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Asaja ha reforzado el personal que tiene en sus oficinas para poder hacer frente a la avalancha de agricultores malagueños que solicitan ayuda en la tramitación de los expedientes para cobrar la PAC (Política Agrícola Común). El dinero que llega desde Bruselas es vital para ... la supervivencia económica de agricultores y ganaderos malagueños. Pero el maná de recursos está ligado a una complicada burocracia, pensada para que cada euro que se mueva esté justificado. En 2022, en la provincia de Málaga, se repartieron un total 84 millones. Una cifra que da contexto de la importancia de esta ayuda. Con lo que no contaban los técnicos de Asaja es que la ya de por sí complicada tramitación de la PAC lo iba a ser aún más debido al gran enemigo del campo de este 2023: la sequía. Muchos agricultores están modificando o retrasando sus expedientes para adaptarlos a esta nueva realidad. Este hecho ha provocado un retraso en la tramitación de los mismos. A día de hoy, en la provincia de Málaga, se han formalizado 13.838 expedientes. En 2022, por las mismas fechas, ya eran 18.302.
«La presentación de solicitudes para la PAC 2023 inició formalmente su plazo el 1 de marzo y estaba prevista su finalización para el 31 de mayo, pero por la dificultad de tramitación de este año y puesto que las aplicaciones informáticas no han estado a punto hasta finales de marzo, se pidió desde el sector la ampliación del plazo hasta el 30 de junio», explica a SUR el presidente de Asaja, Baldomero Bellido.
El 'ok' por parte del Ministerio de Agricultura relajó en un principio la presión que había sobre las entidades colaboradoras, como es Asaja. «Sin esa ampliación, nos hubiera sido imposible tramitar todos los expedientes», asegura Bellido.
Perfecto Matas tiene una finca de olivos en Cartojal, una pedanía de Antequera. En una conversación telefónica con SUR explica el dilema en el que se encuentran muchos agricultores malagueños: «La nueva PAC es muy exigente y establece unos ecoregímenes que hay que cumplir, que hacen referencia a lo que plantas con el objetivo del cuidado medioambiental. Yo tenía previsto plantar girasol a lo largo de varias hectáreas y así lo tenía desarrollado en mi expediente. Con la sequía que estamos padeciendo, plantar girasol no es posible porque equivale a tirar el dinero. Por lo que tengo que empezar desde cero y aún no sé cómo puedo cumplir ahora con las nuevas exigencias planteadas por la Unión Europa».
Las nuevas exigencias para los agricultores y ganaderos también se hacen extensible a la propia tramitación. Todo, dice el encargado para asuntos de la PAC en Asaja, Santiago Sánchez, es ahora más complicado. La Unión Europea contempla un mayor control sobre los expedientes. Tiene que quedar justificado que se cumple con las limitaciones que se han marcado. «La mayoría no es consciente. Vienen a nuestras oficinas y nos dicen que le hagamos lo de siempre. Pero es que lo de siempre ya no basta», asegura Sánchez que la sequía lo complica aún más. «Había agricultores que tenían sus expedientes en sintonía a unos planes de siembra que ya no son. Ahora, con la falta de lluvia, se han dado cuenta que eso equivale a tirar el dinero. Lo mismo pasa con los que tenían pensado dejar cubiertas vegetales. Ahora, con la sequía, eso perjudica al olivar porque se agrieta», expone algunos ejemplos de como el trabajo ya hecho se ha convertido en papel mojado.
La Unión Europea ha cedido ante este panorama y ha diseñado algunas excepciones en las zonas afectadas por la sequía. La semana pasada, la Comisión aprobó un reparto extraordinario de 2.190 millones de euros. En este marco, el Gobierno central también ha decidido prorrogar la reducción de peonadas para acceder al subsidio de desempleo agrario, para poder cobrarlo con diez peonadas, así como la exención de los impuestos sobre la renta y sociedades por las ayudas de la PAC.
La nueva Política Agraria Común (PAC), que entró en vigor el 1 de enero, trae de cabeza a los agricultores y ganaderos. Al aumento de la burocracia por la sequía, se suma el temor de que los cambios sustanciales que plantea la Unión Europea mermen las subvenciones en Málaga. Un temor justificado, según Asaja, que ha calculado que el campo malagueño perderá un 20% de lo que se percibía hasta ahora.
La razón: muchos ganaderos y agricultores lo tendrán más complicado para cumplir con los nuevos criterios que determinan el reparto de ayudas y, por tanto, se quedarán fuera. En 2022, el último año con el cálculo realizado con la vieja PAC, el campo malagueño recibió 84 millones de euros. Con las nuevas coordenadas, estas ayudas se reducirán, según las estimaciones de Asaja, a 67,2 millones. Supone una pérdida de 16,8 millones por año.
Estirando las cantidades que se dejarán de percibir al periodo de vigencia de la nueva PAC, que es hasta 2027, el menoscabo para el campo malagueño se eleva a 67,2 millones. Asaja, Coag y Cooperativas Agroalimentarias no han dejado de criticar el nuevo reparto de las ayudas. En vano. Ahora los esfuerzos se concentran en informar a sus asociados para que se adapten al nuevo marco de la mejor manera posible. La PAC es un sistema de reparto de ayudas que riega a todos los países miembros de la Unión Europea.
Si a las nuevos cambios que plantea la PAC hay que sumarle la sequía, ¿cómo va a afectar a las cantidades a repartir? A esta cuestión contesta Santiago Sánchez, el responsable de Ayudas PAC en Asaja, con décadas de experiencia. En un principio, asegura, el dinero que hay en el 'bote común' es el mismo de siempre. «La sequía y las nuevas exigencias van a influir en que se reciba menos dinero. Me gustaría decir lo contrario, pero no es así», asegura. También lamenta que se haya modificado la «convergencia», que sirve para reducir la brecha entre explotaciones.
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