La sanidad pública andaluza sumaría un 3% más de usuarios si cae Muface

De acuerdo con ese mismo análisis elaborado por el Ministerio de Sanidad, hay diferencias entre comunidades autónomas en lo relacionado con el impacto que tendría la incorporación de la población mutualista de Muface que en la actualidad recibe asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas. Y señala que de todas ellas, «Andalucía, Castilla y León y Extremadura se caracterizan por estar entre las que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje». Estos territorios son, además, los que tendrían una mayor incorporación relativa de mayores de 65 años.

De acuerdo con el último anuario de Muface, correspondiente al año 2023, en la comunidad autónoma andaluza ahora mismo hay un total de 322.868 personas cubiertas por ese concierto, de las que algo más de 62.000 han optado ya por la sanidad pública -los funcionarios acogidos a este sistema, que son, fundamentalmente, del sector educativo, de la Administración General del Estado y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden optar entre las aseguradoras privadas y la sanidad pública de su autonomía-. Esto significa que el colectivo mutualista que pasaría al Sistema Andaluz de Salud (SAS) ascendería a algo más de 260.000 personas.

De acuerdo con cálculos del Ministerio de Sanidad, ello implicaría un incremento del 2,94% en el número de personas que tendría que atender el SAS. Es el tercer porcentaje más elevado de España, sólo por detrás de Castilla y León (3,12%), que incorporará cerca de 76.700 personas ahora atendidas por las aseguradoras privadas del total que rebasa las 110.000 bajo el esquema Muface; y por detrás de Extremadura (cerca de 32.500 nuevos usuarios de la sanidad pública ahora atendidos por aseguradoras privadas).

Por provincias, dentro de Andalucía, Málaga ocupa el segundo puesto en potencial aportación de usuarios al SAS, con alrededor de 50.000 personas (mutualistas son un total de 60.000 en la provincia, de los que algo más de 9.700 ya están en la sanidad pública). Le supera Sevilla, con 62.000 personas más pasando al sistema público andaluz de salud.

En términos porcentuales, en Málaga el porcentaje en que se vería incrementada la población asistida por el sistema andaluz de salud llegaría al 3,1% (es lo que suponen las 50.000 personas frente a los algo más de 1,6 millones atendidas en la actualidad).

En términos relativos, en porcentaje, Andalucía es la tercera autonomía en la que más personas -entre funcionarios y sus familiares- pasarían a la sanidad pública; pero en términos absolutos, es la primera, por delante de Madrid (algo más de 168.000 mutualistas).

En el conjunto de España, el incremento de usuarios de los respectivos sistemas sanitarios autonómicos se calcula en un 2,12% (1,08 millones; los restantes hasta los 1,537 millones de beneficiarios de Muface están ya atendidos por la sanidad pública).

El Ministerio de Sanidad esboza que si el 65% del total de las personas mutualistas son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria y un 17% pertenecen a algunos cuerpos de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas donde hay una mayor representación de mutualistas de Muface son aquellas que o bien tienen una ratio superior de docentes por población o bien tienen una mayor presencia de funcionarios de la Administración General del Estado.

Baleares, Cataluña, Euskadi y Navarra son, por el contrario, las comunidades autónomas cuya población mutualista de Muface con asistencia sanitaria privada supone menos de un 1,2% del total de la población existente en sus respectivos sistemas públicos de salud.

Precisamente, en este 1,2% es donde coloca el departamento de Mónica García la cifra de incremento anual de la población que puede afrontar una comunidad autónoma. En el caso de Andalucía, ya se ha citado que el ascenso que se calcula se acerca al 3%.

Desde la Junta, la consejería de Sanidad ya se ha pronunciado sobre este asunto: asegura que Andalucía, como el resto de las comunidades autónomas, está a la espera de indicaciones del Ministerio sobre el conflicto entre Muface y las aseguradoras privadas. Pero, acto seguido, afirman que como sistema sanitario se encuentran «preparados» para asumir a los nuevos usuarios, si bien deslizan que son conscientes de cómo aumentaría la necesidad asistencial y que, ante ello, están «expectantes» respecto a las posibles soluciones que desde el Gobierno central se darán a todas las partes. A este respecto, la propuesta que realiza el Ministerio de Sanidad pasa por que »la financiación que iría destinada a la provisión de la asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras privadas a los mutualistas de Muface será transferida, de manera capitativa, a las comunidades autónomas para su inversión, con carácter finalista durante los primeros tres años, en los respectivos servicios autonómicos de salud«. Y agrega el Ministerio: «Es importante señalar que el coste marginal de la incorporación de este porcentaje de población a la cobertura sanitaria de provisión pública no es el mismo que el coste medio total, siendo inferior a este».

La licitación que quedó desierta contemplaba una oferta de 1.337 millones de euros para 2025 y 1.344 millones de euros para 2026. Si estas cantidades se dividen entre los 1,1 millones de personas atendidas por el sector privado de Muface, resulta a alrededor de 1.200 euros por persona.

El documento publicado por el Ministerio de Sanidad también precisa cómo están repartidos por edad los mutualistas que son usuarios de los servicios de las aseguradoras privadas: en Andalucía, el 14,29% es población pediátrica -entre cero y catorce años-; el 14,32% es población joven (entre 15 y 34 años); el 42,71% tiene entre 35 y 64 años; y el 28,68% es mayor de 65 años.

Pero se da la circunstancia de que Andalucía será la comunidad autónoma que en mayor medida se incrementarán porcentualmente las personas de más de 65 años atendidas por la sanidad pública: el número de usuarios crecerá un 4,57%. Con respecto a esta cuestión, el Ministerio de Sanidad señala que si bien la población de Muface tiene una edad media superior (o una representación mayor de los segmentos etarios más avanzados) que la de la población general, «el estado de salud de los mutualistas es mejor que el de las personas no mutualistas de su misma edad».

Si las comunidades autónomas -o al menos la andaluza- no han planteado batalla al Gobierno central -o al menos por el momento-, quien sí lo ha hecho ha sido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que se opone frontalmente a la posibilidad de que se acabe el esquema Muface y que la alternativa sea la sanidad pública: «No vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión», asegura el sindicato a través de un comunicado. «CSIF exige a Función Pública que rectifique al ministerio de Mónica García y presente una nueva licitación para el concierto con las aseguradoras, tal y como se comprometió en la última reunión del Consejo General de Muface, que garantice la calidad de la asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios para los próximos años», continúan.

Ahora mismo CSIF valora las movilizaciones que puede llevar a cabo y que pueden llegar a una huelga en la función pública. «El Gobierno está jugando con la tranquilidad y la salud de un millón y medio de personas, funcionarios y sus familias que en estos momentos ven con incertidumbre el futuro de su asistencia sanitaria», concluye el comunicado.