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El PSOE ha pedido este mediodía al PP en la Diputación de Málaga «coherencia» política y destituya de sus actuales cargos y rebaje el salario al diputado no adscrito, Juan Cassá, tal y como los populares pidieron en el Ayuntamiento de Torremolinos en un caso similar para que dejara sus responsabilidades Nicolás de Miguel, proveniente de Ciudadanos, quien finalmente renunció a sus cargos en el equipo de gobierno socialista.
Los socialistas han enviado un escrito al presidente de la Diputación, Francisco Salado, en los mismos términos que el presentado por la portavoz popular en Torremolinos y vicepresidenta segunda de la institución provincial, Margarita del Cid, al alcalde torremolinense, José Ortiz, basándose en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe otorgar privilegios a los miembros de la corporación no adscritos en su condición de tránsfugas, y que no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que supongan mejoras políticas o económicas.
En la carta, el portavoz del PSOE en el ente supramunicipal, José Bernal, pide que Cassá (que abandonó Ciudadanos el 4 de mayo) sea destituido de sus actuales responsabilidades como portavoz del gobierno provincial y diputado de Relaciones Institucionales y que su salario sea el de un diputado raso -actualmente su sueldo bruto anual es de 73.422,63 euros y si se aceptara la petición socialista podría bajar hasta los 65.000 euros en caso de dedicación exclusiva o los 48.000 euros si la dedicación es parcial-.
«Queremos que la Diputación actúe con la misma coherencia que lo ha hecho Torremolinos. Le pedimos a Del Cid que defienda en el seno del gobierno de la Diputación el cese inmediato de Cassá porque ella lo solicitó en los mismos términos en Torremolinos. Un principio de coherencia es aplicarse a uno mismo lo que exige a los demás», ha afirmado Bernal, quien ha pedido a Salado «la misma altura política» que ha tenido Ortiz y a Cassá, «la misma dignidad» demostrada por De Miguel.
El portavoz socialista ha recordado que el Ayuntamiento de Málaga declaró tránsfuga a Cassá y que Ciudadanos, socio de gobierno del PP en la Diputación, también le ha pedido a Salado que destituya al diputado no adscrito de sus cargos en virtud de la sentencia del Supremo.
El PP siempre ha defendido que Juan Cassá no es un tránsfuga porque sigue manteniendo desde el inicio del mandato el apoyo al equipo de gobierno y votando en sintonía con el mismo, que su caso no entra dentro de los supuestos establecidos por la Comisión Antitransfuguismo y que no es aplicable la reciente sentencia del Tribunal Supremo.
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