La reforma educativa llena de incertidumbre los colegios e institutos de Málaga

Expertos reunidos por SUR para analizar los cambios y cómo pueden afectar al proceso de enseñanza aprendizaje de los jóvenes han destacado la necesidad de que la educación se adapte a las nuevas demandas sociales y del mercado de trabajo. También han incidido en que la promoción con suspensos puede resultar desmotivadora para muchos alumnos, aplauden los programas para atender al alumnado con dificultades de aprendizaje y reclaman programas de formación del profesorado para que se pueda adaptar a esta nueva metodología, que da más importancia a las competencias que alcancen los alumnos que a los contenidos. También coincidieron en que la ley educativa no supone reducir la exigencia al alumnado que, junto con sus profesores, tendrá que adaptarse a una nueva forma de aprender y enseñar.

En el encuentro organizado por SUR han participado José Andrés Alonso, jefe del servicio de Inspección de la Delegación Territorial de Málaga; Salvador Merat, jefe de estudios de ESO y Bachillerato en el colegio Maristas; Juan Ignacio Santos, director del IES Mediterráneo de la capital; Juan Jesús Larrubia, director del IES n.º 1 Universidad Laboral; Enrique Medina Jurado, presidente de la Federación de AMPA de Málaga; Guillermo Hernández, presidente provincial del sindicato de profesores ANPE y Ramón Romance, coordinador del máster de Profesorado de la UMA.

La reciente aprobación de los reales decretos que establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (1 de marzo), Secundaria Obligatoria (29 de marzo) y Bachillerato (5 de abril) suponen el desarrollo de la LOMLOE en cada una de estas etapas educativas.

Una de las quejas de los participantes en el debate educativo es que esta normativa que establece el mínimo de las enseñanzas (el 60% del currículo que corresponde al Estado) ha llegado muy tarde, cuando prácticamente no queda tiempo para que las Comunidades Autónomas desarrollen su parte, el 40 por ciento, en el correspondiente decreto. José Andrés Alonso aseguró que un decreto de estas características puede tardar hasta seis meses en desarrollarse y aprobarse, por lo que está descartado que pueda estar para principios del próximo curso. Coincide además el adelanto electoral y la convocatoria de elecciones, lo que incrementa la incertidumbre. «La Consejería tenía voluntad de llegar a tiempo, de hecho desde noviembre se venía trabajando en comisiones por asignaturas con expertos de las materias. Pero el Real Decreto acaba de salir, además con modificaciones respecto a los borradores, por lo que el trabajo realizado hasta ahora tampoco es válido».

La LOMLOE, para las diferentes etapas, establece un currículo basado en competencias y orientado a facilitar el desarrollo educativo y la formación integral de los alumnos y alumnas. Ramón Romance explica que el aprendizaje competencial incide en el «saber hacer algo», aprender los contenidos previstos y que el alumno sea capaz de desempeñar las actividades o acciones necesarias para realizarlas. Pero advierte también que «hacen falta unos saberes mínimos, pero no se trata de memorizar esos contenidos, sino de realmente saber utilizarlos».

El director de la Universidad Laboral puso en evidencia las contradicciones de una ley que propone el aprendizaje por competencias pero «sigue hablando de materias y mantiene una estructura disciplinar que no ha cambiado». Por eso sería necesario potenciar una programación única e interdisciplinar y concienciar desde los equipos directivos en la necesidad de utilizar otras metodologías.

También se muestra crítico Juan Ignacio Santos: «Se nos pide y anima a trabajar en competencias, pero luego es cierto que cuando un alumno termina Bachillerato se le van a exigir unos contenidos. Se pide trabajar por competencias, que el alumno sea autónomo, se potencia el saber hacer, pero luego cuando el joven se juega su futuro, acceder a una carrera, se le va a exigir el saber tradicional», lamentó el director del IES Mediterráneo.

La formación del profesorado dio lugar a propuestas interesantes. El jefe de servicio de Inspección considera necesario un plan de formación «obligatorio» y una evaluación del profesorado asociada al reconocimiento e incluso a la remuneración. «Lo que no se evalúa, se devalúa», afirmó.

Coincidiendo en esa necesaria formación continua, Juan Jesús Larrubia consideró que debe ser en horario laboral. «Hay muchos compañeros que estarán en contra de que esa formación o cursos de actualización se hicieran fuera de la jornada laboral», algo en lo que coincidió Guillermo Hernández.

También sobre la formación, Salvador Merat propone planes comunes a todo el profesorado, de manera que «nos permita tener una identidad como centro».

Desde la Universidad, donde se forma a los futuros docentes en el máster de Profesorado (obligatorio para poder presentarse a unas oposiciones o a las bolsas de sustituciones de Secundaria, Bachillerato y FP), Ramón Romance, su coordinador, señala que este cambio normativo «nos obligará a llevarlos rápidamente a la programación de los másteres. Tendremos que cabalgar entre dos normativas». Y detalló una de las demandas formativas que más realizan los docentes, la inteligencia emocional. «En las aulas se concentra un gran estrés y llama la atención que demanden esa formación en control emocional».

La ley deja a los centros docentes autonomía para desarrollar y completar el currículo. Algo ante lo que Juan Ignacio Santos se muestra escéptico: «Autonomía es como el as que se sacan de la manga, es un poco un cajón de sastre, puedes poner algunas materias, pero tienen que reunir una serie de requisitos. Es una apuesta de la administración, pero eso no significa que cada centro haga lo que estime oportuno».

En el caso de la Universidad Laboral esa autonomía de centro sí se ha concretado en la implantación de alguna materia optativa. «Tenemos alumnos sordos y ofertamos una optativa propia sobre el lenguaje de signos», explicó su director. Aunque reconoció que los centros tienen «muy difícil» poder concretar un currículo cuando en estos momentos está incluso pendiente de desarrollar el de la comunidad. Para Ramón Romance, los directores están «desbordados de trabajos burocráticos», por lo que cree que esa autonomía a la que hace referencia la ley debe ir en el sentido de liberarles de trabajos burocráticos y de permitirles tener capacidad de decisión para, por ejemplo, contratar determinados servicios. Taxativo, Guillermo Hernández considera imprescindible «desburocratizar la docencia», potenciando los servicios de apoyo a través del personal administrativo.

Enrique Medina valora que con la nueva ley los consejos escolares recuperen competencias de las que les privó la anterior LOMCE (la ley educativa del PP). «Que las familias participen en los objetivos y proyecto de centro es totalmente necesario», afirmó.

Uno de los aspectos más polémicos de la nueva ley educativa se refiera a la posibilidad de promocionar de curso y titular con suspensos. En Secundaria no se ha puesto límite a los suspensos. La repetición será excepcional y solo se puede dar una vez en el mismo curso y dos veces como máximo en la etapa. También desaparecen los exámenes de recuperación de junio y septiembre, un aspecto de la norma criticado por Juan Ignacio Santos: «Puede desincentivar al alumnado que hacía ese esfuerzo extraordinario por recuperar las materias pendientes».

La promoción del alumno se deja en manos de los equipos docentes. José Andrés Alonso advierte que «van a tener que justificar todo, al que aprueben como al que suspendan, al que titule o al que no». Ya no sirven las notas, sino que se tiene en cuenta si el alumno ha alcanzado los objetivos de la etapa, las competencias clave mínimas. «La decisión dependerá ahora de muchos más elementos, y no sé si los docentes y los equipos están preparados para esa tarea», afirmó.

Juan Ignacio Santos cree que la normativa incluso «puede vulnerar el derecho constitucional a la igualdad». Según expuso, hasta ahora, a igual esfuerzo, trabajo o dedicación, básicamente se obtenían los mismos frutos, una nota (aunque pudiera darse alguna injusticia puntual). «Ahora nos encontramos con que a desigual esfuerzo, desigual trabajo o actitud, podemos tener el mismo resultado, que puede ser el aprobado». Por esto, considera que al profesorado le va a llegar «una enorme presión» por parte de las familias, porque «cuando lo cualitativo toma más relevancia que lo cuantitativo corremos ese riesgo».

Pero esta desigualdad, que puede quedar muy acotada si el proyecto de centro es muy concreto, se podría dar entre centros vecinos. «Podemos ver incluso flujos de alumnos de un centro a otro en función de los comentarios que llegarán sobre la facilidad o dificultad para aprobar en unos u otros. Esto va a generar problemas y muchas desigualdades», señaló Salvador Merat. Por su parte, Juan Jesús Larrubia indicó que se pueden dar agravios comparativos porque los centros no están preparados para este tipo de evaluación.

Frente al papel que se otorga a los equipos docentes, Guillermo Hernández considera que debe prevalecer la autoridad del docente, el criterio de los profesores. Y que se está dejando demasiada responsabilidad en manos de los alumnos: «Si ven que sin hacer nada van a obtener el mismo resultado, estamos creando un agravio comparativo con respeto a los que se están esforzando».

Reducir la ratio (número de alumnos por clase) sería fundamental para mejorar la calidad de la educación. Así se ha demostrado durante la pandemia, con profesores de refuerzo y desdobles, según Salvador Merat. En este sentido, el sindicato ANPE tiene en marcha una iniciativa popular para modificar la Ley de Educación de Andalucía, que establece el número máximo de alumnos por clase. No obstante, Juan Ignacio Santos considera que no es una regla matemática que con más recursos la excelencia educativa sea automática. «El papel de las familias o de las nuevas tecnologías resulta fundamental», advierte.

Otro aspecto positivo de la nueva ley, que genera consenso, es la recuperación de los programas de diversificación curricular, que «van a suponer una ayuda fundamental para los alumnos con dificultades de aprendizaje», según José Andrés Alonso. Guillermo Hernández también valora el fomento de la educación inclusiva y la atención a las necesidades especiales. En este punto, Juan Ignacio Santos denunció que, en gran medida, estos alumnos «que requieren de un mayor esfuerzo en medios humanos o materiales, terminan en la pública». A lo que Salvador Merat respondió que los centros concertados no tienen los recursos suficientes para dar una adecuada atención a este alumnado.

A pesar de las críticas y de la polémica por algunos de sus aspectos concretos, el panel de expertos coincide en que la ley no es menos exigente en cuanto a la formación del alumnado. «Se adapta a la realidad social y laboral, que demanda otra forma de enseñar, otra metodología basada en las competencias y no tanto en los contenidos», según Enrique Medina. Para José Andrés Alonso, los objetivos y competencias clave a alcanzar en la etapa de Secundaria «son similares a los que había en la normativa anterior» y Salvador Merat considera que estas nuevas generaciones están bien formadas y saben adaptarse mucho mejor a las nuevas circunstancias sociales. Ramón Romance opina que la exigencia «se la marcará cada alumno, en función de cuál es la meta que se ponga y Juan Jesús Larrubia aseguró que el nivel de exigencia formal no es menor. «Solo hay que ojear los libros o los exámenes de selectividad, que cada año se complican más y elevan el nivel de exigencia».

- Curriculum competencial.

- Calificaciones cualitativas.

- Principios pedagógicos: género, cultura de la paz, principios afectivo-sexual.

- Repetición excepcional, una vez en la etapa.

- Perspectiva de género explícita.

- Religión. De oferta obligatoria, no evaluable, sin asignatura alternativa.

- Valores Cívicos y Éticos. Obligatoria desde el 22/23.

- Formación integral, mediante el desarrollo de competencias.

- Cuarto curso, orientador, hacia Bachillerato o FP.

-Educación en Valores, obligatoria en uno de los cursos.

- Aprendizaje competencial, autónomo y reflexivo.

- Formación en igualdad de género, estética, y el respeto mutuo.

- Recupera los Programas de Diversificación Curricular. Sustituyen a los PMAR (Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) de la LOMCE.

- FP Básica. La ley define claramente la obtención del título de la ESO si se superan estas enseñanzas.

- Evaluación: Continua. Desaparecen los exámenes de recuperación de junio y septiembre.

- Promoción y titulación: Repetición, excepcional, solo una vez en el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la ESO.

- Papel fundamental de la orientación: en 2.º y en 4.º. Y evaluación de diagnóstico al terminar 2.º, de carácter orientador.

- Nuevas asignaturas, relacionadas con la tecnología y el emprendimiento, orientación profesional.

-Formación integral, mediante el desarrollo de competencias. Aprendizaje competencial y menos curricular.

- Una nueva modalidad, el General. Y el de Artes se divide en Música y Artes Escénicas y en Artes Plásticas, Imagen y Diseño.

- Bachillerato General. El alumno puede configurar su itinerario formativo, con materias de las diferentes modalidades.

- Los alumnos que simultaneen con enseñanzas profesionales, necesiten apoyo educativo o sean deportistas de alto rendimiento podrán cursarlo en tres años.

- Calificaciones numéricas y exámenes de recuperación.

- Se puede pasar a 2.º con dos suspensos.

- Titular y presentarse a selectividad con un suspenso, si lo decide el equipo docente y bajo condiciones (media de 5, asistencia a clase, haber realizado exámenes).

- Selectividad. El Gobierno, con la Conferencia Sectorial de Educación y rectores, establecerá las características básicas de la prueba.

- Religión: igual que en ESO, obligatoria pero no evaluable.