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Las comunidades de propietarios se enfrentan a un laberinto normativo para poder abrir las piscinas en el actual contexto de sequía severa. Con la Semana Santa a las puertas, que marca el inicio de estas instalaciones en la Costa, los administradores de fincas de Málaga denuncian que la maraña normativa no les permite saber a estas alturas si estarán autorizados para rellenarlas o para abrirlas a los vecinos.
El problema está en que el Decreto de Sequía de la Junta de Andalucía y los bandos de los ayuntamientos sobre el uso del agua son muchas veces contradictorios, según denuncia el presidente del Colegio, Manuel Jiménez Caro. Ello genera no sólo inseguridad jurídica sino también una elevada conflictividad vecinal. Se da el caso de que, en función de la interpretación que cada administrador haga de la norma, en la misma calle habrá unas que estarán abiertas y otras cerradas, como ya ocurrió el pasado verano en la Axarquía. Y con ello, volverán las rencillas y los conflictos de convivencia que ya hubo entonces.
«Con las altas temperaturas, muchas comunidades ya están pidiendo preparar las piscinas para abrir en Semana Santa (el 24 de marzo es Domingo de Ramos) y no sabemos qué decirles», se lamenta. Y es que el último decreto de la Junta solo concreta que las piscinas se pueden llenar si son de nueva construcción, si se han hecho obras y para el rellenado de las mermas. Estas se estiman en un 2-3% diario, lo que, en la práctica, supone que haya que llenarlas por completo de dos a tres veces a lo largo de toda la temporada estival.
En este punto entran los bandos municipales, que son diferentes en función de cada consistorio. Muchos de estos autorizan el empleo de cubas de agua para este fin, lo que en la práctica permite abrir; pero en este punto entra en escena el Decreto Técnico Sanitario de la Junta de 2019, que impone que ese agua debe ser tratada previamente, en un depósito separado del vaso de baños; o bien en el vaso, lo que implica tener que cerrarla de dos a tres días... En pleno verano.
En los casos más sangrantes, algunos gestores públicos del suministro están retirando o precintando los contadores, como ocurre en Rincón de la Victoria y Benalmádena, entre otros, tal y como observa el vicepresidente de la institución, Manuel Díaz. En estos casos, en la práctica el recinto no estaría operativo, porque la normativa dice que obligatorio que haya baños y duchas.
«Si retiran el contador de la piscina que suministra a los baños y las duchas, que son obligatorios, lo que hacen en la práctica es cerrarla, pero sin el coste político que supondría un cierre expreso, y la responsabilidad es para los administradores de fincas». En el caso de la ciudad de Málaga, está prohibido el riego, mientras que el rellenado está limitado al empleo de agua no potable (mediante cubas), pero no se han retirado los contadores.
En varios municipios costeros ya se advierte de que la manipulación de precintos se denunciará al Seprona, mientras que en la capital las multas van desde 6.000 euros. Además, los depósitos supletorios son costosos y requieren instalaciones, que necesitan tiempo y espacio; y a ello se añade la especulación con las cubas: si a principios del verano pasado costaban 100-110 euros, a finales de la temporada ya se habían disparado hasta los 600 euros.
La casuística a lo largo de la Costa es amplia, y tampoco se sabe cómo afecta a las comunidades que tienen pozos propios o al uso del agua del mar, que es otra opción que se baraja. Preguntados sobre esta posibilidad, los administradores admiten que está sobre la mesa, aunque habría que adaptar los sistemas de clorado y filtrado, además de las cuestiones ya comentadas en cuanto a los tratamientos in situ o el empleo de depósitos supletorios. «A día de hoy no sabemos si podemos usar agua captada en el mar».
Por todo ello, el Colegio de Administradores de Fincas reclama a las administraciones «una normativa clara y contundente» para el uso del agua en las zonas comunitarias, «coordinadas entre todos los municipios y supervisadas por la Junta». En este punto, el presidente colegial aclara que ellos no presionan para que se pueda abrir, sino que si tiene que haber una prohibición expresa por la situación de alarma, que se haga. «Somos conscientes de lo importante que es el agua para el consumo humano y de que hay un problema grave de sequía, por eso pedimos claridad y contundencia, porque nosotros somos los responsables de que se cumpla la norma».
«Al final, habrá unas piscinas abiertas y otras cerradas y eso genera problemas vecinales, necesitamos normas claras», reclama Manuel Jiménez Caro, y advierte de que, a día de hoy, no saben si es conveniente recomendar a sus clientes que hagan las obras necesarias ni contratar las analíticas y el personal necesario. «La Semana Santa es el inicio de la temporada y esta ahí, tienen que tomar decisiones cuanto antes».
«No debe ser imposible que la Mesa de la Sequía acuerde una uniformidad en los bandos y con la normativa andaluza, de la mano de los administradores de fincas. La falta de agua afecta a toda la provincia y las cuencas están interconectadas; por eso no tiene sentido que haya distintos bandos en cada ayuntamiento».
Por ello, el presidente de los administradores de fincas pide superar «el coste político que tendría una medida impopular para los alcaldes», como es decir que las piscinas no se podrán abrir este verano. Mientras, esta situación hace que sean estos profesionales los que tengan que dar la cara ante los vecinos. «Si se tienen que, cerrar que se cierren», sentencia.
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