Sólo el 15% de las más de 56.000 solicitudes de Ingreso Mínimo Vital se han aprobado en Málaga

Los 8.288 beneficiarios que tiene este subsidio en la provincia en realidad corresponden a 23.340 personas, ya que el IMV se concede a hogares, no a personas individuales. Concretamente, son 12.447 adultos y 10.893 menores.

El motivo por el cual se deniega la mayoría de las solicitudes del IMV es, según Subdelegación, que los solicitantes superan el umbral de renta o patrimonio fijados en los requisitos. El promedio mensual de ingresos de los beneficiarios debe ser inferior en al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el IMV (que oscila entre los 461,53 y los 1.015,37 euros en función del número de integrantes en la unidad familiar) y el patrimonio, sin incluir la vivienda habitual, no puede superar los 16.614 euros.

El impacto real del IMV está siendo, hasta el momento, muy inferior al que el Gobierno anunció en el momento de poner en marcha este subsidio. El PSOE dijo en su día que unas 28.000 familias, que aglutinarían a 75.000 malagueños, podrían beneficiarse de esta ayuda en la provincia. A día de hoy son menos de un tercio de esa cifra.

En los primeros meses de funcionamiento del IMV, el problema fue el atasco burocrático que se generó en las oficinas de la Seguridad Social por la avalancha de peticiones. El Gobierno no destinó personal específico para la tramitación de estas ayudas, sino que las adjudicó al departamento que lleva las prestaciones por hijo a cargo, que en Málaga concretamente tiene seis personas. A esos seis trabajadores se suman 20 funcionarios de otros departamentos del INSS que, de forma voluntaria, cuando acaban su jornada hacen horas extra tramitando expedientes de IMV. Sindicatos como CSIF se han quejado repetidamente de la escasez de personal destinado a gestionar unos expedientes que, además, presentan una alta complejidad porque se requiere mucha documentación, abundan los errores en las solicitudes y hay que cotejar datos con otras administraciones.

Con el paso de los meses, la tramitación ha avanzado y actualmente el porcentaje de expedientes tramitados se acerca al 80%. Pero se ha ido haciendo evidente que los requisitos marcados para acceder al Ingreso Mínimo Vital dejan fuera a la gran mayoría de los solicitantes.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a casi 160.000 hogares el Ingreso Mínimo Vital, que representan el 20% del total de solicitudes tramitadas. Esos hogares aglutinan a más de 460.000 personas, de las que el 47% son menores, según ha anunciado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados.

Los hogares beneficiarios recibirán en unos días el importe del pago correspondiente a la nómina de diciembre, la séptima que abona la Seguridad Social. El importe bruto total de este mes ascenderá a 110 millones de euros, una cifra que contempla también el efecto de la retroactividad desde junio en los casos correspondientes. En total, desde que se puso en marcha esta prestación, el INSS ha abonado (incluyendo esta nómina) más de 518 millones de euros.

Escrivá ha subrayado que en los seis primeros meses de existencia de la prestación, dedicada a hogares en situación de vulnerabilidad, se han recibido 1,1 millones de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Del total que han llegado por diferentes canales, 56.000 expedientes estaban duplicados, lo que supone que eran válidos algo más de un millón. La Seguridad Social ha tramitado casi el 80% de los expedientes recibidos, es decir, se han gestionado 800.000 solicitudes, cifra que duplica la de las pensiones contributivas que se gestionan en todo un año. A otros 181.000 solicitantes se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación. Aproximadamente el 50% de las solicitudes tramitadas han sido denegadas, en la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio.

Según el Ministerio, quedan pendientes de análisis 271.000 expedientes, «buena parte de ellos recibidos durante las últimas semanas, ya que la Seguridad Social continúa recibiendo unos 12.000 nuevos expedientes de solicitud a la semana».

Entre los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital se encuentran por primera vez perceptores de rentas mínimas de comunidades autónomas que han sido reconocidos como beneficiarios a través de una pasarela desarrollada para el intercambio de datos entre administraciones. Estos reconocimientos son fruto de la prueba piloto que se está realizando con la comunidad de Aragón, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de la renta autonómica que cumplen los requisitos del Ingreso Mínimo Vital y permitir su reconocimiento sin que tengan que realizar una solicitud de la prestación.

Tras el éxito de la prueba piloto, el objetivo es que esta pasarela pueda extenderse a otras comunidades autónomas para facilitar la transición entre las rentas mínimas autonómicas y el Ingreso Mínimo Vital. En este sentido, dentro de la colaboración que se mantiene con las comunidades autónomas, esta pasarela se constituirá como un mecanismo permanente de intercambio de información que permitirá una reconversión ágil al IMV de los beneficiarios de las rentas autonómicas que cumplan los requisitos.

El ministro ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital es una norma «en continua evaluación». Fruto de los primeros análisis, ya se hicieron algunos ajustes normativos en septiembre, que según él «han permitido facilitar y agilizar notablemente la tramitación de expedientes». Escrivá ha indicado que en las próximas semanas «se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria», fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que, a menudo se ven obligadas a compartir vivienda.

En este aspecto, está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales.

Escrivá se ha comprometido a realizar una completa evaluación del alcance que ha tenido la prestación en estos meses y a estudiar cuantas modificaciones sea necesarias «para llegar a los 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad que identificamos antes del desarrollo de la norma».

Entre las mejoras que se introducirán próximamente también está la de facilitar el acceso a la prestación por parte de personas sin hogar, de forma que quedará excluido el límite de titulares por unidad de convivencia en casos de convivencia en hogares colectivos (albergues, centros de acogida…).