Una sentencia europea abre la puerta a consolidar la plaza de al menos 4.000 interinos malagueños

Hay dudas de que la estabilización –o conversión en fijos– de los concernidos por la sentencia o de quienes están en situación semejante vaya a ser automática. Sobre todo a ojos del Ejecutivo: «La sentencia aborda unos casos concretos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea traslada a los tribunales españoles las decisiones finales al respecto. Por tanto, hay que esperar a ver cómo interpretan los tribunales de aquí lo que sugiere el TJUE», explican a este periódico fuentes gubernamentales.

Bien, pues ya ha habido una sentencia de un tribunal madrileño que ha fallado a favor de una interina de Radio Televisión Madrid que obtendrá la fijeza siguiendo la doctrina del TJUE. Así pues, voces sindicales y de la abogacía consultadas por SUR defienden que se abre una puerta para que las personas que se queden fuera de los procesos de estabilización que inició el Gobierno en 2021 y que terminan a final de año reclamen en los tribunales amparados en la sentencia europea y que lo hagan con seria posibilidad de éxito, como acaba de suceder en Madrid.

Juan Sepúlveda, de CC OO, estima que actualmente en la provincia hay como mínimo entre 3.000 y 4.000 interinos, sumando los que trabajan para la Administración Local, la Junta y el Estado. Precisa que la interinidad sobre todo afecta a los ayuntamientos y, en especial, a los trabajadores autonómicos, en particular a los de la sanidad y la educación. Según cálculos del sindicato, cuando comenzaron los procesos de estabilización para tratar de atajar la elevada temporalidad de la Función Pública, en 2021, el número de interinos en la provincia ascendía a entre 10.000 y 12.000. El Gobierno central se comprometió por entonces con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación a reducir la temporalidad hasta un máximo del 8% a cierre de este año 2024, con diferentes procesos que condujeran a la fijeza de la plaza de trabajadores que cumplieran determinadas características en cuanto a periodos al servicio de la administración y respecto a las plazas que ocuparan.

De los datos de CC OO se desprende que el número de interinos ha bajado a menos de la mitad en estos años en la provincia por las sucesivas pruebas y exámenes que se han ido convocando para reducir la interinidad. Aunque desde este sindicato establecen una salvedad a sus cálculos: afirman que son como mínimo esos 3.000 o 4.000 los que faltan por estabilizar, los que restan por realizar los exámenes conducentes a hacer fija su plaza, porque desconocen cuánta contratación de personal temporal se ha producido a partir del año 2018.

Hacemos el siguiente ejercicio: hay mucho baile de números, pero se calcula que en España podría haber alrededor de 800.000 interinos, cifra que equivale a algo más del 25% de los casi tres millones de personas que hay en todo el país trabajando para el conjunto de las administraciones. Los 4.000 que restarían por regularizar en la provincia suponen apenas un 4,5% de los casi 86.000 efectivos trabajando para el sector público (sumando los 11.771 del Estado central; los 53.600 de la Junta; y los 20.596 de los ayuntamientos). Si en Málaga hubiera un porcentaje semejante de interinidad a la que se calcula para el Estado, ese 25%, en número en efectivos serían más de 21.000, cifra que CC OO descarta por ser muy abultada.

Desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública señalan que el compromiso adquirido con Bruselas a través del Plan de Recuperación es la consolidación de 300.000 interinos entre 2021 y hasta finales de 2024. Es una cifra que correspondería a un 10% de todos los trabajadores al servicio de las administraciones que hay en España (los ya referidos tres millones). Si también en Málaga fueran un 10%, la cifra total de interinos de partida sería de algo más de 8.500. De esos 300.000, el Gobierno asegura que ya se han estabilizado el 75%. De ser la misma proporción ya fija en la provincia, quedarían por convertirse en funcionarios de pleno derecho algo más de 2.100.

Según Antonio Márquez, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Málaga, si bien es a los interinos a los que afecta directamente la sentencia del TJUE, también influye al personal laboral –a diferencia de los interinos, que sí han superado pruebas para entrar en la Administración, éstos no, sólo han sido contratados–.

De nuevo, una extrapolación. Según el último boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones, hay algo más de 640.000 efectivos enmarcados dentro de los contratados por el sector público, esto es, algo más de un 20% de los tres millones de trabajadores que en total tienen las administraciones públicas. De responder en Málaga a esta proporción, habría un contingente de personal laboral de más de 17.000.

Sean 2.000, 4.000 o más de 20.000 las personas en Málaga concernidas por la sentencia, ¿tienen posibilidades? Fuentes sindicales admiten que de su lectura se puede extraer que se abre la puerta para que quienes queden fuera de los procesos de estabilización reclamen la fijeza por la vía judicial, argumento que gana fuerza después de la sentencia que hace fija a la trabajadora madrileña por parte de un tribunal que reiteradamente había fallado en sentido opuesto antes de que el TJUE se pronunciara como lo ha hecho. Pero en particular CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) llamaba a la cautela y a que no se generaran «falsas expectativas», si bien admitía que la sentencia europea marca que los tribunales españoles tienen la posibilidad de modificar la jurisprudencia para atender situaciones como las de los casos a que se refería el texto.

El catedrático Márquez, si bien afirma que la sentencia no tiene por qué tener un efecto ni directo ni para todos los casos, agrega que puede provocar algún cambio más profundo, que puede venir de dos vías: el Supremo o el propio Gobierno, que puede impulsar modificaciones normativas. Si bien hay que atender a que la fijeza automática contraviene la Constitución –establece que el acceso a la función pública se realiza por mérito y capacidad–, Márquez señala que puede legislarse a favor de la estabilización de manera excepcional.

Lo que aducen desde el departamento que dirige José Luis Escrivá es que se va a abordar la cuestión a partir de un debate de calado sobre el problema de fondo, que es la «excesiva temporalidad» y a través de dos medidas: la eliminación de la tasa de reposición, «perversa» porque ha aumentado la temporalidad y la precariedad; y, por otro lado, con la reducción de plazos en los procesos de convocatorias de acceso.

Precisamente, desde CSIF reclaman el fin de la tasa de reposición, pero también el endurecimiento de las medidas contra las administraciones que no cumplan y anuncian que denunciarán a las que abusen de la precariedad. También demandan que concluyan los procesos de estabilización que se iniciaron en 2021, aunque se declaran «preocupados» porque la temporalidad en la administración siga aún en el 30%.