El PSOE vuelve a la carga contra Cassá

Hasta ahora, cuando los socialistas, que consideran a Cassá un tránsfuga, solicitaban la adopción de estas medidas se encontraban con el contraataque argumental de los populares, quienes acusaban al PSOE de gobernar en Torremolinos con el apoyo de dos tránsfugas: Nicolás de Miguel, proveniente de Ciudadanos y que formaba parte del gobierno, y Lucía Cuín, ex de Vox, que no está en el equipo que dirige el Ayuntamiento aunque apoya al alcalde, José Ortiz.

Hace unos días De Miguel renunció a sus responsabilidades en el equipo de gobierno de Torremolinos después de que el PP presentaran un escrito solicitándolo. Ayer, el portavoz socialista en la Diputación, José Bernal, exigió al PP «coherencia» política y que destituya a Cassá.

Bernal envió un escrito a Salado en los mismos términos exactos que el presentado por la portavoz popular en Torremolinos y vicepresidenta segunda de la institución provincial, Margarita del Cid, a José Ortiz, basándose en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe otorgar privilegios a los miembros de la corporación no adscritos en su condición de tránsfugas, y que no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que supongan mejoras políticas o económicas.

El portavoz socialista sostuvo este miércoles que Cassá debe ser destituido de sus actuales responsabilidades y que su salario sea el de un diputado raso –actualmente su sueldo bruto anual es de 73.422 euros y si se aceptara la petición socialista podría bajar hasta los 65.000 euros en caso de dedicación exclusiva o los 48.000 euros si es parcial–.

«Queremos que la Diputación actúe con la misma coherencia que lo ha hecho Torremolinos. Le pedimos a Del Cid que defienda en el seno del gobierno de la Diputación el cese inmediato de Cassá porque ella lo solicitó en los mismos términos en Torremolinos. Un principio de coherencia es aplicarse a uno mismo lo que se exige a los demás», recalcó Bernal, quien pidió a Salado «la misma altura política» que ha tenido Ortiz y a Cassá que tenga «la misma dignidad» demostrada por De Miguel al abandonar su cargo.

Asimismo, recordó que el Ayuntamiento de Málaga declaró tránsfuga a Cassá y que Ciudadanos, socio de gobierno del PP en la Diputación, también le pidió a Salado la destitución del diputado no adscrito tras la sentencia.

El PP siempre ha defendido que Juan Cassá no es un tránsfuga porque sigue manteniendo desde el inicio del mandato el apoyo al equipo de gobierno y votando en sintonía con el mismo, que su caso no entra dentro de los supuestos establecidos por la Comisión Antitransfuguismo y que no es aplicable la reciente sentencia del Supremo.

No fue este ayer el único motivo de fricción entre el equipo de gobierno y el principal partido de la oposición. Y es que el PSOE tachó de «desafortunada» la última campaña lanzada por la Diputación, a través de la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol, con el objetivo de concienciar a los malagueños sobre el perjuicio que supone para la imagen del turismo provincial las actitudes ciudadanas irresponsables ante la pandemia.

En el anuncio, que se emite en redes sociales, se hace un llamamiento a ser responsable y evitar actos como los que se han hecho virales este verano del DJ que escupió alcohol a los asistentes a un concierto en Torremolinos o el desalojo de un chalet de lujo donde se celebraba una fiesta de influencer.

Bernal sostuvo que la difusión del vídeo con esas imágenes daña la reputación de la Costa del Sol y se busca «la confrontación» con determinados municipios gobernados por el PSOE. «¿Se imaginan que el Gobierno lanzara una campaña para prevenir la delincuencia en la Costa del Sol con imágenes de ajustes de cuentas, asesinatos o actos violentos en nuestros municipios? Sería un disparate», dijo.

Desde del equipo de gobierno, fuentes consultadas argumentaron que es un vídeo de concienciación y no de promoción dirigido a los malagueños y recordaron al PSOE que el Gobierno tiene «olvidado» al sector en parte por «el odio y la fobia» de Podemos al turismo.