Salado pide al Gobierno que aprenda de su derrota en la votación sobre el ahorro municipal

«Lo que mal empieza mal acaba», ha reflejado Salado en sus redes sociales, donde ha recordado que las instituciones locales son las más cercanas a los problemas y necesidades de los vecinos y las que más rápido han reaccionado para combatir la crisis provocada por la pandemia.

«No era justo, serio ni eficaz confiscar los ahorros de los ayuntamientos y diputaciones para tapar la nefasta gestión del Gobierno en esta pandemia -subrayó Salado-. ¿Quién nos garantizaba que el dinero de los malagueños no iba a dedicarse a comprar de nuevo el apoyo de los independentistas catalanes y vascos?».

En ese sentido, señaló que ya se ha visto con el reparto de fondos Covid que el Gobierno prima a unos territorios y castiga a otros, «como ha pasado con Andalucía».

En su opinión, este fracaso debería hacer dimitir al presidente de la FEMP, Abel Caballero, que en su opinión utilizó el cargo para hacer campaña personal en el PSOE y entregar a los ayuntamientos y diputaciones de España a los intereses de su partido.

«Los ayuntamientos y las diputaciones somos los primeros que queremos colaborar en la lucha contra la crisis sanitaria y económica, pero esperamos y demandamos lealtad institucional y una negociación seria y justa por parte del Gobierno, no este ordeno y mando rechazado por la gran mayoría de alcaldes, incluso muchos socialistas», afirmó.

Para Salado, con la votación de este jueves en el Congreso ganan los españoles y la Constitución, que consagra la autonomía local. «Ojalá el Gobierno empiece a respetar nuestra Carta Magna y no se dedique a sabotearla y dinamitar la relación entre las instituciones», dijo.

En el caso de la Diputación, Salado aludió a que espera que el Gobierno permita invertir los casi 29 millones de euros de los que dispone en ayudas, obras e infraestructuras «que crearán empleos y apoyarán a las familias que peor lo están pasando en este año tan terrible».

Por ello subrayó también la necesidad de crear un fondo extraordinario para los ayuntamientos y Diputaciones, como se ha hecho con las comunidades autónomas.