Los solicitantes malagueños esperan más de un año a que les tramiten una pensión no contributiva

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, abrió en abril de 2019, es decir, hace casi un año, una actuación de oficio dirigida a la Consejería de Igualdad tras recibir «37 quejas en las que se denuncian los retrasos y problemas que están surgiendo en los expedientes de solicitud de pensiones no contributivas, tanto de jubilación como por incapacidad» localizándose este problema «fundamentalmente en las provincias de Sevilla y Málaga». Estas pensiones, cuya cuantía ronda los 400 euros mensuales, son sufragadas por el Estado, pero su gestión recae en las comunidades autónomas. La ley marca un plazo máximo de 90 días para resolver las solicitudes.

El último informe de gestión recogido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) revela que la provincia de Málaga terminó 2019 con 2.729 expedientes de pensiones no contributivas pendientes de resolver, casi el doble de los que tenía cuando empezó el año. A lo largo de los últimos doce meses, la delegación de Igualdad sólo resolvió 812 solicitudes, frente a las 2.059 que recibió en dicho periodo y las 1.482 que venían arrastradas desde el año anterior. Como hacen suponer estos datos, el atasco administrativo no hizo sino empeorar a lo largo del año. Y es que Málaga, al igual que Sevilla, tiene más expedientes pendientes de resolver que Madrid o Barcelona. Sólo las provincias canarias las superan en cuanto a solicitudes atrasadas.

Afectados como Santiago, que se puso en contacto con este periódico para denunciar su situación, han pasado un año y medio esperando una respuesta a su solicitud de pensión. Son, según denuncia el Defensor del Pueblo Andaluz, «personas que se encuentran en una difícil situación personal en el plano económico, en muchos casos rayando la situación de emergencia social, ante la ausencia de alguna percepción económica para su supervivencia, teniendo que ser atendidos en muchos casos por los servicios sociales municipales o por entidades privadas de asistencia social». Y es que esos 400 euros mensuales pueden marcar la diferencia entre poder pagar o no la luz o entre tener o no que acudir a un comedor social. Sin olvidar que no pocos pensionistas comparten sus exiguos ingresos con hijos o nietos a su cargo.

¿Cuál es la respuesta de la Junta? Según explica la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación en un informe dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor volumen de perceptores de pensiones no contributivas (96.210 a cierre de 2019, de los que 20.342 son de Málaga). Dicho volumen «conlleva una carga de trabajo» que contrasta con la «escasez de personal» que se acusa «fundamentalmente en Málaga y Sevilla». Además, aduce que ha trasladado al Imserso la necesidad «de un sistema único de gestión informática para la gestión de estas prestaciones y de un sistema de cruces coordinado a nivel nacional para la agilización de los procedimientos de revisiones». Otra causa de los retrasos, según el citado organismo, es la necesidad de comprobación de los requisitos de los solicitantes en base a «una norma obsoleta» que se encuentra en proceso de modificación.

El Defensor del Pueblo Andaluz no se ha conformado con esta respuesta y critica en un informe de junio de 2019 que hay una «desproporción progresiva entre el número de solicitudes recibidas anualmente, que va disminuyendo, y el número de expedientes pendientes de resolver, que va aumentando». Así, en Málaga los expedientes pendientes aumentaron un 246% entre 2013 y 2018, pese a que las solicitudes bajaron un 15%. El aumento de la demora no está justificado, afirma Maeztu, «sobre todo teniendo en cuenta que el número de puestos de trabajo dedicados a la gestión de estos expedientes no ha disminuido».

Teniendo en cuenta además la «extrema necesidad» que acucia a muchos de los solicitantes de estas pensiones, Maeztu exige que se adopten «las medidas extraordinarias que procedan con el fin de revertir esta situación». En concreto, recomienda que se aprueben «planes especiales de trabajo para Málaga y Sevilla para evitar la acumulación de expedientes y los retrasos en su resolución».

A preguntas de este periódico, la Delegación de Igualdad anuncia que, atendiendo a las indicaciones del Defensor del Pueblo, se va a poner en marcha «un plan especial de trabajo para el que están previstas un total de 40.000 horas extras en toda Andalucía, pero con especial incidencia en las provincias de Málaga y de Sevilla». «Con este ambicioso plan se espera reducir significativamente los plazos de tramitación de las solicitudes de pensiones no contributivas». Además, aseguran que se está trabajando en cooperación con la Dirección General de Transformación Digital para abordar «la automatización de procesos de forma que se mejoren y agilicen los trámites de la prestación».