La reforma laboral pone a prueba los refuerzos de personal de la temporada alta en Málaga

Antonio Javier López

Martes, 12 de abril 2022, 00:58

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La paulatina recuperación de la economía malagueña sigue mirando con un ojo a la crisis sanitaria y, con el otro, al aumento de los costes de producción, la inflación disparada, el incremento de la factura energética y la invasión rusa en Ucrania. En medio de esas arenas movedizas, uno de los cimientos más consistentes para mantener el optimismo llega desde la reactivación del mercado laboral. No en vano, la provincia ya tiene menos parados que antes de la pandemia.

Ahora, esa tendencia encuentra una nueva prueba de resistencia con la plena entrada en vigor de la reforma laboral y la llegada de la temporada alta turística. Porque la norma elimina una de las fórmulas de contratación más extendidas entre las empresas malagueñas –el contrato por obra y servicio– para el refuerzo estacional de sus plantillas. Sectores como la construcción y la hostelería ya vislumbran las posibles consecuencias que puede tener en la creación de empleo.

La reforma laboral se aprobaba a finales del año pasado con el objetivo de reducir la temporalidad en el empleo y lograba el consenso entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. La norma dejaba a las empresas un periodo de tres meses para hacer efectiva su aplicación. Durante ese tiempo, podían seguir firmando contratos temporales, pero con una duración máxima de seis meses. Desde el pasado 1 de abril, el cambio legal ya está vigente en su totalidad y establece de partida como modelo de contratación la relación indefinida entre la empresa y el trabajador. En este nuevo escenario cobra mayor protagonismo el contrato fijo-discontinuo, convertido en alternativa al de obra y servicio, que desaparece.

Así, la contratación temporal queda limitada a dos situaciones. La primera se refiere a la posibilidad de que haya picos de actividad «ocasionales e imprevisibles» o bien «oscilaciones» en la carga de trabajo, incluyendo la sustitución del personal fijo que esté de vacaciones. La segunda atiende a los incrementos de actividad «ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada». En este segundo caso, el contrato no podrá superar los 90 días al año ni podrá cubrir ese periodo de manera consecutiva. Como tercera vía, quedan los contratos de formación, también con límites temporales.

La primera consecuencia práctica de la entrada en vigor de la reforma laboral ha consistido en la conversión de muchos contratos temporales en indefinidos. De hecho, en Málaga casi 10.000 relaciones laborales (9.801, para ser exactos) han eliminado su fecha de caducidad entre enero y febrero de este año, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La cifra deja a Málaga como la quinta provincia española con mayor volumen de conversiones en este periodo, sólo por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante.

Además, el 95,31% de esas conversiones en contratos indefinidos en Málaga eran antes acuerdos por obra y servicios o por circunstancias de la producción, dos modalidades de contratación mayoritarias en la construcción y la hostelería. «Es una reforma laboral que ha dejado de lado a nuestro sector», lamenta el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos). Javier Frutos.

«Ahora hay mucho desconcierto, a la mayoría de los eventuales vamos a pasarlos a fijo-discontinuo, intentando coger las temporadas altas de cada restaurante», explica el representante del colectivo que cuenta con 800 asociados en la provincia. «Nos alegramos de que la medida sea fruto del diálogo social, pero la norma no se adecua a las necesidades de nuestra actividad», critica Frutos.

Mientras la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) prefiere no valorar la aplicación de la reforma laboral en Málaga, desde la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) plantean un discurso en una línea muy similar al ofrecido por los empresarios de hostelería. «La consecuencia es clara: hemos tenido que cambiar la fórmula de contratación, pasando los contratos por obra a indefinidos, aunque la esencia de nuestra actividad no puede cambiar, dependemos de los tajos que estén abiertos», sostiene la secretaria general de la ACP, Violeta Aragón.

De hecho, la reforma laboral menciona de manera específica al sector de la construcción para fijar la obligación por parte de la empresa de ofrecer al trabajador «una propuesta de recolocación, previo desarrollo, de ser preciso, de un proceso de formación», una vez que termine el tajo donde trabajaba el empleado. «Ojalá cuando acabe una obra tengamos posibilidad de recolocar, porque eso querrá decir que tenemos continuidad, pero si una empresa no tiene dónde recolocar a un trabajador va a tener complicado cumplir esa exigencia», ofrece la secretaria general de la ACP. Acto seguido, Aragón apostilla que la negociación colectiva ha determinado que cuando no sea posible ni la recolocación ni la formación, el contrato quedará extinguido.

Como en el caso de los hosteleros, desde la asociación de constructores también critican que la norma se va a traducir en un aumento de los gastos, sobre todo derivados de la mayor complejidad burocrática que trae el cambio normativo, además del sobrecoste por ese requerimiento de formación a los empleados que exige la nueva ley. Por eso, los constructores lamentan que la reforma haya eliminado el contrato por obra y servicios, «que era un modelo ágil y fácil de aplicar en el sector», en palabras de Aragón, que cierra: «La nueva norma no se adapta a la realidad de nuestra actividad y vamos a tener que aplicarla con calzador».