mire, el derecho al aborto es un derecho sexual y reproductivo que además está reconocido a nivel internacional. Es un derecho humano, un derecho llave porque habla de la capacidad de las mujeres para decidir sobre nuestra propia vida.

En relación al tema del aborto, hace unos días hubo una polémica porque Colombia ha aprobado una nueva ley que permite interrumpir el embarazo hasta las 24 semanas. La ministra Irene Montero definió esto como un «avance», pero hay personas que no lo ven así. ¿A usted qué le parece?

Nosotras pensamos que el debate de los plazos de resolvió adecuadamente en España con la ley de 2010. Si vemos los datos se observa que en torno al 70 por ciento de los abortos se producen en las primeras ocho semanas.

¿Pero su opinión personal cuál es?

Es un tema que está resuelto en este país.

Vamos, que no quiere dar su opinión al respecto.

No es por no darla, pero estamos en un momento de debate sobre la reforma y no creo que este asunto esté sobre la mesa.

La ley del 'solo sí es sí' parece que nace con algo de polémica. Hay mucha gente que se pregunta cómo se va a articular eso en términos prácticos…

Es un cambio de paradigma sobre dónde se sitúa a la mujer. Esta ley lo que hace es creer a la mujer y reconocer que las mujeres cuando son víctimas de violencias sexuales tienen una serie de derechos reconocidos que pasan porque el Estado te crea. Esto permitirá crear todo un itinerario de acompañamiento, protección y reparación. Esto es algo completamente innovador.

Estas cuestiones que hemos mencionado sí parecen estar bajo el abrigo del consenso feminista, pero hay otras que no aunque sí haya una mayoría volcada en un sentido. Ese es el caso de los vientres de alquiler. Hasta hace unos años el debate parecía abierto, hoy por hoy no sé si tiene la sensación de que las posturas contrarias a legalizarlo han vencido…

Nosotras tenemos una posición contraria muy clara. De hecho, en España ya sabe que es ilegal.

Pero se hace.

Está prohibida desde 2006 y no nos cabe ninguna duda de que es una vulneración de los derechos humanos y una forma de explotación reproductiva.

Sí, pero la gente que tiene dinero paga esas prácticas fuera de España y luego registra al bebé. Hay una sensación de que la prohibición no afecta a los ricos.

Está prohibido y hay que fortalecer los instrumentos que impidan que se realice fuera, como fiscalizar a las agencias de intermediación.

El otro debate sobre la mesa es de la legalización o abolición de la prostitución. Pedro Sánchez se ha comprometido por lo segundo. ¿El Ministerio de Igualdad también?

El Ministerio apuesta por garantizar que todas las mujeres tengan vidas dignas de ser vividas. Apuesta por poner en marcha acciones. Quizá hay que dejarse de grandes palabras.

Bueno, es que el presidente dijo «abolir».

Hay que apostar por los hechos y las medidas concretas, y en esto está el Ministerio, que tiene muy claro la necesidad de perseguir y acabar con la impunidad de la industria proxeneta. Pero también hay que poner en marcha un plan de inserción sociolaboral que permita brindar alternativas laborales a las mujeres víctimas de trata, de explotación sexual o en contextos de prostitución.

¿Pero el Ministerio quiere cerrar los prostíbulos?

Lo que ha puesto en marcha es la introducción y recuperación en el código penal -que vuelva a ser ilegal- la tercería locativa (los espacios que se proporcionan para la realización de la actividad sexual de la persona prostituida). Esto y endurecer las penas por el proxenetismo no coactivo son medidas que nos parecen clave. Pero acabar con la situación de vulnerabilidad de las mujeres pasa por poner en marcha estas alternativas sociolaborales. Hemos hecho una contabilización de que con una dotación de más de mil millones de euros podríamos atender estas situaciones. Para esto hace falta un compromiso de todas las administraciones. Hemos arrancado con una dotación de 18 millones para un plan de inserción con el propósito de intervenir en tres aspectos: todo lo que tiene que ver con el acompañamiento y recuperación sociosanitaria de las mujeres; la puesta en marcha de la inserción laboral digna; y un plan de choque que atienda a la realidad de niñas y adolescentes en centros de menores tutelados que están siendo explotadas sexualmente.

¿Usted cree que una mujer que quisiera ejercer la prostitución libremente debería tener un marco normativo?

Estamos defendiendo que las mujeres tengan derecho a tener unas vidas libres de ser vividas.

¿Aunque esa libertad implique ejercer la prostitución?

A ver, el Gobierno de España no va a regular la prostitución como si fuera un trabajo porque no considera que detrás de ella haya una relación que pueda ser considerada como laboral. Esto quiero que quede claro. No se va a regular la prostitución, somos muy explícitos en este sentido. Lo que decimos es que tienen que tener una alternativa real y no cantos de sirena. Es que si no, no estamos hablando de nada.

El otro asunto que sin duda ha dividido al feminismo es el que tiene que ver con la autodeterminación de género y la 'ley Trans'. ¿Qué se ha hecho mal para que en el momento de mayor crecimiento del feminismo éste se haya partido por la mitad? Vamos, se lo digo sinceramente, ¿cómo se ha llegado a que haya mujeres feministas insultándose en el espacio público por este motivo?

El feminismo siempre ha tenido debates intensos -muchos de calado estratégico- pero siempre ha tenido la capacidad de construir agendas de mínimos comunes. Eso es lo que tenemos que poner ahora sobre la mesa. Yo estoy convencida de que dentro de un año, cuando la ley esté aprobada, pasará como con la del matrimonio igualitario, que hoy ya casi nadie la cuestiona.

Bueno, en otros países con legislación parecida sobre la autodeterminación de género sí se está cuestionando con el paso de los años...

Creo que esto va a ocurrir (que no se cuestione). Nosotras somos el Gobierno de España y tenemos que garantizar el derecho de todas las personas. Y lo que toca ahora es fortalecer las agendas comunes, que es lo que siempre ha hecho el feminismo. En la huelga de 2018 coincidimos feministas con diferentes trayectorias y algunos puntos de vista enfrentados.

Sí, eso está claro. Pero ahora se han cruzado límites en ambos sentidos, como decir que las mujeres trans son «ficciones» o llamar 'terfas' ('trans exclusionary radical feminists') a mujeres por plantear dudas legítimas sobre esta legislación. Eso no había ocurrido ni siquiera con la prostitución.

Probablemente las redes sociales suben el volumen del debate. En cualquier caso lo que tenemos que garantizar es que sean debates de argumentos. Cuando se entra en el marco de los calificativos entonces ya la posibilidad de una conversación serena es inviable. Nosotras intentamos posicionarnos del lado de los derechos humanos.

Pero, ¿qué derecho humano es el que se está legislando con la 'ley Trans'?

Nosotras nos intentamos poner en el lado de los derechos humanos reconociendo los derechos de las personas trans, como el de su identidad de género. Porque reconocerla es condición de responsabilidad para que puedan desarrollar otros derechos, como a tener un trabajo o una vivienda. Si escuchamos las historias de estas personas -atravesadas por el dolor- probablemente entenderíamos por qué es necesaria una ley como esta.

Hay quien dice que esta ley es contradictoria con otras legislaciones planteadas por el mismo Ministerio del que usted forma parte. Por ejemplo, se plantea que a partir de ahora cuando se celebre una boda no se hable de hombres o mujeres, sino de contrayentes o cónyuges. ¿Cómo casa eso con la ley de violencia de género?

No son contradictorias. La agenda de avances de derechos feministas siempre ha dialogado con el colectivo LGTBI. El reconocimiento de la autodeterminación de género está en sintonía con la estrategia europea LGTBI, existe un amplio acuerdo en el Congreso y además hay unas legislaciones autonómicas que van en esa misma dirección, como la andaluza. Esto no es un planteamiento político contradictorio.

El feminismo siempre ha planteado la supresión del género porque es la causa de la opresión hacia las mujeres, pero en esta legislación es el elemento principal. ¿Cómo se explica eso?

No funciona así ni se ha diseñado así. No estamos en el marco de lo teórico.

De acuerdo en eso. Pero ese marco teórico es el que hace imposible llegar a un consenso dentro del feminismo.

Yo insisto. Hablemos de los derechos de las personas y de qué va a garantizar el reconocimiento de su identidad de género. Si el debate se produce en el plano de los derechos será más fácil ponerse de acuerdo. Y nosotras estamos aquí para hacer políticas públicas. Si hablamos desde las historias seguro que las personas con posiciones divergentes encuentran puntos en común.

Por cerrar este asunto. El tema del deporte sí parece algo complicado de defender, sobre todo cuando vemos casos como el de Lia Thomas, la nadadora trans que está ganando a sus rivales con más de medio minuto de diferencia. Dicen las mujeres deportistas que sus derechos sí se están viendo vulnerados. ¿Qué opina?

Me parece que cuando hablamos de derechos fijarnos en lo pequeño es frivolizar.

Vayamos a lo político. La agenda nos dice que las siguientes elecciones deberían ser en Andalucía. ¿Bajo qué fórmula debería presentarse la izquierda?

Estamos construyendo en Andalucía ese frente amplio que impulsa Yolanda Díaz. El propósito es ensanchar el espacio para plantear una alternativa de gobierno a las derechas.

Con el asunto de la guerra hay cierta polémica. En el Gobierno hay diferentes posturas, sin ir más lejos IU planteó la semana pasada una manifestación contra la OTAN. No sé si poner a la OTAN y a Putin en el mismo marco es una buena idea...

Uno de los motivos fundacionales de IU fue su oposición a la OTAN. Y esto no se contradice con una postura muy clara de oposición a la guerra y de activar todas las posturas diplomáticas.