El taxi de la Costa del Sol tensa la cuerda con paros hoy en el aeropuerto, puerto y estaciones de trenes y autobuses

Sin taxis durante dos horas en el aeropuerto, puerto, estaciones de autobuses y de trenes y con sólo la mitad de la flota operativa tanto en Málaga capital como en el resto de la Costa del Sol occidental. El taxi tensa la cuerda y endurece sus protestas este jueves. ¿El motivo? La decisión de la Junta de Andalucía de aprobar un decreto autonómico que permitirá a las empresas de VTC como Uber, Cabify o Bolt seguir realizando trayectos íntegramente en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, en cumplimiento del decreto del Gobierno central aprobado en 2018 por el que, sin normativa autonómica, las autorizaciones de estos coches pasarán a ser únicamente interurbanas (sólo podrían cubrir carreras entre distintos municipios).

Tras semanas de negociaciones sin avances y a pocos días de que el Ejecutivo regional dé luz verde a esta nueva regulación (se prevé que vea la luz en el Consejo de Gobierno del próximo martes 27 de septiembre), la Confederación de Taxis de la Costa del Sol (que aglutina a los profesionales de los 11 municipios del litoral occidental de Málaga) ha acordado dar un paso al frente en sus protestas. Si el pasado jueves se limitaron a un paro parcial de la mitad de la flota durante las tres horas y media que duró la manifestación convocada a nivel regional en Sevilla, este jueves aumentarán la presión.

Así, no sólo se mantendrá esta reducción a la mitad de los servicios entre las 10.30 y las 14.00 horas mientras tiene lugar la que será la tercera concentración en Sevilla (en esta ocasión sólo estarán operativos los vehículos cuyo número de licencia sea par), sino que también dejarán de trabajar durante dos horas (de 11.00 a 13.00 horas) todos los vehículos que les toque cubrir las paradas del aeropuerto, el puerto, la estación de trenes María Zambrano y las estaciones de autobuses. Aunque algunas voces planteaban un «paro salvaje» en el aeródromo, finalmente se ha optado por una medida intermedia. En este punto, conviene precisar que un viajero podrá coger un taxi en cualquier punto con destino a la terminal aeroportuaria, pero no al revés.

Los únicos servicios que sí estarán garantizados serán los esenciales, es decir, personas discapacitadas, familias con niños y mayores. «Lamentamos las molestias que podamos generar a los viajeros, pero nos sentimos engañados por la Junta, que está condenando a las miles de familias que viven del taxi en Andalucía», argumenta el presidente de la Confederación de Taxis de la Costa del Sol, Miguel Ángel Martín, quien acusa a Fomento de «querer meter a los VTC como taxis cuando no lo son». En términos similares se expresa el portavoz de Élite Taxi Costa del Sol, Guillermo Díaz: «No queremos que eliminen a nadie, sólo que los VTC hagan su trabajo y nosotros el nuestro. Si los van a dejar trabajar como el taxi, es un problema porque no son taxis. Es como si a una parafarmacia la dejan trabajar como una farmacia; son del mismo sector, pero no son lo mismo».

Como ha venido informando este periódico, el origen del conflicto está en la confirmación de que el Gobierno autonómico, aunque sea sobre la bocina, regulará la actividad de los VTC para que puedan seguir realizando trayectos urbanos a partir del 1 de octubre. Esta norma autonómica que exige el Ejecutivo central no afecta a los VTC tradicionales que desde hace décadas operan en la Costa del Sol recogiendo a turistas de sus hoteles para llevarlos al aeropuerto o la estación del AVE, pero sí amenaza el fulgurante negocio que Uber, Cabify y Bolt mantienen en Málaga porque les dejaría sin poder prestar servicios con origen y destino en la capital.

En cualquier caso, este decreto ley en el que lleva años trabajando la Consejería de Fomento y que todavía no está cerrado del todo llegará con una serie de restricciones a estos vehículos en un intento de garantizar la supervivencia del taxi. Una cuadratura del círculo que Fomento no acaba de lograr, porque tanto el taxi como las empresas de VTC chocan en un punto: la precontratación retardada (que tenga que transcurrir un tiempo mínimo desde que se pide un Uber, Cabify o Bolt hasta que llega). Para el sector tradicional, es una condición esencial para poder seguir diferenciándose de estas plataformas. Para los operadores de VTC, lo mismo pero al revés. Y así llevan desde 2019 intentando cerrar un acuerdo que se da por imposible.

Con los plazos ya prácticamente acabados, la intención en Fomento es que el texto pueda ser aprobado en el Consejo de Gobierno del próximo martes. A partir de ese primer visto bueno, el siguiente paso sería su publicación de urgencia en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y su convalidación por el Parlamento autonómico el jueves para que pueda entrar en vigor el 1 de octubre.

A falta del documento definitivo, la principal medida que a día de hoy contempla el borrador de la Junta de Andalucía es el establecimiento de «zonas de especial protección» en las que los VTC no podrán parar ni estacionar a la espera de clientes, proponiéndose una distancia mínima de estacionamiento de 300 metros en aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y autobuses; y de 150 metros para otros espacios como hospitales, hoteles de cuatro estrellas o más, juzgados o instalaciones donde se celebren eventos.

Con esta limitación, Fomento pretende satisfacer a los taxistas sin tener que imponer a los VTC que la precontratación (única forma en la que pueden trabajar a diferencia del taxi, que puede captar clientes en la vía pública) se tenga que realizar con un determinado tiempo de antelación, que es lo que exige el gremio tradicional.

En esta misma línea de impedirles la captación de usuarios, la Junta también pretende prohibir la geolocalización de los vehículos previa a la contratación. En paralelo, Fomento también ha puesto sobre la mesa otras medidas como exigir a los conductores de VTC la superación de una prueba de capacitación profesional como la que hay que aprobar para ser taxista; reforzar las inspecciones y el control de su actividad; endurecer las sanciones; o que los automóviles tengan unas medidas mínimas, de manera que siempre se utilicen para este fin berlinas de representación, y no utilitarios convencionales.

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