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«Si tú vas con el coche y llueve mucho, no se te ocurre conducir a 120 por hora, porque tienes el accidente asegurado. No se puede achacar todo al temporal. El tren debió pararse o al menos circular a una velocidad muy reducida, como mucho 30 por hora». Quien habla es Fernando Osuna, director del bufete Osuna Abogados, que se ha hecho cargo de la representación legal de un numeroso grupo de afectados por el siniestro del pasado 29 de noviembre en Arahal (siete ya personados y una veintena en fase de estudio, según el letrado).
El abogado, que regenta ocho despachos repartidos por Andalucía y Extremadura, muy conocido por sus pleitos en demandas de paternidad (lleva más de 450 reclamaciones), considera que el siniestro se podría haber evitado simplemente tomando algunas precauciones. «Aquí no se puede alegar que hubo causa de fuerza mayor; evidentemente, hubo una lluvia torrencial, pero precisamente por eso el tren debió pararse o ir muy despacio. A mi juicio, el maquinista estuvo mal informado u asesorado, ya que no le advirtieron del peligro».
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Marchena mantiene abierta una causa penal en la que se investigan las circunstancias del suceso, que dejó un saldo de 37 heridos (entre ellos, una niña de ocho años), dos de los cuales resultaron graves. Entre los 79 ocupantes del convoy había una veintena de malagueños, según ha podido saber SUR.
El director del bufete sevillano adelanta que, en el supuesto de que no hubiera una responsabilidad penal en el siniestro, sí tienen «muchas esperanzas» en la vía administrativa, ya que, desde su punto de vista, existiría una responsabilidad clara por el mal funcionamiento de la administración, además de por el daño causado a los afectados.
Primeras reclamaciones
Tras personarse en la causa como acusación particular, los abogados del despacho han empezado ya a trabajar en las primeras reclamaciones, recabando los informes de sanidad de sus clientes –en los casos donde hayan sido dados de alta y examinados por los forenses– para valorar las lesiones y estimar las futuras indemnizaciones que se solicitarán por secuelas, días de hospitalización e impeditivos.
El accidente del tren motivó un rifirrafe político después de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pidiera explicaciones a Adif sobre por qué reanudó el servicio ferroviario pese a las condiciones meteorológicas adversas, que de hecho habían obligado a interrumpirlo dos horas antes. La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acusó a Díaz de usar «política y partidistamente» el siniestro de Arahal en vez de «preocuparse por las personas afectadas y la investigación» en curso.
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