La nueva tasa por recogida de viajeros abre un conflicto en el aeropuerto de Málaga a las puertas del verano

«Si hay que convocar un calendario de movilizaciones, lo haremos», advierte Miguel Ángel Martín, como presidente de la Confederación de Taxis de la Costa del Sol, que aglutina a los 2.300 coches que conforman la flota de todo el litoral desde Manilva hasta Nerja y que también ha pedido apoyo a los ayuntamientos para que presionen a Aena y al aeropuerto para que dé marcha atrás.

«Ante este ataque frontal nos tendremos que defender. Vamos a plantar batalla», apunta también el presidente de la asociación VTC Andalucía, Pablo García, en nombre de la mayor parte de los 2.427 coches de alquiler con conductor que hay censados en la provincia, una entidad que ya ha dado un paso al frente denunciando ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la imposición de esta tasa que puede suponerles un sobrecoste de 5.000 euros anuales por vehículo. Por parte de los 'rent a car', cualquier paso estará supeditado al acuerdo que salga de una asamblea convocada por la Asociación Empresarial de Vehículos de Alquiler de Andalucía (Aesva).

Como alternativa, las empresas de transporte reclaman que se instaure al menos un periodo de cortesía de 30 minutos (empezaron pidiendo una hora), puesto que están sometidos diariamente a retrasos en la llegada de pasajeros por circunstancias ajenas a ellos, así que la opción es asumir costes o repercutírselo al cliente, teniendo en cuenta que son miles los servicios que realizan.

Como ha venido avanzando SUR, sólo la subida de la barrera, es decir, sólo por entrar en la explanada habilitada para la recogida, cada vehículo tendrá que pagar 1,11 euros. A partir de ahí, se tarificará por minutos en función del tiempo de estancia, de forma que la media hora saldrá por 2 euros y la hora completa, por 3,8. Para hacerse una idea, una hora en el 'parking' de la Marina, que es el más caro de la red municipal de la capital, cuesta 2,38 euros.

¿Qué vehículos tendrán que pagar? Esta medida obliga a pasar por caja a todos los VTC excepto los de Uber, que tienen un espacio propio de 18 plazas justo enfrente de la salida de la T-3 a cambio de un canon variable de al menos 25.000 euros anuales; así como a los cientos de entradas que cada día hacen los vehículos de cortesía y de enlace de los 'rent a car' para llevar a los clientes a la nave donde está el coche alquilado e incluso a los microbuses que fletan la veintena de 'parkings' de larga estancia del entorno del aeródromo para quienes dejan su coche en uno de estos garajes.

En principio, también estaba previsto que afectara a todos los taxis que operen en el aeropuerto de forma precontratada. Y no son pocos, porque se trata de la única vía para recoger clientes que tienen permitidos los 1.300 taxis de fuera de la capital, a los que hay que unir todos los servicios concertados que también realizan los vehículos de la ciudad (para carreras sin reserva tienen parada propia). En un intento de apaciguar los ánimos, la dirección del aeropuerto ha querido dar al taxi un trato diferente, ofreciéndole un espacio gratuito de no más de 15 plazas, justo al lado de la parada del resto de taxis, para que puedan aparcar los que vengan precontratados, y que cuando esté lleno (algo que vaticinan que será continuo) el resto de acople en la bolsa donde los vehículos de la capital aguardan su turno, lo que podría abrir un segundo conflicto interno en el sector.

«Hemos conseguido la gratuidad, pero el espacio que nos ofrecen es claramente insuficiente para prestar un servicio de calidad y personalizado a nuestros clientes», se queja el presidente de la Confederación de Taxis de la Costa del Sol. De momento, el sector ha vuelto a remitir un escrito al director del aeropuerto, Pedro Bandala, reclamándole una «solución urgente», además de sendas cartas a los ayuntamientos de toda la franja litoral de la provincia pidiéndoles que se pongan en contacto con los responsables del aeródromo y «defiendan el servicio público del taxi de sus municipios como garantía de calidad para los usuarios, tanto residentes como visitantes, ya que las consecuencias tanto en el servicio como en la economía del taxista local pueden ser gravemente considerables».

En la misma línea se expresan las empresas de VTC. «Esta decisión tomada de forma unilateral, con cero empatía y sin el más mínimo diálogo es un ataque frontal y directo al 'transfer' porque entre agencias de viajes, 'touroperadores' y operadores no hay margen económico para añadir un nuevo comisionista en nuestros servicios», remarca García.

Como alternativa, las empresas de transporte reclaman al menos que se instaure un periodo de cortesía de 30 minutos, puesto que están sometidos diariamente a retrasos en la llegada de pasajeros por circunstancias ajenas a ellos, así que la opción es asumir costes o repercutírselo al cliente, teniendo en cuenta que son miles los servicios que prestan.