Ricardo Oliveros, secretario de FSIE, sindicato de la concertada: «No somos enemigos de la enseñanza pública»

–Una de sus reivindicaciones históricas ha sido la equiparación salarial con los profesores de la pública. El consejero Imbroda se comprometió en avanzar en esa dirección. ¿Se han cumplido todas las promesas?

–El profesorado de los centros concertados andaluces recibe sus retribuciones directamente de la Consejería de Educación. Estamos en permanente lucha por conseguir una total equiparación salarial con los profesores de la pública. Como dice, el consejero nos anunció en otoño pasado una hoja de ruta que aún no se ha puesto en marcha: íbamos a iniciar en el primer trimestre las negociaciones para establecer un complemento de formación (los denominados 'sexenios') sin que a día de hoy tengamos la más mínima propuesta por su parte.

–Bueno, reconocerá que al menos se ha avanzado en el caso de la jubilación anticipada...

–Sí, aunque han 'vendido' algo que no es real. Un profesor de la concertada no se puede jubilar a los 60 años como el de la pública; ahora mismo tiene que tener 61 años y 8 meses. Y en realidad se trata de una jubilación parcial, no anticipada como los funcionarios de la enseñanza pública, con un contrato de relevo, con una reducción de jornada máxima del 50 por ciento. Hubiéramos deseado, y en esto vamos a seguir trabajando, que se dote a los centros de las siete horas necesarias para completar la jornada al relevista con el fin de que el jubilado parcial pueda acceder a la modalidad del 75 por ciento de jornada, como establece y permite la legislación nacional, o que al menos se deje la posibilidad de que trabajador y colegio lleguen a un acuerdo.

–Otro asunto pendiente con la Junta es la ampliación de los conciertos a Bachillerato y FP, ¿cuál es la postura de su sindicato?

–Nosotros vamos a defender informes favorables a las solicitudes de concertación de unidades en Bachillerato y FP. Instaremos a que se suprima el artículo de la orden de conciertos del anterior gobierno socialista, que limitaba estos acuerdos, pues consideramos lesivo al principio de libre elección por parte de las familias la limitación que se impone al número de unidades susceptibles de concertación en estas enseñanzas. Según nuestro criterio, deben concertarse si existe demanda social de las mismas. Y hay que recordar que el acuerdo de gobierno PP-Ciudadanos recoge expresamente la implantación progresiva del Bachillerato concertado.

–Por lo que comenta, su valoración del nuevo gobierno andaluz, y en concreto del consejero de Educación y Deporte, parece que no es muy positiva...

–La valoración del nuevo equipo de la Consejería no puede ser positiva, pues no ha afrontado, y ya llevan un año de gobierno, eliminar las graves discriminaciones que siguen sufriendo las familias que deciden escolarizar a sus hijos en la escuela concertada.

–¿En qué se concreta esta discriminación a la que alude?

–Mire, seguimos con normativas de gobiernos socialistas anteriores que regulan las actividades escolares complementarias, extraescolares y servicios complementarios. Se perpetúa una discriminación en vez de articular las medidas necesarias para el acceso de los alumnos concertados a las ayudas para los servicios de transporte escolar, comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares en función de los ingresos de la unidad familiar, en idénticos términos y cuantías a los establecidos para la enseñanza pública.

–Pero a ustedes, como profesores, ¿en qué les afecta que se bonifiquen extraescolares o comedor?

–Pues porque afecta a la elección de centro por parte de las familias. La libertad real de elección de las familias del centro que quieren para sus hijos, disponiendo de todas las ayudas independientemente del tipo de colegio que escojan, es la única garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo de los profesionales de los centros privados concertados de nuestra comunidad.

–Asistimos en estos momentos a una revisión y cuestionamiento de acuerdos y consensos constitucionales, como el de la educación. ¿Les genera inquietud que la educación se convierta en tema de enfrentamiento ideológico?

–Hay que recordar que la Constitución del 78 tuvo, entre sus grandes retos, el de llegar a un consenso significativo en relación a la educación. Y, en este sentido, el artículo 27 consiguió ensamblar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Por esto resulta hoy paradójico asistir al enfrentamiento, auspiciado por ciertas organizaciones de marcada ideología de izquierdas, entre el derecho a la educación versus libertad de enseñanza. ¿Qué se esconde tras este intento de contaminar a la sociedad española con el pensamiento erróneo de que la libre elección de las familias va en detrimento del derecho a la educación? ¿Por qué ese enconamiento en romper el consenso constitucional en materia educativa, que ha permitido avanzar a nuestro país y mejorar el sistema educativo en estos últimos 40 años?

–Se hace más necesario que nunca el esperado pacto por la educación...

–Debemos defender el consenso constitucional por encima de enfrentamientos ideológicos. Por esto es tan necesario este pacto que reclamamos los profesionales de la Educación. Durante diez años fui director del colegio La Presentación, y otro más jefe de estudios. En esos once años tuvimos siete cambios legislativos en materia educativa. De esta manera es imposible avanzar.

–Y ahora viene otra ley, que ya prepara la ministra... ¿Qué espera del nuevo Gobierno?

–En la LOMCE, la ley del ministro Wert, conseguimos introducir el concepto de demanda social para evitar la pérdida de unidades en la enseñanza concertada. Esperamos que se respete ese acuerdo, y lucharemos para que no se pierda ni una unidad. Si hay demanda de plazas en los centros concertados, no se pueden cerrar unidades. Así lo ha reconocido la Junta de Andalucía, que contempla la demanda social como elemento para garantizar las plazas concertadas.

–Todos los sindicatos se han mostrado contrarios al denominado 'pin parental'. ¿Qué valoración hace usted de esta polémica?

–Hay interés de que la educación siga siendo baza política y campo de batalla ideológica. Coincido con lo dicho por el consejero Imbroda, cuando afirmó que el 'pin parental' no es necesario. La polémica política no se corresponde con la realidad educativa en nuestros colegios concertados, pues en la práctica totalidad tenemos un ideario y un proyecto educativo.

–¿Cree que hay competencia entre la enseñanza pública y la privada?

–Somos profesores, tanto en una como en otra. Somos la misma red, la concertada no es subsidiaria de la pública, como dejó sentenciado el Tribunal Supremo. No atacamos a la pública, no somos enemigos. Tenemos que coexistir y convivir. No queremos ser ni más ni menos, sino iguales.

–La Junta prepara una modificación de las zonas de escolarización, para que en todas quede incluido un centro concertado. ¿Qué le parece esta medida?

–Las zonas de escolarización están bien diseñadas y no había problema. Con esta modificación lo que esperamos es que no perjudique ni a la pública ni a la privada. En la práctica va a tener poca repercusión, porque los centros concertados cubren el 99 por ciento de sus plazas con el alumnado de su zona.