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Unicaja Banco pone fin a su papel en el negocio concesional de autopistas tras completar ahora la venta a Sacyr de su 30% en la sociedad Autopista del Guadalmedina (Guadalcesa), que explota la vía de peaje de Las Pedrizas desde 2011. La entidad financiera cerraba el pasado jueves pasada otra operación similar con la venta al fondo de inversión francés Meridiam de su 20% en Ausol, la concesionaria de la vía de pago entre Málaga y Guadiaro. En este caso, obtenía una plusvalía neta de 112 millones mientras que Cintra, filial de Ferrovial y socio mayoritario, se anotaba 474 millones con la venta de un 65%.
La operación de Las Pedrizas, cuya cuantía no ha trascendido, también ha aportado a la cuenta de resultados del grupo Unicaja, según fuentes conocedoras de la operación. Esta compraventa se ha llevado a cabo en dos fases, una en marzo, en las que el banco vendió un 15%, y otra recientemente por igual volumen. La filial de Sacyr, que hasta ahora poseía el 40%, se hace con el pleno control de la concesionaria, pues además de adquirir toda la participación de Unicaja cerró en 2017 la compra del restante 30% de Abanca, el banco gallego que se implicó ya desde la construcción en el proyecto de la mano de Sacyr y heredó la participación que tomó la antigua Novacaixagalicia. Unicaja y Abanca suscribieron en su día un pacto de venta de sus participaciones a Sacyr que ahora cierra su calendario.
La desinversión de Unicaja Banco en las dos autopistas de Málaga -las únicas de este tipo de actividad junto a un 4,5% que tenía en la autopista Cartagena-Vera, en liquidación- se produce en un contexto de gran interés de fondos de inversión internacionales en entrar en la explotación de infraestructuras en España. Esa coyuntura favorece también las oportunidades para las grandes operadoras del sector, como es el caso de Sacyr y de Ferrovial, en sus planes para obtener mejores plusvalías a la hora de dar rotación a sus activos a partir de concesiones maduras, pero con grandes expectativas de crecimiento, como es el caso de la autopista de la Costa del Sol y de Las Pedrizas. La primera de ellas comprende Ausol I, entre Málaga y Estepona, que abrió al tráfico en 1999 y cuya concesión expira en 2046, y Ausol II, hasta Guadiaro, una concesión que entró en servicio en 2002 y final de concesión en 2054. Por sus peajes pasan a diario una media total de 36.000 vehículos. En 2017, Ausol ingresó por peajes 58,5 millones y logró un resultado bruto de 50 millones de euros, en los que se incluyen 33 millones de ingresos extraordinarios por compensaciones a la concesión.
En el caso de la AP-46 el escenario es diferente. Si bien comparte con la vía rápida costera una positiva evolución en volumen de tráfico, la deuda lastra aún sus resultados. Entró en servicio en 2011, en plena crisis, tras una inversión de casi 400 millones de euros y con un periodo de concesión es de 30 años. Es una de las obras de su clase más costosas del país, y se diseñó como alternativa a la A-45 y un volumen de tráfico de hasta 23.000 vehículos diarios. Sin embargo, las cifras siguen lejos de ese objetivo aunque con crecimientos acumulados después de los años de la crisis. En septiembre de 2018, además, Sacyr mejoró la factura de los costes financieros del proyecto con una emisión de bonos entre inversores internacionales por valor de 229 millones. Actualmente una media diaria de 15.000 vehículos circulan por el peaje de la AP-46, la autopista que más tráfico ganó el año pasado en España con un incremento muy superior al de la A-45, la autovía de libre uso que cubre el mismo trayecto. Entre ambas suman una media diaria de 56.627 vehículos. En 2017, Guadalcesa ingresó por peajes 15,3 millones y registró un resultado negativo de 2,9 millones, el peor desde 2014, de 2,7 millones.
La concesionaria estará ahora sólo en manos de Sacyr, que podría asumir en solitario o junto a otros inversores el compromiso a medio plazo de invertir unos 25 millones de euros para construir dos nuevos accesos, con Casabermeja y con la ronda oeste, en la zona norte de Málaga, para poder captar más tráfico y mejorar su explotación. El coste de estas mejoras, autorizadas por Fomento y pendientes de un proyecto que tendría que ejecutarse en año y medio, no se cargará sobre recursos públicos ni de la concesionaria, sino a los usuarios. El peaje actual, que oscila entre los 3,40 euros durante la mayor parte del año y los 5,20 en temporada alta se verá aumentado con 1% anual acumulable durante los próximos 14 años. Asimismo, el Gobierno permitirá a la concesionaria aplicar la tarifa estival durante 250 días al año, en lugar de los 139 actuales al tiempo que amplía la concesión actual a un tramo de la hiperronda con el que conecta esta vía.
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