El Seprona investiga a 16 cargos públicos de Nerja y Coín por vertidos de aguas sin depurar

Se llama 'Vastum' (vertido, en latín) y se inició en 2017 a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción Andalucía en la cual se ponían de manifiesto «graves irregularidades» en el tratamiento de aguas residuales urbanas, que se vierten en el mar o en cauces públicos (ríos o arroyos) sin depurar. Dos años después, esa investigación, en la que trabaja el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, suma ya 16 cargos o excargos públicos de Nerja y Coín investigados por delitos contra el medio ambiente.

La 'operación Vastum' ha alcanzado ya dos de las tres fases previstas. La primera se ha centrado en la localidad de Coín, donde los agentes tomaron declaración el pasado diciembre a cinco ediles o exediles con responsabilidad en el tratamiento de aguas. Entre ellos, están los dos últimos alcaldes del municipio, el socialista Gabriel Clavijo; y Fernando Fernández-Tapias, último regidor electo, que el pasado febrero dejó la vara de mando para hacerse cargo de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (antes, Medio Ambiente), tras desbancar la alianza entre PP y Ciudadanos –con el apoyo de Vox– al PSOE en la Junta de Andalucía. También han sido interrogados en calidad de investigados tres concejales con responsabilidad en las áreas de medio ambiente y saneamiento en el ayuntamiento de Coín entre 2007 y 2017.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Coín, que dirige las pesquisas sobre esta ramificación del caso, ya ha empezado a tomar declaración, también como investigados, a los cargos públicos señalados por la investigación del Seprona en el municipio del Gudalhorce. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron este extremo y aclararon que la jueza ha dado traslado del asunto a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si los vertidos son responsabilidad municipal o si, como indica la doctrina del tribunal europeo, lo son del Gobierno autonómico, en cuyo caso habría que archivar la causa contra los munícipes.

La segunda fase de la 'operación Vastum' del Seprona acaba de terminar y se ha desarrollado en Nerja, donde los agentes han citado a declarar en los últimos días a la actual alcaldesa, Rosa María Arrabal (PSOE), y a los concejales con responsabilidad en medio ambiente e infraestructuras. También han desfilado por el cuartel seis miembros de la anterior corporación, con el exalcalde José Alberto Armijo (PP) a la cabeza y otros cinco ediles o exediles populares, así como a dos gerentes de la empresa pública nerjeña Aguas de Narixa. En total, otros 11 investigados, de momento, policialmente. El atestado ya ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Torrox, que tiene unas diligencias abiertas contra parte de la corporación anterior y la actual, precisaron desde el TSJA.

El tercer vértice de 'Vastum' aún está en fase documental y se centra en la localidad de Alhaurín el Grande, la tercero de las denunciadas en Málaga por Ecologistas en Acción, que considera que estos municipios depositan «de forma continua, dolosa y haciendo caso omiso a los requerimientos de la Administración», tal y como refleja el escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente, al que ha tenido acceso SUR, y en el que pidió que se abrieran diligencias de investigación para los tres casos.

La denuncia de Ecologistas en Acción señalaba la posible existencia de un delito de estafa al considerar que desde 2011, tras su aprobación en la Ley de Aguas de Andalucía, empezó a cobrarse a los contribuyentes un canon de depuración en sus facturas. El colectivo entendía que los ayuntamientos sin sistema de depuración podían estar defraudando a los usuarios al cobrarle una tasa –aunque el destinatario final del canon es la Junta– por tratar el agua cuando, en la práctica, no la sometían a depuración alguna por carecer de infraestructura.

Ecologistas en Acción apuntaba inicialmente a una decena de ayuntamientos andaluces con poblaciones superiores a 15.000 habitantes, los cuales podían estar incumpliendo la normativa, ya que debían disponer de depuradoras desde 2001. De los cinco señalados inicialmente en Málaga, por los que Europa llegó a condenar a España, se quedaron en tres a raíz de la entrada en funcionamiento de la depuradora de Guadalmansa. A partir de ahí, el foco de la investigación se centró en Nerja, Coín y Alhaurín el Grande.

La Fiscalía encargó las pesquisas en 2017 al Seprona, que el 7 de noviembre de ese mismo año remitió un informe preliminar de la documentación obtenida, de la que se deducía «el incumplimiento de la legislación medioambiental» por parte de esos tres municipios en la gestión de sus vertidos de aguas residuales. El 13 de noviembre de ese mismo año, la Fiscalía acordó que se investigaran, por separado, aunque dentro de una misma operación, las tres patas de 'Vastum', que ahora empiezan a llegar al juzgado.

En el caso de Coín, el Seprona constató que las aguas residuales urbanas (domiciliarias, fecales e industriales) se están vertiendo en los cauces de los arroyos Bajo y Mortaja, ambos afluentes del río Pereila, que es un espacio natural protegido, provocando una zona «muerta, sin vida» desde el punto de vista ecológico.

En Nerja, el vertido se hace directamente al mar a través de tres emisarios, dos de ellos submarinos, a la altura de Burriana y Torrecilla, ambos a un kilómetro de la costa, aproximadamente, y a unos 40 o 50 metros de profundidad. El tercero está en el acantilado de Maro, a dos metros del nivel del mar, por encima de la superficie, de manera que el 'collage' de toallitas queda completamente a la vista desde el mar. Este último está a 700 metros del parque natural. Las aguas residuales que vierten al mar los tres emisarios no tienen ni el ciclo primario de depuración.

Para el Seprona, la Fiscalía y Ecologistas en Acción, así como para los muchos particulares que han denunciado esta situación en estos municipios, estos vertidos de aguas sin tratamiento suponen un «atentado» contra el medio ambiente que está destrozando la flora y fauna autóctona –en Nerja, por ejemplo, los vertidos han destruido ya la mitad de una colonia de moluscos que tiene una especial protección– cuya responsabilidad tendrán que depurar los tribunales. El argumento común a la mayoría de los 16 investigados es que esa responsabilidad sería de la Junta de Andalucía, que es quien cobra el canon por depurar el agua y debería dotar de la infraestructura necesaria.