Hay que remontarse al pasado 17 de enero de 2022 para entender la complejidad del problema que ahora amenaza a los profesores de la enseñanza ... concertada en Andalucía. El entonces consejero de Educación, Javier Imbroda, firmaba un acuerdo muy ansiado por los sindicatos. La Junta se comprometía, vía presupuestos, a asumir los pagos a la Seguridad Social correspondientes para desbloquear así la jubilación parcial de los docentes que cumplían con los requisitos de los años cotizados. El acuerdo contemplaba asumir los costes de la rebaja de la jornada laboral del 50%, además de correr con los gastos de contratación del llamado profesor relevo. Una figura imprescindible y por partida doble. Por un lado, se evitaba un desequilibrio en la carga laboral. Por otro, se contribuía al ansiado rejuvenecimiento de las plantillas. Desde entonces, según los datos aportados a SUR por la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), unos 1.300 profesores han disfrutado de esta jubilación parcial. Algo que podría tener los días contados si la Consejería de Educación no se adapta a la reforma de las pensiones que el Gobierno central pactó con los sindicatos y patronal, y que entrará en vigor el 1 de abril.
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Adaptarse significa, en este caso, asumir los sobrecostes ligados a las prejubilaciones, que han cambiado en forma y fondo. Según el real decreto ley para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, ahora se puede anticipar a los tres años y con reducciones de van del 20% al 33% el primer año y de un 25% al 75% en los dos años siguientes. A efectos prácticos, abre la posibilidad de pasar de una jubilación parcial del 50% a una del 75% en los últimos dos años de actividad laboral. Aquí radica el primer sobrecoste para la Consejería de Educación.
El segundo está en la nueva regulación de la figura del profesor relevo, que también experimenta cambios. Si hasta ahora era posible la contratación a tiempo parcial, a partir de abril, con intención de mejorar las condiciones laborales de los docentes, este profesor relevo tendrá que ser contratado de forma indefinida y a tiempo completo. Entonces, si las cotizaciones a la Seguridad Social del profesor parcialmente jubilado y del nuevo sustituto indefinido son abonadas por la Junta de Andalucía, significa que la administración autonómica tiene que asumir más gastos para mantener la jubilación parcial de los profesores de la concertada.
La urgencia de los plazos apremia. El actual acuerdo entre sindicatos y Consejería de Educación cumple el 31 de marzo. En la última renovación del mismo, firmada en diciembre, las partes acordaron que no tenía sentido ir más allá en el tiempo, teniendo en cuenta que ya se conocían los cambios previstos en la reforma de las pensiones. El sindicato FSIE pidió a la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, el pasado jueves, que convoque «a la mayor brevedad» a la comisión de seguimiento para atender esta problemática y encarrilar la firma de un nuevo acuerdo con la Consejería de Educación que esté en sintonía con la reforma de las pensiones.
El tiempo corre, pero aún habría margen para evitar un naufragio para la comunidad docente de la concertada. Al menos, es lo que señala el secretario general de FSIE Andalucía, Rafael Martínez, en una conversación con SUR. «Si hay voluntad política, el acuerdo se cierra en menos de una semana», sostiene. El problema está en que, al menos hasta ahora, Martínez no detecta que exista esta voluntad política. «Sospechamos que la administración no está dispuesta a asumir este sobrecoste a partir del 1 de abril», añade y se muestra tajante: «Como no se haga un nuevo acuerdo que empiece a partir de esa fecha, no hay jubilaciones parciales del profesorado de los centros concertados».
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Este periódico ha consultado a la Consejería de Educación sobre las intenciones que tiene en este asunto. «Se verá en la comisión de seguimiento, en la que están la patronal, que es quien contrata a los trabajadores, los sindicatos y la administración», se limitan a señalar fuentes oficiales de Educación. Precisan, además, que aún no hay una fecha fijada para esta reunión de la comisión de seguimiento.
Martínez asegura que llevan meses advirtiendo y pidiendo a la Consejería que se tomaran pasos para evitar llegar a esta situación. El pasado mes de octubre, FSIE ya remitió una propuesta en la que se contemplaba subir la jubilación parcial de los profesores al 75% y la contratación del relevista a jornada completa. «Hubiera significado adaptar la jubilación parcial a la nueva normativa», resalta el secretario general de FSIE y recuerda que la nueva reforma de las pensiones contó con el voto a favor del PP. «No tiene sentido que digas que sí en el Congreso, pero luego no lo quieras aplicar en tus territorios», sentencia.
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Preguntado por cuántos docentes se podrían ver perjudicados si finalmente no se llega a un acuerdo, Martínez estima que en la provincia de Málaga podrían ser entre 70 y 80 docentes en 2025. Además, teme que si no se llega a un acuerdo ahora, tampoco se logrará para el 2026. «Seria cambiar el horizonte laboral a muchas personas», sentencia Martínez.
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