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Si cuando un cliente se sube a un Uber o un Cabify sabe de antemano cuánto le va a costar el trayecto, ¿por qué ... no puede ocurrir lo mismo en un taxi? Ésta es una de las exigencias de los taxistas a hora de reivindicar un marco normativo menos estricto que les permita seguir siendo competitivos frente a los vehículos de turismo con conductor (VTC), cuya actividad está menos regulada. Esta demanda, también extensible de los usuarios, será una realidad en Andalucía antes de que acabe el año, que es cuando la Consejería de Fomento de la Junta prevé la entrada en vigor el nuevo decreto para la modernización y flexibilización del taxi dotándolo de las herramientas necesarias para mejorar su calidad y competitividad frente a otras alternativas de transporte. En cambio, la otra pata para garantizar el equilibrio entre ambos medios, que pasa por ponerle coto a la actividad de los VTC, tendrá que esperar al menos hasta bien entrado 2021 debido a la falta de consenso.
El establecimiento de un precio cerrado para los servicios previamente contratados, de forma que los usuarios puedan conocer de forma anticipada la tarifa máxima que pagarán al final del trayecto, es una de las principales novedades del nuevo Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles de Turismo, pero no la única. También destaca la posibilidad que tendrá el cliente de compartir viaje con otros usuarios para que le salga más barato gracias a la incorporación del pago individual también por medio de una 'app', aunque antes deberá plasmarse en la ordenanza de cada municipio.
Precio cerrado. Siempre para servicios precontratados, los usuarios podrán conocer de forma anticipada la tarifa máxima.
Compartir taxi. Se ofrece la opción de contratar el servicio por plaza con pago individual por medios telemáticos.
Recogida en otros municipios. Posibilidad de parar en otras localidades para recoger a usuarios siempre que compartan destino.
Pago con tarjeta. Los taxistas deberán llevar datáfono.
Taxímetro obligatorio. Salvo en pueblos de hasta 10.000 habitantes (deberán tener un sistema de recorridos con tarifa fija.
Vehículo adaptado las 24 horas. Deberá garantizarse la disponibilidad de taxis para personas con movilidad reducida.
Antigüedad del coche. Se elimina la exigencia de que el vehículo tenga menos de dos años en el momento de la concesión de la licencia y se fija en 12 años la antigüedad máxima.
En la misma línea, se contemplan otras mejoras dirigidas al usuario, como la obligatoriedad de permitir el pago con tarjeta de crédito, la exigencia de llevar taxímetro excepto en pueblos de menos de 10.000 habitantes siempre que como alternativa se establezca un sistema de recorridos con tarifa fija o garantizar la disponibilidad de vehículos adaptados para personas con problemas de movilidad durante las 24 horas del día.
Del mismo modo, se abre una vía para que los taxis puedan recoger clientes en otros municipios distintos a aquél en el que tiene concedida su licencia. A día de hoy, las únicas excepciones son para ir a aeropuertos y puertos siempre que lo hagan bajo precontratación, pero con el nuevo reglamento también podrán hacerlo en diferentes localidades cuando sea para recoger a un usuario que se dirija al mismo destino. Es decir, que un taxi que salga de Marbella para llevar a turistas a la estación del AVE o al aeródromo podría parar en Fuengirola o Torremolinos para recoger a más viajeros.
En un apartado más específico para el día a día del gremio, el documento incluye otros aspectos como que todos los vehículos tengan el número de licencia y el escudo de su municipio, la supresión de la restricción de que el vehículo no supere los dos años en el momento de la concesión de la autorización municipal y se va a fijar en 12 años la antigüedad máxima de los coches. Igualmente, se elimina la obligatoriedad de que el titular de la licencia sea quien la explote y se va a permitir a los ayuntamientos habilitar puntos de parada específicos para servicios precontratados y establecer un aumento de la flota operativa en eventos especiales.
En estas medidas se empezó a trabajar a comienzos de 2019, pero no será al menos hasta el próximo diciembre cuando acaben de ver la luz con su aprobación por parte del Consejo de Gobierno y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El borrador ya está en manos del gabinete jurídico y en cuanto le dé el visto bueno será remitido al Consejo Consultivo. Lo que para el gremio ha supuesto un mundo, para la Dirección General de Movilidad ha sido el tiempo necesario para completar una tramitación amplia que comenzó con una consulta pública a los representantes del sector, continuó con el periodo de información pública, el estudio de las aportaciones de una decena de colectivos entre asociaciones del taxi, organizaciones de consumidores y sindicatos; y con la participación de todos los órganos interiores de la Administración regional que pueden verse afectados como la Dirección General de Presupuestos, el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, el Consejo de la Competencia de Andalucía, la Dirección General de Tributos, el Consejo Andaluz de Consumo o la Unidad de Igualdad de Género.
El conflicto del taxi por el aumento de los VTC fue uno de los primeros asuntos con los que se encontró la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en cuanto tomó posesión del cargo en enero de 2019. Desde entonces, su equipo ha tratado de buscar un equilibrio entre ambos sistemas de transporte a través de dos vías: mejorar la competitividad del sector tradicional y limitar la actividad de plataformas como Uber y Cabify. La primera de ellas está a punto de materializarse en un decreto que, si se cumple el calendario fijado, se aprobará en diciembre.
No así la segunda. El establecimiento de un marco normativo que regule los servicios de los coches de arrendamiento con conductor se ha topado con el rechazo de ambos sectores. Los taxistas por considerar insuficientes las medidas planteadas y las empresas de VTC, por entender que atentan contra la libre competencia.
La última propuesta de la Dirección General de Movilidad contempla prohibirles estacionar sin estar precontratados alrededor de zonas de gran demanda de viajeros como estaciones, áreas comerciales, hoteles o cualquier lugar donde se esté celebrando un evento deportivo, cultural o social. Para impedirles la captación (lo tienen prohibido) también se pretende limitar su geolocalización previa a la contratación. Esta intención se dio a conocer en noviembre de 2019, sin que hasta la fecha se hayan producido avances. Una vez despejadas las medidas para modernizar el taxi, desde Fomento aseguran que el objetivo es dejar zanjado la regulación de los VTC a lo largo de 2021.
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