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JOSÉ M. CAMARERO / EDURNE MARTÍNEZ
Viernes, 15 de julio 2022, 00:46
El problema de la falta de frecuencias y de plazas en el AVE entre Madrid y Málaga ha llegado hasta el Ministerio de Transportes. Su titular, Raquel Sánchez, es consciente de las carencias que se están produciendo en este servicio y considera que la solución ... es una «prioridad» de su departamento. En las siguientes líneas, la ministra también desgrana la medida estrella del Gobierno, la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia que comenzará a aplicarse el 1 de septiembre y de la que también se beneficiarán miles de malagueños.
–¿Hay un problema en el AVE Madrid-Málaga. En 2019 tenía 14 frecuencias y ahora solo han recuperado hasta 11, con una recién añadida. Esto repercute en los ciudadanos con precios más altos, pero también impacta en el turismo. ¿Qué solución prevé el Ministerio?
–Hemos introducido esa frecuencia, pero también trenes de doble composición, con lo cual entendemos que hay también un incremento de la capacidad que se da por esa frecuencia. Somos conscientes de esa situación que se produce en Málaga e, insisto, es una de nuestras prioridades actuar en Málaga en la medida en que podamos ir incorporando maquinistas y también podamos sumar nuevo material rodante a la flota que tiene Renfe. Por lo tanto, es evidente que conocemos esa situación y que vamos a actuar en Málaga de manera prioritaria.
–Aún no se han recuperado todas las frecuencias de AVE y los precios se han disparado...
–Conocemos esas quejas de los usuarios. Hemos pasado unos años muy duros y estamos haciendo un trabajo importante por recuperar las frecuencias, en algunos territorios ya se ha conseguido el 100%. En cuanto al sistema de precios, si el ciudadano anticipa la compra se puede ver beneficiado por descuentos muy interesantes. Hay que cambiar el hábito en la adquisición.
–¿Cómo se puede reactivar el turismo con el colapso de aeropuertos que hay en Europa?
–Tenemos datos que apuntan a un verano muy positivo y los problemas se están dando en aeropuertos europeos, pero Aena está actuando de una manera muy solvente en España. Hay que poner en valor que gracias a los ERTE no nos hemos visto abocados a una situación de falta de personal como en otros países. España está preparada y está respondiendo a estas incidencias.
–¿La bonificación de los Cercanías es consecuencia de que el Gobierno prevé que el petróleo va a seguir muy caro?
–En un escenario como el actual, que está sujeto a tantas incertidumbres, la motivación de esta medida es la de intentar ayudar a las clases medias y trabajadoras. Esperamos que tenga un efecto añadido, que es el de atraer a más usuarios al transporte público. Sin las medidas tomadas, la inflación sería tres puntos y medio superior a la actual.
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–¿Cuánta gente se beneficiará de la gratuidad de los trenes?
–Aproximadamente puede beneficiar a unos 75 millones de viajes teniendo en cuenta la demanda del año 2019. Quizá se produce un aumento de la demanda por el mayor atractivo que va a tener esa gratuidad. Ojalá sea así porque además tenemos margen para dar respuesta a ese aumento de demanda. Estamos en unos niveles en torno al 80% de lo que teníamos antes de la Covid y pensamos que esta medida puede inducir una demanda añadida de un 15% a un 20%.
El Ministerio de Transportes anunció ayer el acuerdo con el sector para garantizar que no trabajen a pérdidas, como pedían desde marzo.
–¿Este acuerdo cumple con los compromisos adquiridos?
–Además de las ayudas directas, otro de nuestros compromisos era la adopción de un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria, para garantizar que los transportistas puedan trabajar por un precio justo. No solo cumplimos nuestro compromiso, sino que vamos a ir más allá porque creemos que esta medida no puede esperar. Por ello, vamos a tramitarla de forma urgente para su próxima aprobación en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto.
–Entonces, ¿descartan futuras movilizaciones del sector?
–La principal demanda que formuló la Plataforma consistía precisamente en asegurar que trabajara a un precio justo y no a pérdidas. Y eso es precisamente lo que hemos culminado en este acuerdo. Entendemos que que se satisfacen esas esas demandas y esas expectativas y que por lo tanto vamos a tener ciertamente asegurada esa paz social con el sector del transporte que es tan importante.
–¿Cómo se benefician aquellos territorios donde no se usa tanto la red de Cercanías?
–Ahí entra en juego ese conocimiento de cada territorio que tienen tanto los ayuntamientos como las comunidades. Tienen la posibilidad de incrementar la bonificación inicial del Estado del 30% en abonos de transporte de competencia autonómica o local, hasta el 100%. En cualquier caso, se va ayudar a las economías domésticas. Hemos hecho algunos cálculos que indican que un ciudadano se puede ahorrar en torno a 250 o 300 euros en tres meses.
–¿Saben hasta dónde van a llevar las comunidades la ayuda?
–Cataluña va a ampliarla hasta el 50%. En esos días están analizando cada uno su situación e irán haciendo pública su decisión.
–¿Ha dado un giro político el Gobierno con estas últimas propuestas de esta semana?
–Hemos demostrado en todo momento y en todas las crisis que hemos tenido que afrontar que es un gobierno comprometido con los más vulnerables, pero también con las clases medias y trabajadoras. Al aprobar el primer decreto anticresis dijimos que tenía una vigencia de tres meses porque queríamos monitorizar la situación, ir evaluando la evolución de la economía, de los precios, cuál es el impacto de la crisis. Ahora tocaba adoptar nuevas medidas.
–En materia de vivienda, el bono joven estaba previsto que se pudiera pedir a partir de julio, pero en casi ninguna comunidad se puede solicitar aún.
–Las convocatorias las tienen que realizar las comunidades. Desde abril podían publicarlas y hay cuatro (Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia) que ya lo han hecho y entendemos que en las próximas semanas el resto lo hará. En cualquier caso, esas subvenciones tienen efectos desde el 1 de enero.
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