
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Ser miembro de un jurado y tener la última palabra sobre la inocencia o culpabilidad de un presunto homicida puede parecer muy de película, pero es una posibilidad tan real como la vida misma. Y le puede tocar protagonizarla a cualquier ciudadano ya que la selección se hace mediante un sorteo que se celebra todos los años pares en cada provincia en la segunda quincena de septiembre. Y 2020 es par, así que la Audiencia Provincial ya cuenta con una lista de tres mil personas a los que el azar ha designado como candidatos a ser llamados para los procedimientos con jurado popular que se celebren en los dos próximos años. ¿Quiénes son los agraciados? El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado 9 de octubre (hay que entrar en el BOP, seleccionar la fecha del 9 de octubre y pinchar en el apartado de Audiencias Provincial y Nacional) en recoge el resultado del sorteo celebrado el 19 de septiembre, figurando la identidad de los elegidos ordenados alfabéticamente y según el municipio donde se resida.
Del mismo modo, durante lo que queda de mes irán llegando a los buzones de los seleccionados una notificación oficial en la que se les comunica su inclusión en esta lista bienal, además de recibir la información correspondiente sobre las causas de incapacidad, incompatibilidad o excusa que se pueden alegar para ser excluido (ser mayor de 65 años, tener alguna discapacidad, razón de cargas familiares o haber ejercido ya de jurado en los últimos cuatro años, entre otros motivos). Las reclamaciones se pueden presentar ante el Juez Decano durante la primera quincena de noviembre y deben quedar resueltas antes de que finalice el mes. A partir de ese momento se publicarán las listas definitivas de las personas que pueden ser convocadas para formar parte de un jurado en el que se juzgue algún delito cometido en la provincia. En este sentido, cabe remarcar que no cumplir con este deber conlleva una sanción de entre 150 y 1.500 euros.
En cualquier caso, la probabilidad de acabar sentado en una sala frente a un acusado es remota en vista de los juicios que se desarrollan por este sistema cada año. Según la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la provincia sólo fueron 14 de los 671 juicios penales registrados el año pasado (2%). Tal y como establece la Ley del Tribunal del Jurado, los delitos penales que pueden juzgarse por esta vía son los de homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento, cohecho, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos.
El juicio por la muerte de la joven mijeña Rocío Wanninkhof en el que Tony King fue declarado culpable, la condena a José Bretón por el crimen de sus dos hijos en Córdoba, el procedimiento contra Ana Julia Quezada por la muerte del pequeño Gabriel en Almería o la vista que dentro de unas semanas arrancará en La Coruña por el asesinato de Diana Quer con 'El Chicle' como único acusado son algunos de los casos más sonados de este tipo de juicios en los que la responsabilidad de emitir un veredicto recae sobre personas anónimas sin ningún tipo de conocimientos jurídicos, aunque luego es el magistrado el que dicta sentencia e impone la pena.
Función del jurado. Emitir veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable y proclamar la culpabilidad o inculpabilidad del acusado. Posteriormente, el magistrado es quien dicta sentencia e impone las penas, tal y como establece la Ley del Tribunal del Jurado.
Tipos de delitos. Homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, cohecho, tráfico de influencias, fraude o malversación.
Dieta a percibir. 67 euros es la retribución que se abona por sesión a los miembros del jurado (9 titulares y dos suplentes), además del gasto de desplazamiento y dietas.
Requisitos y exenciones. Ser mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, y residir en la provincia. Tras la última modificación en vigor desde febrero de 2018, las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia, y se les deberán proporcionar los apoyos precisos y efectuar los ajustes razonables para que puedan desempeñar su cometido. Quedan excluidos personalidades del Estado (Familia Real, Gobierno, diputados, concejales,...), abogados, jueces, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y funcionarios de prisiones. Igualmente, están incapacitados los condenados por delito doloso que no hayan obtenido la rehabilitación, los procesados pendiente de juicio por delito o los suspendidos en su empleo o cargo público en un procedimiento penal.
Multa por incumplimiento. Negarse al deber de ser jurado. La primera incomparecencia se penaliza con 150 euros, y la segunda oscila entre los 600 y los 1.500 euros en función de la capacidad económica del sancionado.
Motivos para librarse. Ser mayor de 65 años o tener alguna discapacidad, haber ejercido ya de jurado en los últimos cuatro años, sufrir un grave trastorno por razón de cargas familiares, residir en el extranjero, desempeñar un trabajo de relevante interés general o militares por razones de servicio.
La cifra de tres mil tampoco es casual. La propia ley recoge que se deben seleccionar el número de personas que resulte de multiplicar por 50 el número de causas que la Audiencia estima que pasarán por el Tribunal del Jurado en los dos próximos años. En cada procedimiento se designan a 36 personas, también por sorteo a celebrar al menos treinta días al día señalado para la primera vista de juicio oral, para así tener margen en el caso de que la Fiscalía o las defensas recusen a algunos de los candidatos. Finalmente, son elegidos nueve titulares y dos suplentes, a los que se les paga 67 euros por sesión más gastos de desplazamiento y dietas. Una vez constituido el tribunal, los elegidos tienen que jurar o prometer que desempeñarán «bien y fielmente la función del jurado, con imparcialidad, sin odio ni afecto, examinando la acusación, apreciando las pruebas y resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos objeto del procedimiento los acusados, así como guardar secreto de las deliberaciones».
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