Los taxistas andaluces lanzan una recolecta de dinero para financiar los gastos que conllevarían recurrir en los tribunales el decreto autonómico que desde el pasado ... 1 de octubre permite a operadores de VTC como Uber, Cabify o Bolt seguir realizando servicios urbanos en las ciudades de la región. Y, de paso, cubrir la defensa jurídica de los taxistas detenidos y acusados tanto en Sevilla como en Málaga durante las protestas que se llevaron a cabo los días previos a la aprobación de la citada norma.
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Las federaciones y asociaciones del sector han hecho un llamamiento a los titulares y trabajadores de las 8.736 licencias vigentes en Andalucía (2.740 en la provincia de Málaga) para pedirles su colaboración. «Tenemos varías vías judiciales para nuestra defensa, para las cuales habrá que aportar cada uno de los taxistas andaluces la cantidad de 15 euros, que se hará a través de la venta de una pegatina», indican a través de una nota informativa suscrita por la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), la Unión de Asociaciones de Taxistas Andaluces (UATA), la Confederación del Taxi de la Costa del Sol, Élite Taxi y la asociación sevillana Solidaridad.
«Queremos dar las gracias a todos los compañeros que estuvieron presentes en las manifestaciones, demostrando a la Junta la unión de todos los taxistas andaluces. Ahora entramos en una nueva etapa, donde apostaremos por la vía judicial, que es el último recurso que nos queda para nuestra defensa. Nos jugamos todo el futuro en nuestros negocios y el bienestar de nuestras familias. Por eso os pedimos un último esfuerzo y la colaboración de cada una de las 8.736 licencias de taxis andaluzas», exponen.
Con los 131.000 euros que esperan recaudar se pretenden plantear una «demanda de inconstitucionalidad» contra el decreto de la Junta que regula la actividad de los VTC, tener fondos para futuras acciones judiciales «por el incumplimiento reiterado del presente decreto» que aseguran que se está produciendo en las ciudades y financiar la defensa jurídica de los diez taxistas detenidos en Málaga el pasado 23 de septiembre por acosar a dos conductores de VTC en el área de recogida del aeropuerto, así como de otros dos de Sevilla que también fueron arrestados durante la protesta que protagonizó el sector el 8 de septiembre en la capital andaluza.
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Unas movilizaciones que no lograron frenar el decreto autonómico, que entró en vigor el pasado 1 de octubre, precisamente el día en el que expiraba la moratoria de cuatro años concedida por el Ejecutivo central en 2018 por la que, sin normativa regional, las autorizaciones de estos coches pasarían a ser únicamente interurbanas (sólo podrían cubrir carreras entre distintos municipios).
Por tanto, en Andalucía los VTC pueden seguir operando como venían haciéndolo, pero con una serie de limitaciones para intentar garantizar la convivencia con el taxi, como la prohibición de acercarse sin estar precontratados a zonas de gran demanda de viajeros como aeropuertos, estaciones, hoteles o centros comerciales; o la eliminación de la geolocalización que permite al cliente conocer la ubicación del vehículo antes de contratarlo.
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Igualmente, también se reforzará la vigilancia para el cumplimiento de la normativa, que hasta ahora prácticamente quedaba limitada a la labor de los inspectores autonómicos. A partir de ahora, la pelota también está en el tejado de los ayuntamientos, porque también tienen potestad sancionadora y recaudatoria. Y, pensando en el usuario, en el desarrollo reglamentario de la norma se va a trabajar en la limitación de los precios de estas aplicaciones para evitar que se disparen en momentos de alta demanda como ferias, conciertos u otros eventos multitudinarios.
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