Las razones de la Junta para justificar la urgencia de la depuradora metropolitana de Málaga

Los argumentos que esgrimen desde el Ejecutivo autonómico para seguir adelante es que volver a empezar de cero supondría no sólo prolongar cuatro años más el daño ecológico que supone que el principal río de la provincia sea el sumidero al que van a parar las aguas fecales de Alhaurín el Grande y Cártama, sino agravar la multa millonaria impuesta por la UE por esta falta de depuración y exponerse a un aluvión de reclamaciones judiciales por parte de las empresas que se han presentado al concurso convocado en agosto para construir esta infraestructura con un presupuesto de 131,58 millones de euros. Éstas son las razones que defienden en la Junta para continuar con los planes previstos.

Alhaurín el Grande y Cártama son dos de los mayores municipios de Andalucía que aún no depuran sus aguas residuales pese a que, según la directiva europea, deberían hacerlo desde 2001 y 2006, respectivamente. Esta falta de tratamiento provoca que cada año se viertan al río Guadalhorce 5,9 hectómetros cúbicos de aguas fecales. Para hacerse una idea de semejante caudal, equivale a 1.750 piscinas olímpicas o a 200.000 camiones cisterna que, dispuestos en fila, sumarían la distancia entre Málaga y Amsterdam. Un daño ecológico que también puede tener consecuencias judiciales, tal y como recuerdan desde la Consejería de Desarrollo Sostenible en relación a la investigación judicial iniciada en 2017 a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción por los vertidos en el Bajo Guadalhorce y Nerja.

La falta de depuración de Alhaurín el Grande le lleva costada a las arcas públicas 3,4 millones de euros por la multa de la Unión Europea, a los que habrá que sumar otros 634.320 euros de recargo por cada semestre de incumplimiento. Teniendo en cuenta que la nueva depuradora no estará lista hasta 2024, aún quedan por abonar al menos otros 3,8 millones, pero si hubiera que rehacer el proyecto, los cuatro años 'extras' de trámites y obras elevarían el montante hasta los 8,8 millones. Y, por si fuera poco, aún está por ver las sanciones que, tal y como avanzó SUR, se avecinan en el nuevo procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea con Cártama en el punto de mira.

Los vecinos afectados por la depuradora metropolitana reclaman que como alternativa a esta planta se amplíe la del polígono Guadalhorce. Esta posibilidad ya fue contemplada, pero desde la Dirección Geneal del Agua la dan por descartada por varios factores. Primero, el económico, ya que esta obra como tal no quedó recogida en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 2010 en el que se declaraban de interés autonómico medio centenar de actuaciones en la provincia que se financiarían con cargo al canon de depuración que se cobra a todos los andaluces a través del recibo del agua. Es decir, que no se financiaría con este canon.

Además, también argumentan que la pastilla de terreno disponible apenas es de cinco hectáreas (la Edar Norte ocupará 21), por lo que para obtener el resto habría que expropiar y modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, «lo que supondría varios años de trámites». Asimismo, para evacuar las aguas ya tratadas habría que construir un nuevo emisario submarino desde la depuradora hasta el mar porque el actual ya está al límite de capacidad. «La desembocadura es un espacio protegido, así que tendría que ir por Sacaba o por Guadalmar», advierten. En el caso de la Edar Norte, el agua limpia se vertería directamente al Guadalhorce.

Sobre la posibilidad de buscar un nuevo emplazamiento, en el Ejecutivo regional estiman que volver a empezar de cero supondría otros cuatro años de retraso entre redacción y aprobación del anteproyecto, su sometimiento a información pública, la tramitación ambiental y la licitación de las obras. Además, remarcan que «cualquier cambio implicaría nuevos afectados». En este sentido, recuerdan que la ubicación actual se definió en 2006 y que la reserva de suelo ya quedó recogida en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga de 2009 y en el PGOU de 2011 de la capital. Aunque como el proyecto quedó aparcado volvió a retomarse en 2017 con cinco emplazamientos posibles (tres en Málaga, incluida la ampliación de la depuradora del Guadalhorce; uno en Alhaurín de la Torre y otro en Cártama). Finalmente, la Junta y los cinco ayuntamientos implicados (Málaga, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama y Torremolinos) consensuaron que se levantara en la parcela inicialmente prevista al norte del aeropuerto, pero con la adopción de una serie de medidas de defensa ante inundaciones. Posteriormente, por las presiones de Alhaurín de la Torre, se acordó que para evitar malos olores en las barriadas alhaurinas el tratamiento de fangos se haga en la planta del Guadalhorce (a cambio será sometida a un plan de desodorización). Además, se contemplan actuaciones ambientales para reducir su impacto visual y, cara a las expropiaciones de las ocho fincas afectadas, garantizan que los precios se fijarán «al alza» dentro de la horquilla que permite la ley.

El cambio de ubicación de la futura depuradora conllevaría la suspensión del concurso convocado el pasado agosto para la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras, al que se han presentado ocho ofertas. Según advierten desde la Junta, la anulación de esta licitación podría dar pie a un aluvión de reclamaciones de indemnizaciones por parte de las empresas contratistas que, si dieran el paso a los tribunales, podrían paralizar todo el procedimiento.