Sindicatos de profesores, estudiantes y directores hacen frente común contra el decreto de escolarización

Los sindicatos de la enseñanza pública con representación en la mesa sectorial provincial, Comisiones Obreras, CSIF, FSP-UGT, ANPE y USTEA, así como la organización juvenil Frente de Estudiantes, han formalizado la convocatoria de huelga para el día 4 de marzo, así como una manifestación al mediodía desde la sede de la Delegación Territorial de Educación.

Los representantes sindicales han coincidido en algunas ideas básicas: no es cierto que el decreto haya sido fruto del consenso, como ha afirmado el consejero, sino todo lo contrario: los sindicatos le mostraron su rechazo en mesa sectorial y el Consejo Escolar de Andalucía, máximo órgano de representación de toda la comunidad educativa, también lo rechazó. Incluso los directores de centros educativos, a los que reunió para presentar el proyecto, mostraron su rechazo. El nuevo decreto supone un ataque a la educación pública, para favorecer la privada concertada. Aseguran que el anterior decreto funcionaba bastante bien, como prueba que el 93 por ciento de las solicitudes lograran plaza en el centro señalado como primera opción, porcentaje que sube al 97 por ciento cuando se incluye la segunda opción. Entienden los sindicatos que estos datos hacían innecesario modificar el decreto y, sobre todo, ampliar las áreas de influencia.

Otra cuestión en la que coinciden es que la política educativa pública debería ir orientada hacia mejorar las infraestructuras, dotación de personal y bajar las ratios. Francisco González, de CSIF, considera también que es un decreto «segregador», que perjudica claramente a la escuela pública. Marcelino García, de USTEA, ha lamentado que el consejero haya creado un problema «donde no lo había», y que en vez de «ser el primero en defender lo suyo, la enseñanza pública» ponga en duda a sus profesionales en lo que ha calificado «falta de respeto». Lola Domeneh, de UGT, ha lamentado que el nuevo equipo de la Consejería haya cambiado tanto la línea de actuación política, como la capacidad de interlocución con los agentes sociales, a los que ha restado capacidad de negociación. Guillermo Hernández, de ANPE, ha calificado la nueva normativa de «decretazo» y coincide en acusar a Imbroda de querer beneficiar a los centros privados concertados, que considera no son subsidiaros de la pública, sino complementarios.Yolanda Gamero, de Comisiones Obreras, considera que el nuevo decreto es un paso más en la política de liberalizar y privatizar servicios públicos esenciales, como es la educación.

El nuevo decreto de escolarización tampoco ha sido bien recibido por los directores de institutos de Andalucía. ADIAN, una de las asociaciones que los agrupa, no considera oportuno que todo el alumnado pueda tener, al mismo tiempo, la misma puntuación en un centro público de su área de influencia y en uno concertado de una zona limítrofe, como se establece en el artículo 9, apartado 4. «En términos cuantitativos es posible que esta circunstancia no suponga un cambio sustancial, pero, cualitativamente, se está apostando desde la Consejería de Educación y Deporte por la enseñanza concertada».

También niegan que el decreto cuente con el consenso necesario, pues cuando fueron informados del mismo en el mes de octubre ya plantearon que no estaban de acuerdo, y sus opiniones no se han visto reflejadas en la normativa. Y acusan al consejero Javier Imbroda de hacer declaraciones «llenas de prejuicios hacia la enseñanza pública». «No, señor lmbroda, no miramos de reojo a los centros concertados, los miramos fijamente y de frente; y sí, es cierto que debemos centrarnos en mejorar, pero entendemos que todos los centros, con sus direcciones al frente, lo hacen de forma continua. Y queremos entender que usted no habrá querido decir que no lo estamos haciendo y que la enseñanza concertada sí lo hace», ha señalado ADIAN en un comunicado.